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El 14 de abril entraron en vigor las nuevas restricciones después de que la comunidad autónoma elevara a nivel 3 su alerta por el aumento de la incidencia del coronavirus y de la presión hospitalaria. Medidas como el cierre del interior de los establecimientos ... hosteleros se comenzaron a aplicar de forma homogénea en toda la región. La propuesta que llevó ayer Vox al Parlamento y que contó con el rechazo del resto de partidos fue que acciones como esta se apliquen sólo en aquellos municipios que estén en riesgo alto.
Una iniciativa que desecharon PRC, PP, PSOE y Cs al considerar que un cambio en este sentido iría en contra de las recomendaciones de los especialistas y, lejos de ser efectivas, podría provocar resultados. «Podemos contravenir a los científicos, pero no debemos. Frente al criterio técnico, esto es algo que se le ha ocurrido al señor Cristóbal Palacio después de comer», apuntó la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, quien recordó que hay «consenso médico» en que implementar restricciones locales no tiene éxito en poblaciones menores de 5.000 personas.
El portavoz del grupo mixto, Cristóbal Palacio, manifestó al defender esta PNL que si las limitaciones decididas tras la Semana Santa se hubieran acordado por ayuntamientos en vez de a nivel autonómico, entonces «más de la mitad» habrían mantenido «una vida normal», o «lo más normal posible», con la apertura del interior de la hostelería o entrenamientos y prácticas deportivas. Por ello abogó por aplicar la ley de la forma «más rigurosa posible» para que tenga la «menor disrupción» en la vida y que la limitación de derechos de sea igualmente la menos posible.
Tanto los dos partidos que apoyan al Gobierno como los otros dos de la oposición rechazaron su planteamiento. Para Noelia Cobo en el nivel tres de alerta sanitaria, este proceder tendría el «efecto contrario» al deseado.
A su juicio, causaría una importante distorsión en la estabilización de la pandemia y ha apostado por centrar todos los esfuerzos en la vacunación. Al respecto, destacó que Cantabria es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de población inmunizada con la pauta completa.
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En similares términos se expresó la diputada del PRC Ana Obregón, que alerto del efecto que el cierre de poblaciones tendría sobre otras con cero contagios, por el desplazamiento de personas de las primeras a las segundas, al generase un «efecto llamada». Y aunque no todo lo que determina Salud Pública es «palabra de Dios», la regionalista evidenció el continuo debate sobre decisiones que adoptan los gobiernos, señalando al respecto que las últimas del Ejecutivo autonómico sobre el cierre interior de la hostelería ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia.
El 'popular' César Pascual opinó que con su proposición Palacio llega «tarde» y es, además, «inoportuno», más si se tiene en cuenta que está a punto de acabar el estado de alarma y hay que redefinir el marco normativo en el que se van a mover las comunidades dentro de quince días. Por eso el PP se ha absutuvo ante este planteamiento, que se podría adoptar «en otro momento», pero no ahora.
Desde Cs, su portavoz justificó el 'no' de su grupo por la dificultad de controlar los movimientos de ciudadanos entre ciudades, pueblos, barrios o calles, y más si se tiene en cuenta que esto es algo «muy fluido y constante» en Cantabria. Cree Félix Álvarez que Vox hace con esta PNL «demagogia» y trata de «confundir a la gente», y consideró igualmente que lo importante ahora es lo que va a pasar tras el 9 de mayo, y ver si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó «Poncio Pilatos», se va a «volver a lavar las manos y trasladar el marrón» a las comunidades.
El Pleno del Parlamento también rechazo, con los votos del PRC y PSOE, un plan de ayudas extraordinarias a empresas y autónomos de la hostelería, que proponía Ciudadanos al entender que las habilitadas hasta ahora son «ridículas». El partido naranja también planteaba acelerar el pago de las vigentes, pues «llegan cuando llegan» y criticaba, además, que no recogen restricciones posteriores, como las impuestas después de Semana Santa -que entre otras cosas han supuesto volver al cierre interior de bares y restaurantes- y las consiguientes pérdidas.
Los regionalistas justificaron su 'no' al entender que «el sector está atendido en primera línea», mientras que los socialistas admitieron que las ayudas no son «suficientes», pero destacaron el «innegable» esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo, a nivel autonómico y nacional.
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