El PRC registra una enmienda a los presupuestos por el soterramiento de las vías de Torrelavega

Revilla ve «fatal» que no se incluya en las cuentas esta partida, que debería ser de 1,6 millones de euros según el convenio firmado entre Gobierno central, Gobierno regional y Ayuntamiento, y ha rechazado las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que justificó que no se incluye esa dotación este año por los cambios propuestos por parte del Consistorio para incluir en el proyecto un aparcamiento subterráneo que habría modificado los plazos.

«La delegada no está bien informada», ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional, explicando que el retraso se debe a que, por la pandemia del Covid-19, ha habido una «paralización de casi un año y medio» de los informes de impacto ambiental que tiene que emitir el Gobierno central, por lo que «el problema no está en Torrelavega, está en Madrid».

Así, el presidente confía en que todavía hay posibilidad de que el año que viene se pueda comenzar la obra. «Suponemos que ha sido un olvido y esperemos en los próximos días ver reflejada la partida», ha dicho en el Pleno del Parlamento de este miércoles, en respuesta a preguntas de Ciudadanos por este asunto.

Por otro lado, tanto Revilla como los grupos parlamentarios han abordado en la sesión de hoy los índices de pobreza en la región, a petición del PP. En concreto, el Pleno ha rechazado una moción de los 'populares' relativa a criterios para revertir la subida «exponencial» de cántabros en situación de pobreza que revelan los últimos informes de Cáritas, la Fundación FOESSA y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que se sitúan en la actualidad en 138.200 personas, 25.000 más que hace un año, de los que 25.615 están en una situación «muy grave».

El PP proponía aprobar un plan de acción para la inclusión social en Cantabria que incluyera líneas de actuación en todos los departamentos del Gobierno, en colaboración de las entidades públicas y privadas que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, para conseguir reducir la tasa de pobreza en Cantabria en al menos 40.000 personas en los próximos tres años.

Asimismo, solicitaba tramitar de forma anticipada todas las convocatorias de ayudas que tengan como objetivo la inclusión social en el primer trimestre de 2022, y reclamaba al Gobierno de la nación que transfiera a la comunidad autónoma la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La portavoz del PP, Isabel Urrutia, ha indicado que según los últimos datos publicados, a día de hoy la región ha recibido 13.523 solicitudes del IMV, de las que 3.756 se han aprobado, 8.163 se han denegado y 1.101 están pendientes de resolver.

Los partidos que sustentan el Gobierno, PRC y PSOE, que han rechazado la moción, han recordado que «el mayor» índice de pobreza en la región se dio en 2014 con el PP en el Gobierno y han señalado que «ya hay una propuesta de futuro» y el IMV es competencia estatal. La iniciativa tampoco ha contado con el apoyo de Vox, que ha criticado que los datos citados «no corresponden con la realidad de Cantabria».

Por el contrario, Cs coincide con los 'populares' en la necesidad de crear un plan de lucha contra la pobreza «sin demora» y cree que es el momento de desarrollar políticas sociales y aprobar esta moción supone «un primer paso», por lo que ha apoyado la propuesta.

Y durante el turno de preguntas ha sido cuestionado por este asunto el presidente de Cantabria, que ha reconocido el aumento de personas en situación de vulnerabilidad en la región, pero ha asegurado que se están llevando a cabo medidas paliativas.

Además, ha destacado que se van a consignar en 2022 un total de 449 millones de euros para Empleo y Políticas Sociales en los Presupuestos de Cantabria (PGC), 49 más que este año.

Tampoco ha salido adelante otra moción que han llevado al Pleno los 'populares' para rechazar que se ubique la futura depuradora de Vuelta Ostrera en Cortiguera.

La iniciativa solo ha contado con el apoyo de Cs, mientras que Vox se ha abstenido y PRC y PSOE la han rechazado con su mayoría absoluta argumentando que el Parlamento ya aprobó por unanimidad otra iniciativa en la que se acordaba pedir al Gobierno central que la decisión de la ubicación de la depuradora se tomara exclusivamente en base a criterios técnicos y sin injerencias políticas.

Por ello, han pedido dejar que sean los técnicos quienes lo determinen, ya que «todos los emplazamientos tienen inconvenientes y tienen ventajas».

Tampoco ha recibido el apoyo de la Cámara una moción de Vox que planteaba instar al Gobierno central a suprimir los impuestos que gravan la factura de la luz y que fueron establecidos para asumir los costes del desarrollo de las energías renovables, suponiendo «un riesgo cierto» para la supervivencia de las empresas electrointensivas.

También pedía al Ejecutivo autonómico crear una línea de crédito avalada por Sodercan o ICAF, de 150 millones de euros, que permita la financiación a pymes del equivalente a cuatro recibos consecutivos de consumo eléctrico.

El diputado Cristóbal Palacio calcula que en 2021 se va a aumentar en unos 15 millones de euros la recaudación que Cantabria va a recibir de este impuesto sobre la luz, un presupuesto «imprevisto» que ha propuesto destinar a costear esa línea de crédito.

Tanto los partidos del Ejecutivo autonómico, PRC y PSOE, como los de la oposición, PP y Cs, han rechazado la moción. Socialistas y regionalistas han afirmado que el Gobierno central ha bajado «todos» los impuestos que se aplican a la factura eléctrica y el autonómico está haciendo «lo correcto», mientras que Cs ha considerado que esta propuesta es un «sinsentido» y «no lleva a ningún lado».

Asimismo, el PP ha vuelto a exigir al Gobierno de Cantabria que condicione su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a una resolución urgente a los problemas de las electrointensivas.