«No soy un okupa. Si no he dejado la casa hasta ahora es porque me han timado»

En concreto, Manuel hace referencia a una cláusula en el acuerdo de compra-venta en la que se compromete a rebajar en 10.000 euros el precio final a cambio de que los compradores se encargaran de legalizar la situación de unas naves que se construyeron en su día sin los permisos necesarios. «Como yo necesitaba el dinero con urgencia les dije que se hicieran cargo de ello y a cambio yo les hacía esa rebaja», detalla el antiguo propietario, que desde este viernes, como muestra de «buena voluntad», ha dejado libre la finca.

Según explica el ya exmorador, esa rebaja era aproximadamente la cantidad que tendría que emplearse para legalizar las naves, pero finalmente se pudo hacer sin gastar un euro. «Quiero que me justifiquen que han gastado ese dinero para ese fin y si no que me lo devuelvan», apunta. Para los compradores, el burofax que Manuel les envió el 30 de junio diciéndole que no entregaría «la posesión de las fincas vendidas si no se abonaban esos 10.000 euros, en su día admitidos como rebaja», es una coacción en toda regla. Para él, una reivindicación justa.

El antiguo propietario sabe que tiene pocas posibilidades de recuperar ese dinero, porque firmó ante notario esa rebaja, pero se agarra a otro extremo: «La legalización de las naves se hizo poniendo en mi boca en la declaración ante el notario que se construyeron en 2001 y no en 2009, como es realmente. De esa forma, estarían legales. Reconozco que yo firmé eso, pero lo hice engañado porque en el primer texto no aparecía». Por eso dice sentirse «timado».

Su abogada confirma que su recomendación profesional desde el primer momento fue que abandonara la vivienda e intentara resolver el asunto por otra vía. «Es verdad que legalmente tenemos una difícil defensa, porque él ha firmado, pero lo que queremos demostrar es que no sabía lo que estaba firmando», detalla. Ahora, esa cantidad la dan casi por perdida, pero intentarán recuperar un depósito de 2.800 euros que se había reservado para pagar las facturas pendientes de IBI. Manuel quiere que una vez satisfecho el pago de estos impuestos, los nuevos dueños le devuelvan el dinero sobrante.

La pareja, que tiene todos los papeles en regla y ha realizado los trámites para cambiar la propiedad de manos «de forma correcta», llegó a la finca para entrar a vivir el pasado 8 de julio. Ése era el día acordado por las partes, pero, para su sorpresa, las pertenencias de Manuel seguían allí. En aquel momento se pusieron en contacto con la Guardia Civil. Cuando los agentes se personaron en el lugar les informaron de que era imposible echar a nadie sin que un juez emitiera una orden de desahucio.

«Compramos una casa, el antiguo dueño se ha atrincherado y, mientras, seguimos pagándola», resumía la pareja. Fue su abogado, Elías Martínez, quien recomendó a los compradores hacer público su caso para que la Administración de Justicia se diera cuenta de la gravedad de la situación y se pusiera manos a la obra. Porque, a día de hoy, el expediente de la denuncia todavía no está asignado a ningún juez.

Lo que ocurre es que ahora Manuel y su abogada -ellos también presentaron una denuncia por allanamiento de morada cuando Alfonso y Lidia entraron a la vivienda el día en que teóricamente tenía que producirse la entrega de llaves- esperan llegar a un acuerdo para no tener que verse en el juzgado. El pasado jueves, Manuel, el acusado de okupa, que reconoce que para él estos días también han sido de gran tensión, ya no durmió en esa casa de Anero.

Pero la sucesión de acontecimientos no acaba ahí. Según su testimonio, este viernes, cuando volvió para recoger sus últimas pertenencias, se encontró con la última sorpresa: «Han entrado a robar y me han llevado todo», afirma.