La oposición exige a la cúpula de MARE comparecer en el Parlamento

Cantabria ·
A pesar del informe del Gobierno que ve culpable de los sobresueldos irregulares al consejo de administración, Blanco insiste en que no exigirá responsabilidades a los gestores

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 2 de octubre 2021, 07:31 | Actualizado 11:38h.

A falta de que el Tribunal de Cuentas resuelva el escándalo de los sobresueldos irregulares en MARE, y pendientes de si algún trabajador afectado o sindicato decide llevarlo por la vía judicial, la oposición parlamentaria ha dado el primer paso para exigir responsabilidades políticas ... por el pago ilegal de 1,3 millones de euros en los últimos seis años en la empresa pública. El PP ya ha pedido al director de MARE, el regionalista José María Díaz, que explique en el hemiciclo «por qué han tardado dos años en cumplir con los requerimientos de la auditoría» de la Intervención que destapó el caso en 2019. Ciudadanos, por su parte, prefiere que vuelva a ser el consejero de Medio Ambiente y presidente de la empresa, Guillermo Blanco, el que informe sobre las «anomalías» detectadas. Mientras que Vox, una vez conocido el informe jurídico del propio Gobierno -publicado en exclusiva por El Diario Montañés-, que señala como responsable contable al consejo de administración, considera que «existen indicios suficientes de responsabilidad penal» de los gestores.

«La pertenencia de la empresa al sector público determina la responsabilidad de sus administradores al incurrir en una inadecuada gestión si ha dado lugar a un perjuicio contra el patrimonio o en los fondos públicos», se puede leer en el documento fechado en diciembre de 2020 -dos años después del primer informe de la Intervención- y firmado por la directora general del Servicio Jurídico, Ana María García-Barredo.

Devoluciones

Por eso, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha solicitado todos los informes, auditorías y cualquier documento que esté en posesión del bipartito PRC-PSOE sobre la situación de MARE y las «irregularidades» en su gestión. «El Gobierno de Cantabria no puede esconder este tipo de prácticas, no puede taparlas, nos debe una gestión transparente y honesta a todos los cántabros», enfatizó. También registró una interpelación para conocer «qué medidas va a tomar el Gobierno para depurar responsabilidades».

«Los gestores son los responsables, no caigamos en el error de criminalizar a los trabajadores, y debemos llegar al fondo de este asunto tan turbio, porque es escandaloso», insistió Álvarez, aunque de momento han sido los empleados los únicos que han pagado por estas irregularidades. Además de corregir las nóminas, MARE ya ha reclamado la devolución de lo cobrado de más el último año, que es lo que recoge la Ley. Aunque no se ha hecho público el número de trabajadores involucrados, la empresa sí ha desvelado que solo tres de ellos no llegaron a un acuerdo y se detraerá de sus nóminas en 24 mensualidades.

La diputada del PP, Isabel Urrutia, reconoció ayer que lleva detrás de este asunto «mucho tiempo» y tiene claro que ha llegado el momento de las «responsabilidades políticas». «Ya se ha investigado todo -por eso el PP no se une a Cs y Vox para pedir una comisión de investigación-, ahora lo que toca es que el Gobierno cuente porque lleva dos años sin hacer caso a la auditoría y manteniendo esos sobresueldos que sabía que eran irregulares».

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Mientras que Vox considera que existen «existen indicios suficientes de responsabilidad penal» de los gestores, Urrutia no se atreve a llegar tan lejos. «Eso lo tienen que decir los jueces, nosotros estamos para depurar responsabilidades políticas en el Parlamento», señaló. Será en el hemiciclo donde pregunte al director de MARE, si acepta comparecer, por qué la empresa lleva desde 2014 sin aprobar su convenio colectivo y por qué en los dos años que llevamos de legislatura la dirección no se ha reunido con el comité de empresa, pese a que estaba enterada de la investigación de los pagos ilegales.

Consecuencias

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, hace especial hincapié en la responsabilidad civil del consejo de administración, señalado directamente en el informe de los servicios jurídicos del Gobierno. «Todos los que son o han sido consejeros durante los últimos cuatro años responden solidariamente de la totalidad del dinero indebidamente pagado. Deben devolverlo voluntariamente o recomendar al Consejo de Gobierno de Cantabria que inicie las acciones de responsabilidad frente a ellos», señaló.

Además de Guillermo Blanco y el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, estarían afectados, entre otros, la exconsejera Eva Díaz Tezanos y los que han sido directores generales en esos años: Rosa Inés García (PSOE), Felipe Lavín (PSOE) y José María Díaz (PRC).

«Lo más bochornoso de todo es que el Gobierno lo sabe desde hace tres años, sabe de estos problemas, y no ha hecho nada en tres años», censuró Palacio, que cree que el Ejecutivo solo ha querido «taparlo».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente no quiso entrar a fondo en el informe de los servicios jurídicos y se limitó a repetir lo que ya dijo el lunes en el Parlamento. Es decir, que es el Tribunal de Cuentas, y no MARE, el que tendrá que dirimir sobre la exigencia de responsabilidades a quienes han sido gestores de la sociedad pública.

Blanco también insistió en que el consejo de administración de MARE y su director, José María Díaz, están actuando «con transparencia y determinación» para llevar a cabo las 69 acciones diseñadas para cumplir con las recomendaciones que demandaba la auditoría para corregir la situación. «Es nuestro objetivo desde el principio el llevar a la regularización la parte de MARE que parece que no estaba atendida correctamente, según muestra ese informe, desde 2008 hasta que hemos llegado nosotros, en 2019».