Real accede a enviar el informe del SCS a la Fiscalía, aunque insiste en que es «provisional»

La Intervención General de Cantabria remitirá a la Fiscalía el informe que pone de manifiesto irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud. Así lo ha dicho hoy la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha explicado que si no se había remitido aún es porque se trata de un informe «provisional» y porque lo que se desprende de su lectura es la existencia de «incidencias contractuales».

El documento, pendiente de alegaciones por parte del SCS, se remitirá «sin ningún problema» al Ministerio Público tras haberlo solicitado este. La consejera ha defendido que no se había dado traslado del mismo directamente a la Fiscalía porque el interventor concluye que hay «incidencias contractuales» que son «menores en importancia y número» si se comparan con las que aparecen en informes previos y definitivos, de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, años en los que el Gobierno autonómico y la Sanidad estuvieron bajo el mandato del PP.

Como ejemplo se ha referido a las obras de la farmacia del hospital de Laredo, que se adjudicaron a una única empresa y se partieron en 16 contratos menores, con facturas que fueron tramitadas, todas ellas, en diciembre de 2012 mientras que los trabajos se ejecutaron en 2013.

Según Real, en ese momento se determinó que esta manera de proceder era una incidencia contractual, mientras que ahora «se quiere montar artificialmente un escándalo y que además dure el mayor tiempo posible».

Real ha reiterado que no dimitirá de su cargo porque cree que no tiene motivos para hacerlo. De esta forma ha respondido a las afirmaciones de la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha dicho que el Gobierno «se está poniendo la soga al cuello» con el «escándalo» de las contrataciones en el SCS y le ha advertido de que le espera «un otoño muy caliente» si no destituye a Real, quien a su juicio sigue en el cargo porque tiene a Revilla como «coartada».

La consejera de Sanidad ha reiterado que las responsabilidades políticas por las supuestas irregularidades denunciadas habrían quedado «solventadas», «en el caso de que las hubiera», con las dimisiones del subdirector de Gestión Económica del SCS, responsable de la contratación administrativa y de su jefe directo, el gerente de este servicio.

En cualquier caso, y pese al carácter provisional del informe del interventor, la consejera socialista ha remarcado de nuevo que «la mayoría» de los contratos del Servicio de Salud se han realizado cumpliendo la normativa vigente, tanto los mentores, como los negociados y los abiertos.

Y de todas formas, ha sostenido, los informes de control financiero se realizan para detectar errores o incidencias con el objetivo de introducir mejoras.