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El PP se cansó la pasada legislatura de criticar el 'papeluco' que firmaron los socios del bipartito. Los populares rechazaban no tanto el contenido –la lista de reivindicaciones de Cantabria al Estado en materia de infraestrucutas– como su incumplimiento. Y sobre todo, echaban en cara ... a Miguel Ángel Revilla el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid mientras el Ministerio de Transportes marginaba a la comunidad autónoma en sus inversiones y hacía caso omiso de forma sistemática al acuerdo. Esa tesis, que desde luego no compran ni regionalistas y socialistas –los primeros defienden que su presión y su presencia en el Congreso sí dio sus frutos y los segundos apuntan a que la inversión se ha duplicado respecto a la época de Rajoy–, es de la que partió María José Sáenz de Buruaga para presentar el pasado mes de diciembre su «agenda reivindicativa» al Ejecutivo central. Algo así como el 'papeluco popular'. Lo que decía la presidenta cántabra era que no habría sido tan extensa ni habría alcanzado los 6.900 millones en asuntos pendientes si la región no hubiera estado desatendida en el pasado.
Ferrocarriles: Cumplir los compromisos o activar inversiones del Plan de Cercanías, la alta velocidad a Madrid, la nueva conexión con Bilbao con paradas en Laredo-Colindres y Castro, la intermodal de La Pasiega y la integración ferroviaria de Santander, Torrelavega y Camargo
Carreteras: Tercer carril de la A-8 y la A-67, Licitación los tramos pendientes de la Burgos-Aguilar y las obras de los puertos de Los Tornos y San Glorio.
Poner fin a los retrasos: Ramal de continuidad de Sierrapando y reforma de La Hermida.
Esa agenda es la que llevó este lunes el PP al Parlamento con la intención de recabar el apoyo de todos los grupos para poder ir a Madrid con más fuerza y una voz única. Y básicamente lo consiguió. PRC y Vox rechazaron «manifestar su adhesión y apoyo a la agenda reivindicativa en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias expuesta por la presidenta», como ponía literalmente en el documento que registraron los populares, pero en cambio accedieron a pactar un texto alternativo. Con una redacción distinta, sin referencias al pasado ni una cifra concreta, pero en el que aparecen las mismas prioridades. Obras cuyos trámites administrativos avanzan lentos en los despachos (como el tren rápido a Bilbao, del que se desconoce cómo se financiará y su calendario aproximado), otras que están en marcha y que se están desarrollando con mayor o menor celeridad (la autovía Aguilar-Burgos, la reforma de La Hermida, el AVE a Madrid o el Plan de Cercanías) y aquellas que la región considera imprescindibles y sobre las que hay dudas sobre su continuidad (como la estación intermodal de La Pasiega o el tercer carril de la A-8).
Ningún proyecto es nuevo, pero sí la alianza que sacó adelante la iniciativa. El texto lo acordaron PP, PRC y Vox, que por primera vez sacaron adelante juntos una enmienda transaccional –esta legislatura hay solo un antecedente muy puntual y de menor relevancia con una enmienda en la Ley de Acompañamiento relativa a las ayudas a las víctimas de terrorismo–. Los regionalistas, que justificaron que uno de los motivos para facilitar la investidura de Buruaga era «cerrar el paso a la extrema derecha», hoy sí estamparon su firma con los de Abascal.
«Pedro Sánchez ha sido una calamidad para Cantabria, ha supuesto un retraso y abandono en la ejecución de las inversiones», insistió el popular Íñigo Fernández, que lamentó que lo único que le preocupe al presidente es Cataluña y caer en gracia a los partidos independentistas. El también senador acusó al líder socialista de comprar los votos que necesita en el Congreso «con nuestro dinero». «¿Esto no es malversación y tráfico de influencias? A lo mejor no lo es legalmente, pero moralmente sí», insistió Fernández, que al contrario de lo que ocurrió durante toda la pasada legislatura en términos negativos no hizo mención al 'papeluco'. Con un PRC esta vez como aliado, el popular prefirió centrar los ataques en Pablo Zuloaga y los suyos, a los que acusó de estar «plegados y ser serviles a Sánchez» en vez de «estar al lado de los cántabros».
La respuesta desde las filas socialistas la dio la exconsejera Ana Belén Álvarez, que justificó su abstención en motivos formales y de fondo. Primero, echó en cara a Buruaga la «falta de diálogo», que no haya invitado al PSOE a las conversaciones para buscar el consenso y que hable de la urgencia de las reivindicaciones cuando ha tardado 50 días desde que presentó su agenda en llevarla al Parlamento. Y segundo, por «mentir» cuando acusa al Gobierno de Sánchez de olvidar a Cantabria, un Gobierno que «ha duplicado la inversión respecto a Rajoy».
Por el PRC tomó la palabra Javier López Estrada, que insistió en que apoya la agenda de Buruaga porque era la agenda de Revilla. «El PRC no cambia de principios por estar en la oposición», dijo el también alcalde de Torrelavega, que aunque esta vez no tuvo que defenderse de las críticas del PP al 'papeluco', puso en valor los logros por la presión del exdiputado Mazón en Madrid y subrayó que «todos los logros en esta materia han llegado a Cantabria de la mano del PRC». En un ejercicio de equilibrio, no fue crítico con el trato de Sánchez a la comunidad autónoma durante la pasada legislatura, pero sí con el hecho de que ni él ni ningún ministro hayan recibido aún a Buruaga.
Desde Vox, Armando Blanco sí compró la idea del abandono a Cantabria y mostró su convencimiento de que el PSOE no va a cambiar de actitud. «¿De verdad piensa que Sánchez va a invertir casi 7.000 millones de euros en Cantabria», preguntó a la presidenta, a la que recordó «todas las veces que nos ha engañado la izquierda» –metió en el saco al PRC– en materia de infraestructuras y reconoció que históricamente sí ha habido avances «con gobiernos de derechas en Madrid».
El Gobierno de Cantabria no tendrá que llevar a cabo modificaciones en el Presupuesto regional de este año para destinar al menos un 2% de las partidas a la financiación pública de la investigación, el desarrollo y la innovación, tal y como reclamaba el Grupo Socialista en una proposición no de ley que fue rechazad con los votos de PP y Vox. El diputado socialista Jorge Gutiérrez recordó que la Ley de Ciencia aprobada la pasada legislatura establecía ese objetivo vinculante que no se ha cumplido. Para el popular Álvaro Aguirre, el PSOE está exigiendo ahora lo que no se aplicó cuando Pablo Zuloaga estaba al frente del departamento de Universidades. «Vienen con una carretilla de deberes para el Gobierno actual en un área en el que ustedes suspendieron», justificó Aguirre. El otro punto de la propuesta socialista consistía en la creación en el plazo de tres meses de un primer borrador del reglamento que desarrolle la norma. El PP también lo rechazó alegando que no hay tiempo porque Zuloaga «no dejó nada hecho» cuando dejó la Consejería.
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