PRC y PSOE evitan que el Parlamento repruebe a la ministra Raquel Sánchez

Defendida por los populares, esta propuesta parlamentaria apenas sirvió para comprobar que el Gobierno de Cantabria se ha dado definitivamente por satisfecho con las explicaciones, las disculpas y las soluciones ofrecidas por la ministra Sánchez. De lo contrario, los regionalistas no hubieran votado lo mismo que sus socios socialistas. Y eso es justamente lo que no ocurrió.

La iniciativa incluía cuatro puntos, los dos primeros pidiendo al Parlamento que acordara la reprobación de la ministra Sánchez «por la gestión que, desde su departamento, se ha hecho del expediente para la adquisición de 31 nuevos trenes para el servicio ferroviario de Cercanías en Cantabria y Asturias» y «por ocultar, engañar y mentir a la opinión pública de Cantabria sobre los problemas generados en el citado expediente».

Además, el PP pretendía que la Cámara autonómica instara al Gobierno de Cantabria a iniciar «una investigación interna y depurar responsabilidades por el deficiente seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Transportes», y exigiera a este departamento «presentar un documento en el que se desarrolle el método de trabajo previsto para hacer efectiva la gratuidad del servicio de Cercanías en Cantabria y Asturias, más allá de los bonos que ahora se emiten para los usuarios de toda España».

Y todo esto, en resumen, porque después de celebrarse la reunión entre la ministra y los presidentes de Cantabria y Asturias «no tenemos absolutamente nada», dijo contrariado el portavoz popular, Íñigo Fernández. «Sólo les han dicho que trabajarán para que los trenes lleguen lo antes posible, que no parece esa una fecha muy concreta, y que van a ser gratis, pero sin rubricarse esto en un documento que lo garantice si la ministra no sigue en el cargo».

Negando que esto sea así, co-mo decía el diputado popular, el socialista Javier García-Oliva y el regionalista Pedro Hernando le recordaron la existencia de «un documento» en el que se plasman todas las exigencias de Cantabria, y de Asturias también, en relación al polémico asunto de los trenes así como los compromisos adquiridos por Madrid en este sentido.

De este modo, Hernando precisó que entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Transportes «hay firmado un acuerdo en el que se determina que los trenes se pondrán en marcha en el primer semestre del año 2026 y que se creará un comisionado para velar por el cumplimiento del contrato».

«Eso garantiza que esta vez se cumplirán los compromisos. «¿O qué se cree?, ¿que ese documento lo ha firmado Rajoy?», ironizó Hernando.

Con idéntico escudo, el documento rubricado por Sánchez, salió a defender la postura socialista García-Oliva, que, en su caso, recordó al portavoz popular que «Raquel Sánchez ya vino a Cantabria a dar la cara, a pedir disculpas y a articular soluciones» y, de otro lado, «ha cesado a cargos al más alto nivel» tal y como le exigieron los presidentes de Cantabria y Asturias.

Para PRC y PSOE, esto es suficiente como para oponerse a la propuesta del PP, que solo obtuvo el respaldo del resto de los grupos en la oposición parlamentaria. De Vox, de acuerdo en reprobar a la ministra de Transportes «por el daño que ha causado a los cántabros», y de Ciudadanos, para el que esto de los trenes es «una estafa piramidal de los gobiernos de España y de Cantabria, con la diferencia de que allí hubo dimisiones y aquí siguen tocando el violín».

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatió ayer hasta dos proposiciones no de ley relacionadas con el transfuguismo, una llevada por el PSOE, la otra presentada por el PRC, y ambas resueltas favorablemente tras sendos debates en los que todos los diputados portavoces –todos, sin una sola excepción– anduvieron más preocupados por sacar los cadáveres que guarda el otro dentro de su armario que por contribuir a articular los mecanismos adecuados para intentar evitar que se produzcan este tipo de prácticas.

No por esperado dejó de sorprender el paupérrimo argumentario de Pedro Hernando (PRC), de Íñigo Fernández (PP), de Noelia Cobo (PSOE), de Félix Álvarez (Ciudadanos) y de Cristóbal Palacio (Vox) para defender la postura de sus partidos en las dos iniciativas que se debatieron y que se resumieron básicamente en el 'y tú más'.

Una la presentaron los socialistas planteando al Parlamento que inste a las distintas formaciones con representación allí a «no beneficiarse de los votos de las personas consideradas tránsfugas de acuerdo con el Pacto Antitransfuguismo para construir, mantener o cambiar las mayorías en los gobiernos locales». Asimismo, exhortaba a que no incluyan a tránsfugas en futuros órganos de gobierno.

Entre acusaciones cruzadas, esta iniciativa salió adelante con los votos a favor de PRC y PSOE, con los que se alineó Ciudadanos, la abstención del PP y los votos en contra de Vox.

La otra la llevaron los regionalistas, en muy similares términos a la de su socio de gobierno, pues instaba a todos los partidos, coaliciones o agrupaciones que presenten listas electorales en las próximas elecciones de mayo «a cumplir los contenidos del Pacto Antitransfuguismo y no incluir en sus listas a políticos tránsfugas sea cual sea el partido al que pertenezcan».

Una continuación del anterior, el debate no dio para mucho más. Que si «se han visto actitudes sospechosas protagonizadas por los mismos de siempre», dijo Cobo, a la que Fernández recordó los casos de Jerez de los Caballeros, Badajoz o Sanlúcar de Barrameda. Que si «el PP no está en el Pacto porque utiliza tránsfugas», replicó Álvarez en alusión a la moción de censura en Murcia. Que si «el PRC sacó los presupuestos con el voto de Carrancio». Que si...

El diputado popular Roberto Media se subió ayer al atril del Parlamento de Cantabria para interpelar al consejero de Industria, Javier López Marcano, sobre las actuaciones realizadas y sobre los criterios adoptados en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la conocida como 'mina de Reocín', «ese proyecto estrella del Gobierno de Miguel Ángel Revilla que iba a ser el acabose para la comarca del Besaya, que nos iba a convertir en la nueva California y que, al final, se está pareciendo bastante más a un vodevil que a todo eso».

En concreto, Media quería saber «qué se ha avanzado en este proyecto».

Empezando por admitir que las expectativas generadas en torno a la mina «no se han cumplido... de momento» y que no sabe «si se van a cumplir en un futuro inmediato», López Marcano aseguró a Media que los proyectos siguen teniendo una vida. «Algunos de ellos al menos», matizó el consejero de Industria, que quiso reseñar que ninguno de estos planes implican inversión pública.

En este sentido, el consejero incidió en el interés inversor mostrado «reiteradamente» por la empresa australiana Variscan, «que debe ser idiota porque ha venido aquí a Cantabria a invertir y a gastar dinero baldíamente y ya lleva invertidos 2,5 millones de euros en este proyecto» y que «no contenta con haber estado investigado durante tres años viene ahora y nos solicita una prórroga para seguir investigando durante otros tres años más. Porque son reincidentes y porque les sobra el dinero».