El Gobierno central zanja la crisis del ferri con nueve policías portuarios ya previstos

¿Qué medidas concretas anunciaron para atajar el problema de la seguridad? La incorporación de nueve agentes de Policía Portuaria y «máxima celeridad en la finalización de la valla y las medidas de protección tecnológica del recinto portuario». Respecto a la valla, ninguna novedad. Quedan dos tramos –dos puntos débiles por los que se están produciendo buena parte de los saltos ahora mismo– que ya han salido a licitación por 60.000 euros. En cuanto a las medidas de protección tecnológica, no se especifican. Y para saber el efecto de la incorporación de nueve agentes a la Policía Portuaria, este periódico sólo encontró ayer una respuesta. Fue entre los sindicatos. La representación de UGT en el puerto (es el mayoritario) valora de forma «muy positiva» cualquier avance, pero recuerdan que «cuatro plazas estaban ya convocadas y las otras cinco tienen que ver con las asignadas a Santander con motivo del 'Brexit'» –dentro de las que se han asignado a los diferentes puertos–. Los representantes de la plantilla entienden que estas incorporaciones servirán para que «la Policía Portuaria pueda organizar mejor sus servicios» (ahora hablan de dificultades para las libranzas, por ejemplo), pero recuerdan que este Cuerpo sólo «puede detectar y dar aviso a la Guardia Civil». Y de personal o de medios para Guardia Civil o Policía Nacional no se dice nada en la nota. El encuentro, según el texto, sirvió «para plantear la mejora de la coordinación y el compromiso de aumento de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la protección y seguridad del recinto portuario», pero sólo se concretó ese aumento en los nueve agentes de la Policía Portuaria.

«La reunión sirvió –se indica– para conocer la situación actual, plantear los nuevos escenarios y fijar premisas de coordinación y actuación por ambas partes que, de forma inmediata, se pongan en práctica». También para anunciar que mañana se reunirá «el Comité Consultivo de Protección del Puerto» para «repasar, actualizar e impulsar el protocolo de seguridad» (un protocolo bien valorado desde UGT).

Pero, con lo comunicado, es difícil saber qué van a poner en marcha realmente. Sobre todo si se compara con lo que sí ha trascendido que efectivamente se puso en marcha en el Puerto de Bilbao para frenar los intentos de colarse (cabe recordar que Brittany Ferries basa su decisión en que en la comunidad vecina, dicen, sí se han tomado medidas). Allí, lo más llamativo fue la construcción de un muro de hormigón de cuatro metros de altura que supuso una inversión de unos 250.000 euros (algo impensable en Santander porque el puerto, aquí, está en el corazón de la ciudad y no en las afueras, como allí). Pero, al margen de la pared –y recurriendo a la hemeroteca de lo que han publicado los medios de la comunidad vecina–, en las instalaciones vascas se blindó la red de alcantarillado (se sellaron los accesos) al detectar varios intentos por esa vía. Además, en estos últimos meses se ha hablado en los medios de comunicación del uso de escáneres, perros, cámaras cenitales, sensores de movimiento o detectores de anhídrido carbónico. También de mayor presencia policial y mejor coordinación. O del desmantelamiento, en varias ocasiones, de los campamentos en los que permanecían los migrantes. Incluso, de la instrucción a los transportistas para que no se detengan en la distancia que recorren en la hora previa a llegar hasta el puerto. De hecho, en octubre de 2018 El Correo publicaba que a una plantilla de 70 agentes de la Policía Portuaria se sumaban patrullas de refuerzo de la Guardia Civil procedentes de la investigación del fraude fiscal.

Eso último, aunque no ha trascendido, también se está haciendo aquí, como publicó ayer este periódico. Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Polanco y Santoña se trasladan al puerto los días que opera el ferri y las jornadas previas. Porque trascender ha trascendido muy poco. Si acaso, una presentación a bombo y platillo a finales de 2018 de dos unidades móviles de fronteras que iban a actuar puntualmente en los dos puertos, en Santander y Bilbao (y allí mismo se decía que, sobre todo, lo que se pretendía era mandar un mensaje a los grupos organizados). Por lo demás, se sabe –también por indagaciones de los periodistas– que agentes de la Brigada Central de Lucha contra la Inmigración Ilegal de la Policía Nacional operan en ocasiones en Santander. Estos días, incluso, El Diario ha podido saber que se ha contado con guías caninos. Y a esto hay que sumar lo que sí se ha hecho público en cuanto a la elevación de la valla de seguridad.

Así las cosas (y sin poder confirmar que esas medidas que se tomaron en Bilbao se toman ya o van a tomarse aquí ante el silencio sepulcral que mantienen las partes), toca esperar. Justo esa es también la postura oficial del Gobierno de Cantabria. El consejero Francisco Martín estuvo en la reunión en calidad de vicepresidente del puerto. En ese sentido, se limitó a decir que los interlocutores son la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado y que debe respetar su papel. Preguntado, en todo caso, por la postura del Ejecutivo respecto a las decisiones adoptadas, sí aseguró que «el Gobierno esperará a comprobar la efectividad de las medidas acordadas entre Delegación y Puertos del Estado cuando entren en marcha y se pueda comprobar cómo evolucionan».

Toca esperar. De entrada, hasta la reunión de este viernes y, en adelante, hasta que se sepa qué medidas han tomado. Y también toca esperar para ver si el manguerazo que dio el martes en Santander Salvador de la Encina (presidente de Puertos del Estado) ha sido suficiente para apagar el fuego en la relación entre la Autoridad Portuaria y la Delegación de Gobierno.