Políticas Sociales admite la 'okupación' de seis inmuebles de propiedad pública

Gómez de Diego aportó esta información durante su comparecencia en el Parlamento regional para responder a una batería de preguntas formuladas por el PP, que tenía interés por conocer «cuál es el número de episodios de ocupación ilegal de viviendas que se han producido en inmuebles propiedad del Gobierno de Cantabria en 2022» y, también, «cuál es el número de viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria que están ocupadas ilegalmente en la actualidad».

En relación con aquello primero, la consejera precisó que a lo largo de este año se ha producido la 'okupación' de cuatro viviendas pertenecientes todas al fondo de derribos que gestiona la empresa pública Gesvicán. «Se trata -indicó- de inmuebles ubicados en el término municipal de Argoños sobre los que pesa una orden judicial de demolición» al ser ilegalizables a través del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

«Asimismo, también este año ha sido ocupado ilegalmente un cuarto de bicicletas en un inmueble de Gesvicán en Torrelavega», dijo Gómez de Diego.

Y en relación con lo segundo, el número de viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria que están ocupadas ilegalmente en la actualidad, la consejera indicó que Gesvicán tiene ahora «dos inmuebles en esa situación, uno en Santander y otro en Torrelavega», al margen de los cuatro de Argoños.

No fueron esas las únicas preguntas que, sobre este asunto, formuló a Gómez de Diego el portavoz popular, Íñigo Fernández, también interesado en conocer «las medidas adoptadas para tramitar los procedimientos judiciales que conduzcan al desalojo de esos inmuebles».

A esto, la consejera respondió que, desde el mismo momento en el que el Gobierno de Cantabria tiene conocimiento de que se ha producido una 'okupación' de un inmueble de su propiedad procede a presentar la correspondiente denuncia.

«Fruto de esto, ahora mismo tenemos abiertos tres procedimientos penales y dos civiles», contó Gómez de Diego, que respecto a las 'okupaciones' de los inmuebles del fondo de derribos concretó que Gesvicán interpuso sendas denuncias ante el puesto de la Guardia Civil de Santoña «y actualmente se encuentra en tramitación el procedimiento de diligencias previas».

En ese punto se encuentra también la denuncia interpuesta por la empresa pública en la comisaría de la Policía Nacional de Torrelavega tras ser informada de la 'okupación' del cuarto de bicicletas ubicado en la planta baja de un inmueble de su propiedad en esta localidad, que ha derivado en un juicio por la comisión de un delito leve.

«Y en relación con la vivienda que está situada en Santander, la Justicia ha dictado sentencia favorable a Gesvicán por la que se declara el desahucio del demandado, que ha sido condenado a dejar libre la vivienda».

El Pleno del Parlamento regional volvió a abordar, un lunes más, la problemática del lobo ibérico, que últimamente se asoma más a la Cámara regional que a los montes de la provincia.

En este caso lo hizo colándose en una interpelación del PP al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, que, en una intervención para explicar los criterios y actuaciones respecto a la percepción de los fondos para prevención y pagos de daños a ganaderías por ataques de lobos, anunció que Cantabria recibirá 1,6 millones de euros de fondos del Estado al efecto.

Para ello, admitió el consejero, el Gobierno regional ha tenido que suscribir la Estrategia Nacional para la Gestión y Conservación del Lobo a pesar de que la comunidad autónoma rechaza su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Lespre. De hecho, inicialmente la comunidad «no apoyó la Estrategia y quedó fuera del reparto, al igual que Galicia y Castilla y León, a pesar de ser estas tres comunidades, junto con Asturias, las que aglutinan a la gran parte de lobos del país».

PRC y PSOE volvieron a discrepar ayer a la hora de votar una iniciativa parlamentaria, esta vez a causa de la modificación que el Gobierno central pretende llevar a cabo en el Código Penal para suprimir el delito de sedición.

Llevaba el PP una propuesta pidiendo al Ejecutivo regional instar a las Cortes Generales a rechazar la iniciativa presentada para eliminar ese delito; y al Gobierno de España a «cumplir, acatar y respetar la Constitución española, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», que salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos menos el socialista.