Los profesionales demandan mejoras en la prevención y en los protocolos contra el acoso

«Lo que ha sucedido es realmente grave y nos pone a todos en alerta para ver qué es lo que ha pasado: aquí, claramente, ha fallado la prevención», admite Paz Civit, presidenta de la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Cantabria (Apoecant).

«Ha habido testimonios que decían que ya se sabía; ha habido un silencio tácito, que es lo que más preocupa: cuando el acoso se sostiene en el tiempo es porque los compañeros no se atreven a verbalizar. Lo que se percibe desde el servicio de Orientación es que hay que trabajar el clima de confianza, que confíen en los adultos y se sientan tutelados. Para mí es eso en lo que hay que fijar la mirada».

Civit subraya que en este caso «aparecen factores de riesgo pro todos los lados: me parece muy grave por la edad de los chicos, porque la víctima es una persona con discapacidad, porque lo graban en vídeo y lo difunden, porque son varios... Esto ha podido suceder en otras ocasiones, pero no juntándose tantas variables».

«Con 15 y 16 años ya hay ahí un criterio y una intencionalidad, y hay que ver claramente en estos chicos factores personales de riesgo que les hayan llevado a hacer esto, porque no se trata de algo accidental. Es también muy grave que haya habido un vídeo que se ha grabado y difundido: los chicos, a estas edades, conocen los delitos, y me sorprende que ellos mismos hayan mandado el vídeo de la agresión, es una conducta más propia de personas más jóvenes», explica, recordando que los alumnos, con doce años, ya saben las consecuencias de grabar este tipo de acciones. «Veo mucha inmadurez, mucho trabajo por hacer».

¿Qué hace falta para evitar casos así y mejorar la respuesta cuando se produzcan? «Creo que lo que ha fallado en esta ocasión es la confianza, confiar en los adultos para pedir ayuda y generar espacios de protección y apego. Hay que establecer cauces con los alumnos para que sientan que su entorno es un espacio seguro; deben sentirse seguros en el espacio en que pasan tantas horas, y esto es válido para los casos de acoso o prevención de suicidio: algo ha fallado para que nadie se atreva a hablar habiendo vivido algo tan traumático».

Una mayor y mejor formación sería un primer paso, en opinión de la presidenta del colectivo de orientadores. «Lo que ha ocurrido nos pone sobre aviso y nos muestra que hay mucho por hacer. La Consejería de Educación ya está dando pasos en este sentido, pero aún hace falta más formación, que el Equipo de Alteración de las Emociones y de la conducta, cuyo valor reconocemos, disponga de más recursos. En Educación, además, el tiempo siempre nos lleva por delante: nos falta tiempo para sentarnos, hablar con los alumnos, dar prioridad a estos temas, parar las clases. Hay que establecer cauces para que las tutorías se trabajen, que los espacios del aula con el tutor sean seguros y de confianza, y en eso sí podemos trabajar».

También habla de tiempo al referirse a los plazos para responder a casos como éste. «Para tener un entorno escolar seguro y no revictimizar, lo primero que hay que ver es cómo vive la víctima el hecho de estar en clase con estos compañeros. Se pueden llegar a normalizar las cosas, y los centros educativos a veces tienen unos plazos que nos superan: como mínimo, hay que esperar un mes para expulsar a alguien. Quizás, en un caso como éste, convendría revisarlos, cuando se produce una agresión física, con una situación de inferioridad de la víctima por su discapacidad, incapaz de defenderse... Eso hay que revisarlo».

La presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, Lourdes Verdeja, afirma que el centro educativo no ha actuado correctamente, «porque dispone de recursos para cambiar de clase a los agresores y evitar así que la víctima tenga que convivir con ellos. Tampoco estoy de acuerdo con que la víctima tenga un cuidador, cuando son los agresores quienes deben tener esa supervisión: eso es una forma de revictimizar».

«Los protocolos que se siguen son burocráticos, lentos y estigmatizantes para las víctimas, y se dilatan mucho en el tiempo. Además, no se trabaja en la reparación del daño de las víctimas, ni en la reeducación de los agresores, algo totalmente imprescindible».

Según Verdeja, esta tardanza en la resolución de los procesos es la causa de que haya directores de centros que desistan de abrirlos. «Se quejan de un exceso de burocracia en los casos de acoso escolar, y hay quien se niega a iniciarlos, porque de qué sirve un protocolo si después no se ven los resultados». «Pienso que los profesores tienen que salir y hablar y reivindicar: deberían hacer peticiones no sólo de sueldo, sino también de eliminar burocracia. Debería haber un equipo multidisciplinar que se ocupara de estos casos, no que se resolvieran mandando un mes a casa a los chavales. ¿Que se han metido con este chico? Pues que vayan a realizar trabajo social a un centro de menores con discapacidad; también se podría actuar así en casos de consumo de sustancias, de alcohol... Hay muchos colectivos y asociaciones que recibimos subvenciones del Gobierno, ¿por qué no utilizarnos para esas tareas de reeducación?».

José Antonio Ortiz, jefe de Inspección de Educación, reconoce que desde la Consejería se está pensando en actualizar y mejorar el protocolo antiacoso, aunque defiende su utilidad. «Es un instrumento con que cuenta Educación ante los indicios que apunten a un posible caso de acoso. No es, sin duda, el instrumento perfecto, y se está pensando en revisarlo, porque cualquier protocolo, y éste lleva ya un tiempo en vigor, precisa de una actualización. No obstante, sí ha servido durante todo este tiempo para despertar conciencias y darse cuenta de que en ocasiones los alumnos están sometidos a situaciones que pueden ser no sólo de acoso físico, sino también psicológico o moral. Los centros son cada vez más sensibles a estos problemas, y se abren protocolos para aclarar los hechos: es una vía, una ayuda a los centros para constatar que hay un alumno que sufre hostigamiento por parte de otros compañeros».

¿Cómo se explica que, en este caso, la víctima y los agresores sigan compartiendo clase? «Cuando se conocieron los hechos, se abrió de forma inmediata expediente disciplinario a los alumnos que se identifican en el vídeo, con la finalidad de imponer algún tipo de medida ante unos hechos muy graves, con una agresión a un compañero que tiene una situación de vulnerabilidad especial. A continuación lo que se produce es una denuncia por parte de la familia ante la Fiscalía por la agresión y la posterior publicación del vídeo: desde el punto de vista jurídico, cuando hay denuncia en vía penal la Administración tiene que paralizar cualquier tipo de procedimiento disciplinario abierto en los centros educativos: hay que paralizarlo porque se podría sancionar a ese alumno por unos hechos que va a ser la Justicia la que diga si son constitutivos o no de infracción». «Lo que sí se puede mantener activo es el protocolo de acoso, para verificar si este chico era objeto de este tipo de actos de manera puntual o si se estaban repitiendo a lo largo del tiempo, que es cuando se considera acoso».

Ortiz insiste en que en cualquier procedimiento disciplinario, el alumno contra el que se abre tiene unas garantías y posibilidad de defensa. «Es cierto que, depende de la perspectiva con que se mire, puede ser un procedimiento garantista, pero no puede ser de otro modo, aunque en este caso hay claramente una víctima, el más vulnerable».

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