El plan de reapertura de las playas de Cantabria se queda en una «guía de recomendaciones»

La fotografía de las playas cántabras para este verano aún habrá de esperar. Hasta la próxima semana al menos no estará lista una guía de recomendaciones para que apliquen los municipios durante los meses veraniegos y será una guía, no una norma, porque Cantabria no tiene competencias para legislar en este sentido. Eso sí, incluirá unas pautas para garantizar un uso seguro de los arenales, respetando en todo momento la distancia social, las medidas de prevención e higiene y tendrá en cuenta las aportaciones de los ayuntamientos. Aunque mantendrá una homogeneidad para todos los arenales sí tendrá en cuenta las diferencias entra las playas urbanas y las rurales o las más pequeñas y las características de cada una de ellas. Una pista de los mecanismos que podrían tener lo puede dar el informe elaborado por el Instituto de Calidad Turística de España (ICTE) a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aquí se habla de aforos limitadas, vigilancia con drones, mascarillas, cuidados en primera línea y mucha señalización.

En el caso Cantabria, la conclusión principal adoptada hoy en la reunión mantenida por el Gobierno autonómico, la Delegación del Gobierno y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) es la elaboración de un guía con recomendaciones a seguir por los ayuntamientos costeros de cara al verano, aunque ha a partir del lunes podrán usarse al entrar Cantabria en la fase 2. Esa guía esperan tenerla ya la próxima semana tras la creación de un grupo de trabajo que irá recogiendo las aportaciones de los ayuntamientos costeros y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad .

No obstante, el Gobierno central ya ha fijado algunas directrices para el uso de las playas durante la fase 2 y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que si no se pueden cumplir , los ciudadanos no podrán usarlas pese a estar en una zona en fase 2. Además, ha aclarado que «no va a financiar» este coste, ya que corresponde a las comunidades autónomas o los municipios.

La orden de Sanidad sobre la fase 2 estipula que el tránsito y permanencia en las playas se realizará manteniendo una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de 15 personas, excepto en el caso de personas convivientes.

Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

Para el consejero de Obras Públicas de Cantabria, José Luis Gochicoa, «la situación ahora no es, ni muchísimo menos, preocupante, dado que en los arenales la afluencia es mínima y no hay ningún problema para cumplir lo fundamental que son respetar los dos metros de distancia interpersonal».

Además, ha asegurado que la seguridad de las aguas de baño está garantizada con un refuerzo de los análisis y el seguimiento de su control durante las próximas semanas anunciado hoy con el fin de frenar la propagación del virus.

Respecto al distanciamiento social, ha recordado que Cantabria tiene una longitud de playas, unos 60 kilómetros, frente a la población existente, de unas 500.000 personas, que «nos hace posicionarnos muy bien frente a otras comunidades autónomas a la hora de asegurar, salvo momentos puntuales de pleamar excesiva, ese control del distanciamiento social exigido».

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «interiorice y sea auto responsable» en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad necesarias para poder reabrir las playas en la región.

En la reunión han participado los consejeros de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, así como la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el presidente de la FMC, Pablo Diestro, acompañado por los alcaldes de Santander, Gema Igual, y de Val de San Vicente, Roberto Escobedo.

El texto pide a los ayuntamientos estimar la capacidad de sus playas y tener en cuenta las mareas y el uso de los espacios (por concesiones a hamacas de hoteles, por ejemplo). El objetivo es determinar si hay que establecer controles de acceso y sistemas que informe a los turistas de que la capacidad máxima ya se ha alcanzado y no pueden ir a la playa.

El documento señala que una forma de hacerlo es dividir la superficie total de la playa entre la distancia mínima de seguridad que determinen las autoridades (por lo general, metro y medio o dos metros).

Para lograr el objetivo de mantener una baja afluencia en las playas, el borrador incluye la posibilidad de usar drones para controlar a los usuarios y que se respete el aforo y las medidas sanitarias.

«Se podrá reorganizar el personal o el uso de drones», señala el texto, para lo que se podría necesitar cambiar el plan de seguridad de la playa adaptando el marco normativo.

Las distancias interpersonales no solo se vigilarán una vez que los turistas bajen a la arena, sino también en los alrededores. Así, el texto señala que hay que considerar «establecer entradas y salidas diferenciadas» para asegurar las distancias.

Además, en caso de que no se pueda asegurar este distanciamiento social, «debe instarse a los usuarios a utilizar mascarilla en este espacio, atendiendo a la normativa aplicable en cada momento», dice el documento.

Por otro lado, a los veraneantes que planten la sombrilla en primera línea habrá que avisarles de que no podrán ponerse tan cerca que obstaculicen el cumplimiento de las distancias mínimas establecidas con los que estén paseando por la orilla.

Una vez que se determine la capacidad de la playa, el gestor puede controlar la carga a través del control de acceso, con cartelería tradicional, personal o aplicaciones que permitan a los usuarios saber si una playa está llena o no antes de llegar y así evitar aglomeraciones, explican desde el ICTE.

Habrá que señalizar también los espacios que puedan ser ocupados una vez bajen a la arena y por dónde se pueden mover.

También habrá señalizaciones en la zona de hamacas y sombrillas y esté delimitada con cintas o carteles. Se debe establecer un «control en la asignación de las hamacas» para que se pueda asegurar que el equipamiento ha sido debidamente desinfectado antes de usarlo. «Las hamacas y sombrillas se distribuirán dentro de la zona delimitada, de manera que se asegure la distancia de seguridad entre los usuarios de este servicio», señala el texto.

En cuanto a las áreas de juego infantiles, las áreas deportivas y otras zonas de esparcimiento, que no sean objeto de servicios comerciales (concesiones) sino responsabilidad directa del ayuntamiento, serán habilitadas para su uso en función de las disposiciones generales que emitan las autoridades competentes, y siempre cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias que en su momento se determinen, incluido el control de aforo según proceda, explican.

Si no se pueden mantener las condiciones de prevención e higiénico sanitarias en estas zonas o para estas actividades, deben ser clausuradas, indica el borrador.

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