El papel de los diez investigados en la mayor trama vinculada a la obra pública

Las cartas están sobre la mesa. Los diez investigados en el marco del 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación irregular de contratos en Carreteras a cambio de mordidas, ya conocen todos los hechos por los que están imputados. El informe final que la UDEF y Vigilancia Aduanera entregaron hace un mes a la jueza recoge con detalle cada uno de los hechos por los que están implicados el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, su mujer y sus dos hijas, y seis empresarios.

Los investigadores concluyen que el funcionario «aprovechaba» sus capacidades de influencia «para dirigir y coordinar una trama organizada en la que, mediante actos concretos, favorecía a una serie de empresarios con los que previamente se había concertado para la obtención fraudulenta de licitaciones públicas en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública». ¿El objetivo? La obtención de un beneficio económico de supuesto carácter ilícito para él y su familia. Dicho beneficio habría sido facilitado por los empresarios, que, a su vez, se aprovechaban de la condición de funcionario de Diez, que «diseñó» una serie de estrategias para hacer llegar fondos a su entorno ocultando su carácter ilícito y dotarlos de apariencia de legalidad.

En primer lugar, organizó una «actividad mercantil simulada» relacionada con la realización de fotocopias y con la intermediación inmobiliaria. Después, se vio beneficiado económicamente de forma indirecta «a través del cobro de una nómina por parte de su cónyuge Beatriz del Río, de la empresa de otro de los investigados, sin que desarrollara actividad laboral alguna». Y finalmente, «se benefició de pagos de dinero en efectivo, del empleo de un Volvo XC40, y de diversos regalos y favores».

Ni la UDEF de la Policía Nacional ni Vigilancia Aduanera tienen constancia de que el entorno familiar del funcionario y particularmente su mujer tuvieran conocimiento concreto de la trama que Diez lideraba. «No obstante, sí tenía que ser plenamente consciente del anormal flujo de fondos y otros beneficios que recibía su familia y que dicho dinero no se correspondía con actividad mercantil alguna».

La investigación concluye que Beatriz del Río realizó actos tendentes a «dar apariencia de legalidad» a la recepción de dichos fondos participando, por tanto, en las «estrategias de ocultación de carácter ilícito diseñadas por su marido», destacando su papel de administradora única y socia a partes iguales con sus hijas Cecilia y Sofía de Parivara Lagani, la «empresa ficticia» de fotocopias. En este sentido, Del Río participó en la actividad mercantil «simulada» relacionada con la realización de fotocopias directamente (al menos en 2015 y 2016).

Por otra parte, la mujer de Diez se vio beneficiada económicamente de forma directa por el cobro de una nómina como empleada «ficticia» de La Encina, cuyo administrador es el también investigado José Saiz, además de por el uso del Volvo XC40.

Como en el caso de su madre, los investigadores no tienen constancia de que tuviera conocimiento de la trama que había promovido su padre, pero sí de ese «anormal flujo de fondos y otros beneficios que recibía su familia y que no se correspondían con alguna actividad mercantil». Así, Cecilia realizó actos tendentes a «dar apariencia de legalidad» a la recepción de dichos fondos «participando en las estrategias de ocultación ilícitas que diseñó su padre». ¿De qué manera? Participando en la actividad mercantil «simulada» que organizó su progenitor relacionada con la realización de fotocopias y otros trabajo de papelería en los años 2020 y 2021. Asimismo, consta como socia, con un tercio de participación, de Parivara Lagani.

Por esta actividad, Cecilia recibió en una cuenta a su nombre 170.531 euros procedentes de las empresas investigadas Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad. Además, el informe final recoge que ella tenía «plena disposición» del contenido de la caja fuerte hallada en casa de sus padres y que contenía 529.400 euros en efectivo, al encontrarse la llave en la habitación de sus padres, en una cajón del armario.

Al igual que ocurre con su madre y su hermana, no hay pruebas de que fuera conocedora del supuesto contubernio que tenía montado su padre con los empresarios investigados. No obstante, sí tenía que ser «plenamente consciente» del atípico flujo de dinero que estaba recibiendo su familia por una actividad que no existía.

Aunque de la documentación que obra en las diligencias se desprende que la intención de Diez era que el papel adoptado por su hija Cecilia en la actividad mercantil «simulada» fuera heredada por su otra hija Sofía, una vez alcanzara la mayoría de edad, finalmente la actividad fue retomada por Parivara Lagani. Por tanto, la participación de Sofía en dicha actividad creada por su padre destinada a canalizar los fondos que aportaban los empresarios «es menor que la de otros miembros de su familia».

Al igual que su hermana, tenía acceso a la caja fuerte en la que se halló medio millón de euros.

Los investigadores concluyen que participó en la trama organizada, dirigida y coordinada por Diez «aprovechando» la influencia del funcionario en los expedientes de contratación pública y obteniendo de «forma fraudulenta» licitaciones para Rucecan «en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública». Asimismo, y sin el conocimiento de Diez, se concertó con Ricardo Fernández (Senor) «para no competir entre ellos en uno de los veinte expedientes objeto de la investigación».

Vidal Celis, que tuvo conductas de presunto carácter delictivo en una decena de expedientes de contratación, «participaba en las estrategias diseñadas por el funcionario haciendo llegar fondos al entorno familiar de Diez, ocultando su carácter ilícito y dotándolos de una apariencia de legalidad». Y lo hizo, según la investigación, participando en la actividad «simulada» de realización de fotocopias, con pagos que alcanzaron los 225.754 euros algunos sin reflejo en factura.

También realizó pagos en efectivo al funcionario, según consta en las conversaciones que fueron intervenidas donde él y su hermano Elías Celis hacen mención a entregas de 18.000 euros, 8.000 o simplemente 'pasta'.

Su participación en la trama es muy similar a la de su hermano Secundino. Los investigadores cifran en cinco los expedientes de contratación en los que este empresario habría desarrollado conductas de presunto carácter delictivo. En una de esas licitaciones «evitó concurrir de manera competitiva». Elías también aparece entre los empresarios que, al menos desde 2015, «realizó favores o regalos» al funcionario, de diversa índole, como reflejan diversas conversaciones telefónicas y de WhatsApp.

También participó en la trama promovida por el funcionario mediante la «obtención fraudulenta» de licitaciones públicas por parte de Cannor y Centro de Jardinería La Encina «en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública». A lo largo de la investigación se han a observado una serie de «conductas» que afectan a este investigado y que tienen que ver con la concertación entre licitadores evitando concurrir de manera competitiva a una licitación, preparación de ofertas por parte del funcionario a licitadores concretos, como es el caso de Cannor y La Encina, y valoración arbitraria de los criterios subjetivos de puntuación de las ofertas. Así, hay dos expedientes en los que se ha observado la participación de Saiz y la ejecución por su parte de conductas presuntamente delictivas.

Además, este empresario participó en la actividad mercantil «simulada» relacionada con la realización de fotocopias «haciendo llegar fondos, a través de sus mercantiles, primero a Cecilia y después a Parivara Lagani». Además, los investigadores apuntan que parte de los fondos que emitió Saiz desde sus empresas, 191.739 euros, «tenían su origen en Api Movilidad».

Por otro lado, José Saiz «benefició económicamente» a Diez de forma indirecta, facilitando a su cónyuge el cobro de una nómina como empleada de La Encina Gestión Inmobiliaria «que no se correspondía con la contraprestación de actividad laboral».

El nombre de José Luis Blanco ha sido noticia esta semana por pedir unas entradas a una compañera de empresa (pertenece al grupo de Florentino Pérez) para ver un Madrid-Juventus de Champions en 2018 junto al funcionario y el exconsejero Gochicoa, aunque éste finalmente no acudió al encuentro. Su participación en la trama es similar a la del resto de empresarios investigados. En su caso participó en hasta cinco expedientes de contratación donde desplegó, según los investigadores, conductas presuntamente delictivas. Además, Blanco «benefició» a Diez poniendo a su disposición el vehículo Volvo XC40, ya que no se ha justificado el uso de este coche. Por el contrario, «el empleo del vehículo se correspondería con una pago en especie derivado de la concertación ilícita entre el funcionario y el apoderado de Api e Imesapi para la adjudicación fraudulenta de contratos públicos».

Es uno de los nuevos personajes de la trama que aparece como investigado. Según recoge el informe final de los investigadores, «participó en la trama aprovechando la capacidad de influencia en los expedientes de contratación pública ostentada por Diez, que a través de actos concretos y previo concierto, favorecía la obtención fraudulenta de licitaciones por parte de Api, en perjuicio de otros licitadores». En su caso participó en dos expedientes de contratación.

Conocido en el mundo de la construcción como 'El Rubio'. Es otro de los nuevos protagonistas del caso. También se «benefició» de la posición que tenía el jefe de Carreteras para influir en la adjudicación de contratos. Y fue más allá porque «sin el conocimiento de Diez» se «concertó» con Secundino Vidal Celis para no competir en uno de los expedientes investigados. También se «repartió contratos con él».

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