Los 35 parques eólicos que están en tramitación en Cantabria solicitan levantar 475 nuevos molinos

Pero que estén en trámite no quiere decir que todos ellos vayan a concluir satisfactoriamente el proceso. Lo apuntó esta semana el presidente Revilla a raíz del aumento de la contestación social e insiste el director general de Industria de la Consejería de Marcano, Daniel Alvear: «Ahora mismo todos los proyectos están en un estado incipiente y muchos de ellos no llegarán a prosperar. No sólo por los posibles inconvenientes ambientales, sino porque en algunas zonas hay dos empresas distintas que optan al mismo espacio físico». Por eso reclama introducir una dosis de cordura en el debate y garantiza que habrá un «rigor exquisito» en la evaluación, tanto con los que se tramitan a través del Gobierno de Cantabria (24, aunque el de Aguayo se subdivide a su vez en cinco más) como los que por su mayor tamaño lo hacen a través del Ministerio (11).

Frente a la petición de la mayoría de grupos políticos -el PRC está sólo en la posición contraria- y colectivos ecologistas que reclaman tener aprobado el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que defina los usos del suelo y diga dónde se pueden levantar aerogeneradores y dónde no antes de dar más pasos, Industria subraya que ya hay instrumentos legales suficientes. Que no se producirán «atentados ambientales» como sugieren los detractores ni «pelotazos eólicos» aprovechando las renovables.

Así, esos 475 molinos que figuran en los papeles que están moviendo las empresas energéticas se distribuyen en 35 parques eólicos distintos y sumarían 1.750 megavatios de potencia instalada. Es decir, más de la electricidad que consume Cantabria en todo un año teniendo en cuenta los datos de 2018 que facilita Red Eléctrica. La incógnita ahora es saber cuántos saldrán adelante. En el mejor de los casos, habrá que esperar alrededor de dos años para empezar a ver nuevos aerogeneradores en Cantabria que se sumen a los 38 que ya funcionan en Soba, en el parque de Cañoneras, el único activo, propiedad de Iberdrola.

Porque durante más de una década y hasta hace alrededor de un año, nada se hablaba de eólicos en la región. No se hablaba porque las promotoras habían dejado en 'stand by' sus proyectos. Tanto, que algunos de ellos habían sido retirados por la falta de viabilidad económica o porque las autorizaciones previas habían caducado por desinterés de los constructores. Ahora está pasando lo contrario, que vuelven a reactivarse los proyectos -algunos replanteados- y se estudia e intenta desarrollar hasta aquellos parques que tienen más complicaciones técnicas y menos posibilidades de prosperar.

¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado y hay otros incentivos. «El momento no es arbitrario», apunta Alvear. Se refiere al impulso que se está dando a nivel europeo a la transición ecológica hacia modelos más verdes y a los compromisos de responsabilidad climática. Europa promueve ayudas sin precedentes y la legislación española también se ha sumado a ese carro con el nuevo régimen de las renovables y medidas de reactivación económica. En esos documentos se imponen unos plazos. Si no se cumplen los eólicos no tendrán las ayudas económicas que se contemplan y que son importantísimas. Pueden decaer e incluso puede haber sanciones a los promotores.

Hasta ocho promotores tienen activos expedientes eólicos en Cantabria y más de la mitad pertenecen a la empresa de Ribota y Garma Blanca, Green Capital Power, que ha ido rediseñando muchos de los proyectos que tenía redactados hace años para adaptarlos al contexto actual. De los que tramita el Ministerio el más avanzado es el de la sierra de El Escudo-eran tres (Escuchadero, Cruz del Marqués y Peñas Gordas) y se ha refundido en uno-, que está llamado a ser el más grande del norte de España. De los tramitados en la consejería, los mejor posicionados son los de Sierra de Zalama, pendiente sólo de la declaración ambiental, y el de Quintanillas, pendiente de respuesta de la empresa a las alegaciones recibidas durante el periodo de la información pública.

El Gobierno regional insiste en que la necesidad de atenerse a esos plazos no significará, en ningún caso, relajar los controles. Lo que ocurre es que sí que pueden chocar con el desarrollo del PROT o la entrada en vigor del nuevo Plan Energético de Cantabria. El último Plenercan -se está redactando su actualización- cuyo objetivo era regular este sector e impulsar la instalación de renovables hablaba de una potencia máxima a instalar en Cantabria de 700 megavatios. Ahora están en tramitación más del doble, pero la Consejería recuerda que se trata de un documento estratégico y no normativo.

«O aprovechamos esto o en un plazo de muchos años no habrá ningún tipo de renovable en Cantabria. Quizás nunca, porque la oportunidad la habrán aprovechado otros territorios y no se requerirá instalar más potencia en España en mucho tiempo. Tenemos que decidir qué queremos como comunidad autónoma y como sociedad», concluye el director general de Industria.