El plan de viabilidad del Racing prevé el ascenso a Primera para 2021

El Plan de Viabilidad del Racing contempla que el club milite en Primera División en la temporada 2021-2022. Es decir, el ascenso a la máxima categoría dentro de tres temporadas. Un horizonte en el que el club confía en ingresar ya 18,8 millones, una cantidad que se multiplicaría hasta los 44,4 en la máxima categoría gracias al contrato televisivo. Así lo especificó en la documentación enviada al Gobierno en 2016, con la que el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) elaboró un informe para reestructurar la deuda del equipo con el Gobierno, que asciende a cerca de 2,5 millones de euros por el impago de unos plazos de alquiler de la marca Racing durante la gestión de Francisco Pernía.

La operación estaba ligada a la devolución de los derechos federativos y la propia marca al Racing. Y más en concreto, a su fundación. Todo data de hace cerca de trece años, cuando en 2005 se impuso al club la cesión de estos activos al Gobierno como parte de la operación puente por la que el Grupo Sadisa de Santiago Díaz abandonó el club, dejándolo transitoriamente en manos del Ejecutivo autonómico hasta que encontrara nuevo comprador privado. Para ello debía levantar los avales que el propio Díaz tenía depositados y que ascendían a 17 millones, pero la sociedad no tenía solvencia para acudir al mercado crediticio, por lo que se habilitó la operación a la que se pondrá fin cuanso se devuelva definitivamente la marca.

El Gobierno de Cantabria aprobó una subvención de 22 millones en once años que sirvió como garantía para recibir crédito. Al mismo tiempo se hizo con la propiedad de la marca Racing en todas sus variantes con la obligación para el club de pagar un arrendamiento anual de dos millones de euros por su utilización. De ese modo se aseguraba el regreso del capital subvencionado en una estrategia destinada a rescatar al club sin cargo para las arcas públicas que tuvo un éxito reducido. No solo por el impago de uno de estos plazos, sino porque vino acompañada de la contratación de unos créditos participativos (uno de ellos un año antes) que tras la entrada en concurso de su posterior accionista de referencia, el Grupo Silver Eagle, y del propio Racing nunca llegaron a reintegrarse.

El caso es que ya en 2017 el club solicitó al Gobierno la refinanciación a diez años de la deuda, como ahora se llevará a cabo tras la destitución del anterior interventor del Ejecutivo, que no daba luz verde a la operación. Para ello presentó entre otra documentación su plan de viabilidad, en el que confiaba que aquella temporada, la 2016-2017, fuera la última en Segunda División B. Para aquel momento preveía unos ingresos de 2,45 millones y unos gastos de 2,37, aunque ambos capítulos fueron después mayores.

Ya para la temporada actual vaticinaba que el equipo militara en Segunda División, lo que supone un gran salto no solo en lo deportivo, sino también en lo económico gracias fundamentalmente -aunque existen otros conceptos- al contrato televisivo. De hecho, esperaba unos ingresos de nueve millones de euros y unos gastos exactamente iguales a los del año anterior con los que confiaba en mantener la categoría. Este desfase obedece a la situación heredada, que obligaría a amortizar buena parte de la deuda concursal.

Una prueba evidente de la diferencia entre Segunda y Segunda B son los 2,99 millones de presupuesto aprobados para esta temporada, una tercera parte de los que, en una previsión muy contenida, la misma directiva calculaba ingresar en caso de haber ascendido el año pasado en aquella última eliminatoria frente al Barcelona B.

No haber alcanzado este hito no comprometió la viabilidad a corto plazo por las características del convenio concursal, que prevé una amortización de la deuda más sostenida si el club milita en Segunda B, para hacerla asumible y no perjudicar en consecuencia a los acreedores, y la solvencia que según insiste el consejo de administración ha aportado la entrada del Grupo Pitma, ya accionista mayoritario con aproximadamente un 61% del capital social.

Así, con un plan de viabilidad que preveía cuatro temporadas en la categoría de plata el Racing está aún a tiempo de cumplir su previsión para 2021, aunque ese primer ascenso a la categoría de plata resulta cada vez más urgente -y este curso se ha tornado en un objetivo muy complejo- desde un punto de vista social e incluso económico, ante la previsión de caída de ingresos si la masa social se aleja del club.

Para la próxima temporada el documento auguraba ya, siempre según el informe del ICAF, un presupuesto de 10,7 millones de ingresos y triplicar el gasto hasta los 7,4 en una estrategia destinada, una vez amortizada buena parte del pasivo, a preparar el bloque con el que buscar el ascenso. Un objetivo que la situación actual puede aplazar un año, pero que sigue siendo factible para los cántabros.

De seguirse este proceso, el Racing debería llegar a la campaña 2021-2022 como nuevo equipo de Primera, con unas cuentas saneadas y una previsión de ingresos de 44,4 millones de euros. Un planteamiento sobre el papel muy solvente, puesto que el informe prevé unos gastos de 28,5 millones, dejando un fuerte superávit.

Claro que estas cuentas colocarían a los verdiblancos como el equipo más modesto de la Primera División y, si el gasto se limitara a los citados 28 millones, con escasas opciones de permanencia. Los presupuestos más modestos de Primera División en la presente temporada son los del Levante (57,1 millones), Getafe (47,5), Leganés (45,57), Eibar (45,3) y Girona (44,5).

Aun así se trataría de una situación óptima para el Racing en comparación con la actual y especialmente, con la que se encontraron los nuevos gestores tras la junta de enero de 2014 que puso fin a la 'Era Okupa' en los Campos de Sport; esa que llevó al club a su actual situación y por la que una querella de la Asociación de Exfutbolistas pide responsabilidades penales a sus gestores, Francisco Pernía y Ángel 'Harry' Lavín, en un proceso aún abierto.

Más allá de un horizonte temporal no cumplido, el plan de viabilidad deberá reajustarse al contemplar una aportación de 8,5 millones del Grupo Pitma que no se ha producido, puesto que estaba vinculada a un contrato de patrocinio (cuatro millones de euros en un plazo de entre cuatro y diez años) que el Gobierno de Cantabria llegó a anunciar, pero que nunca se firmó entre otros motivos por la difusa situación de la marca Racing y la consiguiente negativa de la intervención.

Esto no significa que el club haya perdido el apoyo de Pitma. Al contrario, el conglomerado cántabro ya había invertido 1,2 millones en una ampliación de capital con la que se convirtió en propietario del 30% de la sociedad y posteriormentex en accionista de referencia con cerca del 61% tras comprar la participación de Inmoarrabi y una parte de la de los exfutbolistas y otros socios minoritarios. Pero ahora se trata de lo que tanto el Consejo como los propios responsables del Grupo Pitma, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, han definido como una «línea de crédito abierta» para garantizar la tesorería y afrontar cualquier pago que la sociedad no pueda sufragar por sí misma, como es el caso de algún plazo concursal.

La agónica situación que ha atravesado el Racing se observa mejor a través del flujo de tesorería, que el propio plan de viabilidad estimaba en un negativo de 9,8 millones en el ejercicio 16-17. Un diferencial crítico para una sociedad que según esas mismas cuentas manejaba unos ingresos de 2,44 millones.

Este es precisamente otro de los supuestos del plan de viabilidad que no se han podido cumplir. Uniendo la aportación de 8,5 millones de Pitma y el incremento exponencial de ingresos con el ascenso de categoría, se esperaba revertir la situación, de modo que en esta misma época la sociedad tuviera ya un margen de maniobra positivo de 1,25 millones. Algo que no se ha podido cumplir en el plazo previsto, pero de nuevo un objetivo aún factible. De hecho, no se esperaba amortizar por completo el flujo de caja acumulado hasta ese hipotético ascenso de 2021. Se explica así la estrangulada tesorería de una sociedad que durante la temporada 2015-2016 acumuló importantes impagos a la plantilla, aunque se puso al día a fin de curso, que experimentó alguna dificultad también en el curso 2016-2017.

Sin embargo, el informe del ICAF acotaba este escenario. El documento señala textualmente que «de acuerdo con las previsiones de dicho plan, la capacidad de reembolso -de los 2,5 millones- de la sociedad está condicionada a la cancelación de la deuda tributaria en la presente temporada -2016-2017-, por valor de 9.100.000 euros, mediante el desembolso del préstamo suscrito con el Grupo Pitma, formalizado el 16 de octubre de 2016». Sin embargo, ese pago no se produjo nunca ni por lo tanto la cancelación de la deuda con la Agencia Tributaria, que se ha reducido, eso sí hasta aproximadamente 4,5 millones de euros durante la gestión de la actual directiva gracias a los ingresos propios del club y a las aportaciones de su accionista de referencia que han permitido asegurar el normal funcionamiento diario, según se ha comunicado a los medios, aunque sin hacer públicas cifras ni aportar la documentación.