«Está muerto en vida», dice la forense del joven atropellado

Durante su comparecencia, propuesta por la acusación particular, la doctora que examinó al herido describió que el joven «no tiene ninguna posibilidad de autonomía, ni de relacionarse o comunicarse». «No puede levantarse, ni moverse, necesita una sonda para comer, pañales... La sensación es de haber perdido la propia vida, aunque siga respirando y su corazón siga latiendo». Pese a que en estos casos la ley indica que «es necesaria una atención diaria de 16 horas», la forense considera «que necesita atención las 24 horas del día, porque hay que moverle cada dos horas para evitar infecciones». «Es una tragedia tremenda, muy devastador para todo su entorno. Es gravísimo», lamentó.

Preguntada por el abogado defensor sobre si la reacción del acusado de no prestar auxilio pudo provocar un daño mayor al herido, la doctora afirmó que «el conductor lo que pudo hacer es no abandonarlo y llamar a urgencias». «La actuación inmediata evitó que muriera en el acto».

En la sesión de este miércoles también declaró un experto en reconstrucción de accidentes que realizó un informe a propuesta de la defensa, basándose en el atestado policial, el lugar de los hechos y el vehículo siniestrado. La conclusión a la que llega es que la velocidad del conductor era «inadecuada», al igual que la circulación de los jóvenes implicados en el suceso (iban de espaldas a la circulación y por la calzada, al no haber acera en un lateral y estar la otra invadida por coches aparcados en batería).

Según detalló, el elevado ruido de motor que oyeron los testigos presenciales se corresponde a «bajas velocidades», cuando el coche va en primera o segunda marcha, «a un máximo de 60 kilómetros por hora». De hecho esa es la velocidad máxima que entiende que llevaba el conductor en el momento del impacto, a la vista de que «volteó al herido por encima del techo del vehículo, dejándolo atrás». «El conductor no tuvo tiempo de reacción desde el lugar donde se incorporó porque se encontró a los peatones en la calzada a unos 80 o 90 metros. Si hubiera podido evitar el accidente lo habría hecho», manifestó.

A la vista de la prueba practicada, las partes elevaron este miércoles a definitivas sus conclusiones, realizando unas pequeñas modificaciones en sus escritos que no afectan a las penas, si bien la defensa considera que ha habido «dilaciones» en esta causa.

El fiscal, Jesús Arteaga, solicita por el delito de imprudencia menos grave una multa de 4.050 euros y un año de privación del carné de conducir, y por el delito de omisión del socorro, dos años de cárcel. Por su parte, la acusación particular considera que hay un delito de imprudencia grave y otro de omisión del socorro agravado, por los que pide cinco años de cárcel y cuatro de retirada del carné.