La primera víctima de la guerra fiscal

Dos semanas de choques constantes entre el Estado y varios territorios y entre populares y socialistas en una guerra que no se explica sin la cercanía de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Así está el tablero nacional, pero antes de que se desencadenara esta batalla fiscal a gran escala, hubo una curiosa escaramuza por este mismo motivo en Cantabria. Duró apenas tres días. Desde que un jueves de principios de abril la exconsejera de Economía, María Sánchez, anunció una bajada «progresiva» del IRPF para paliar las consecuencias en los precios de la invasión de Ucrania hasta ese mismo domingo, cuando el Gobierno de Cantabria confirmó que había rechazado la iniciativa y que esta había presentado su dimisión. Menos de una semana hasta que se cerró la crisis, pero en los prolegómenos de la gran guerra fiscal se produjo la primera víctima –política– y hasta ahora la única del conflicto.

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María Sánchez cayó en el campo de batalla. Víctima de fuego amigo, el de sus propios compañeros del Consejo de Gobierno. Pese a que el mismo jueves que lo presentó ambas formaciones salieron en sus redes sociales a presumir de la medida, tanto PRC como PSOE despreciaron después su plan, que suponía un ahorro medio de 154 euros por contribuyente y que tenía un impacto de unos 28 millones en reducción de ingresos a las arcas públicas. No era lo mismo que la deflactación que pide la oposición en la región –y que el Ejecutivo rechaza–, pero con consecuencias no muy diferentes. Lo rechazaron porque «aceptarlo pondría en riesgo los ingresos de la comunidad en un momento muy complicado». El PSOE dijo que «chocaba con su discurso nacional»porque comprometía el sostenimiento de servicios públicos, el mismo argumento que hoy utiliza La Moncloa para criticar las propuestas de autonomías del PP.

«La consejera dimite al constatar el riesgo para la financiación de Cantabria de su plan de bajar el IRPF», dijo entonces Pablo Zuloaga, que agradeció a María Sánchez que asumiera con su renuncia «una responsabilidad pocas veces vista en Cantabria» y avanzó que su medida no se aplicaría porque «no es buena para garantizar la prestación de servicios».

Quizás por aquella mala experiencia, ahora los dos socios del bipartito son estos días tan cuidadosos a la hora de pronunciarse sobre este asunto. Revilla no impone su autoridad para ordenar una bajada de impuestos, sino que anticipa que el Gobierno lo está estudiando. Y Zuloaga evita confirmar si la iniciativa parte de un ala del Ejecutivo o de la contraria. Solo confirma que, «evidentemente», cualquier decisión que llegue se tomará con el visto bueno de ambas partes. Medida que no tiene por qué afectar al IRPF, como la de la exconsejera. Puede llegar a otros impuestos con menor peso específico o incluso a tasas. Eso es lo que anunció ayer Extremadura –tocar las tasas– y lo que ya hizo Cantabria hace unos meses. Frente a los 28 millones de impacto de la medida de María Sánchez, esta supuso una reducción de recaudación de unos tres millones.

La batalla fiscal regional –que reproduce la nacional– es esta vez solo la lógica: entre Gobierno y oposición. Toda la oposición en Cantabria tiene una postura similar. Y en el caso del PP, la bajada de impuestos no es una propuesta coyuntural, sino que está en su ADN. Pide lo que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura.