Revilla dice que no se ha planteado el cese de la consejera de Sanidad

Revilla ha explicado que el Gobierno ha pedido un informe de todo lo ocurrido en el Servicio Cántabro de Salud «que estudiaremos en el Consejo de Gobierno de este jueves. Ni mi Gobierno ni yo jamás hemos tomado una decisión sin todos los informes preceptivos sobre el asunto, pero si se descubre algo ilegal yo seré el primero en denunciarlo»

Y también ha mandado Revilla un mensaje directo al Partido Popular. «El PP está en una situación muy difícil y quiere dar la sensación que todos actúan como ellos», ha manifestado el presidente refiriéndose a la sentencia de la trama Gurtel y al encarcelamiento, entre otros del exsenador del PP por Cantabria, Luis Bárcenas.

Horas antes de estas declaraciones de Revilla, la oposición en bloque había coincidido en que la dimisión del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Financiera, Javier González, confirma que las sospechas sobre irregularidades en la contratación eran «fundadas» y que el desenlace de los dos altos cargos «era una muerte anunciada», como ha apuntado esta mañana la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, quien ha considerado que esta medida «no es suficiente. Las responsabilidades políticas no deben acabar aquí. La consejera de Sanidad pretende poner en bandeja al presidente del Gobierno la cabeza de los dos altos cargos del SCS para salvar su propia cabeza, pero una vez más se equivoca». Para el PP, la marcha de los dos principales implicados en esta «trama» supone «el reconocimiento por parte de la cúpula sanitaria de las graves irregularidades denunciadas». Pero Buruaga se ha mostrado convencida de que «esto es solo la punta del iceberg» y que, estos dos ceses, «lejos de liberar la responsabilidad» de la titular de Sanidad, «la agravan». Por eso, ha opinado que a María Luisa Real, que «recibió la denuncia de la funcionaria en febrero y no hizo nada, sino que se encargó de taparlo», solo le queda «una salida digna, que es la de dimitir ella también, porque ha ligado su destino al de los dos altos cargos del SCS». Y si no la hace, la líder del PP ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, para que «se tome en serio este asunto, abandone al lado la hipocresía en la que vive y deje de dar la espalda a la realidad». En definitiva, ha apostillado Buruaga, que si Real no dimite sea él quien ordene su relevo.

Un llamamiento al que se ha sumado también Podemos. El diputado Alberto Bolado coincide con el PP en que «a la consejera solo le queda una salida: la dimisión, puesto que toda su actuación desde el minuto cero ha sido irregular». Ha recordado que desde el 8 de febrero que la máxima responsable de la sanidad cántabra recibe el correo de la jefa de Contratación del SCS «no adoptó ninguna medida, salvo las mínimas exigidas por la ley, como es el expediente informativo encargado a la Inspección por el Consejo de Gobierno».

Asimismo, Podemos ha recordado que fue su grupo el que solicitó las dos comparecencias convocadas en el Parlamento para dar explicaciones sobre estas denuncias, aunque «a día de hoy seguimos sin tener explicaciones». Bolado interpreta que el cese de los dos directivos del SCS confirma que «las sospechas son ciertas» e insiste en que la consejera no está capacitada para seguir en el cargo».

Ciudadanos, por su parte, prefiere esperar a conocer el resultado de la investigación, que el jueves llegará al Parlamento, pero ha asegurado que la marcha de los dos altos cargos del SCS «reafirma la necesidad de abrir una comisión de investigación para conocer al detalle la implicación de la consejera de Sanidad», que «durante dos meses se ha cuidado de tapar las denuncias de la funcionaria, asegurando que se trataba de incidencias menores, como dijo el viernes en su comparecencia». Su portavoz, Rubén Gómez, aboga por «conocer primero la verdad, para lo que es imprescindible –ha insistido– que salga adelante la comisión de investigación».

Desde el PRC, Pedro Hernando ha considerado que «no parece normal que sin tener datos se pidan dimisiones». Ha defendido que «lo adecuado es esperar a conocer el informe que acaba de concluirse y esperar a las explicaciones que dará la consejera de Sanidad», donde se determinará «si ha habido irregularidades o no». No obstante, ha señalado que los regionalistas han mantenido una «postura clara desde el principio, y es que hay que hacer las cosas bien. Vamos a ser absolutamente duros con todo aquello que no sea regular en los procesos de la Administración».

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha insistido este martes en que, a falta de una lectura en profundidad, en el informe de la inspección sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS) aparecen «incidencias contractuales» como en cualquier auditoría publica.

Real ha afirmado también que, en lo personal, le «duele» que los directivos del SCS hayan estado sometidos a la situación que les ha llevado a dimitir porque en su etapa se ha hecho «una excelente gestión».

Según Real, ambos le han trasladado que han presentado su dimisión por el «sobrecoste personal» que les han supuesto unas acusaciones «que consideran injustas e infundadas» y además tenían que estar dedicando todo su tiempo a responderlas, en lugar de a gestionar de forma eficaz el SCS.

La consejera ha señalado que en 2017 el SCS hizo 40.500 contratos, y que en el expediente remitido sobre el PP se «plantean ciertas dudas» sobre una decena de esos contratos. Ha apuntado que, en una primera lectura rápida del informe, de esa decena hay una serie de contratos en los que el inspector no encuentra ninguna incidencia, y «hay otros en los que puede determinar que hay algunos errores e incidencias contractuales como en cualquier auditoría».

Preguntada sobre qué tipo de incidencias son, ha insistido en que no ha leído el informe en profundidad y en que además necesita «una valoración de los expertos, no sólo una lectura superficial».

También ha hecho hincapié en que en todas las auditorías «hay incidencias contractuales de diferente nivel», que por parte están sometidas a las alegaciones del gestor contratante«.