Las residencias rechazan los cambios del reparto de farmacia que plantea Sanidad

Por eso, las asociaciones FED, Lares y Aeste han trasladado su «preocupación» a la Dirección General de Farmacia de la Consejería por las posibles consecuencias de implantar el nuevo modelo (en aplicación del real decreto 16/2012, de 20 de abril) «cuando aún no hay suficientes garantías de que vaya a funcionar». De entrada, exponen, porque los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), «hoy por hoy, no tienen recursos para asumir la dispensación de fármacos de todas las residencias de más de cien plazas». Y cabe recordar que el borrador para desarrollar esa norma nacional establece que los grandes centros deberán habilitar una farmacia propia o, en su defecto, delegar esas funciones en la del hospital más próximo. Una teoría que, teniendo en cuenta el déficit de farmacéuticos hospitalarios y el coste de instalar una botica, les conduce directamente a la segunda opción.

Precisamente es ahí donde las asociaciones ven el primer escollo: «No vemos factible la capacidad del Servicio Cántabro de Salud. ¿Puede la farmacia de Valdecilla ocuparse del reparto de medicamentos de todas las residencias de Santander?». Aunque la Consejería habla de «un periodo de tránsito de tres años», el sector insiste en que «no debería aprobarse algo que no se sabe cómo se va a aplicar. Que lo publiquen cuando dispongan de todos los recursos necesarios».

Los empresarios de la dependencia aseguran que «bastantes problemas tenemos, de los que queremos informar a la presidenta de Cantabria, como para ocuparnos de quitarle la gestión de la medicación a una farmacia para darlo en beneficio de otra».

En las alegaciones presentadas al documento, el sector reclama que «el suministro de la medicación en los centros de asistencia social de Cantabria sea efectuado en su totalidad por las oficinas de farmacia al objeto de que se realice de un modo personalizado mediante su distribución en unidosis por persona usuaria».

Considera que así se puede responder de forma más eficiente a las incidencias que surgen en los centros, en los que la atención abarca las 24 horas, como los cambios de medicación, servicios de urgencia o pacientes que vuelven a la residencia tras su hospitalización con nuevos tratamientos. Al hilo de esto, las asociaciones defienden, como también han reivindicado los farmacéuticos que ven amenazado su futuro con el cambio de directrices, que «Cantabria sea considerada como un área farmacéutica única» y las residencias tengan libertad de elegir la botica con la que acuerden esa dispensación. Un asunto clave puesto que en el documento en ciernes se recoge que los centros de menos de cien plazas han de llegar a convenios de colaboración con las farmacias ubicadas en su municipio.

Esta modificación rompería la colaboración existente ahora entre las residencias y las boticas que no cumplan con ese criterio de proximidad, aunque ambas partes estén satisfechas con el servicio y «la seguridad y trazabilidad de los medicamentos dispensados estén garantizadas». Un argumento que coincide con el expresado días atrás por los farmacéuticos agrupados en la Asociación Rebotica, que se oponen al modelo que plantea Sanidad porque «vulnera la libertad de empresa y la libre competencia». «Si nos quitan las residencias, nos hunden», lamentaba una de las farmacéuticas perjudicadas en declaraciones a este periódico.

Desde las residencias piden al Gobierno regional que «determine un procedimiento de acuerdo o convenio por el que todos los centros, independientemente de su número de plazas, tengan un depósito de medicamentos que debería poder ser el de la residencia o el de la oficina de farmacia, y así evitar la figura de farmacia hospitalaria en los centros de asistencia social». Asimismo, reclaman que se fije «un sistema de acreditación de farmacias, cumpliendo estándares mínimos necesarios con el fin de garantizar la seguridad e igualdad en el funcionamiento de los centros» y que «el propio decreto regule los convenios de colaboración».