El reto de resolver la crisis de la Justicia

El recién estrenado Gobierno del Partido Popular ha declarado la guerra a la burocracia y se ha echado a la espalda la difícil tarea de mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración. De ello se encargará la recién renombrada Consejería de Presidencia,Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, que capitanea Isabel Urrutia. La Justicia será una buena piedra de toque para que el PP elabore con éxito la receta prometida. La crisis endémica y cronificada en la que vive este servicio público se ha acentuado aún más durante el presente año con las diferentes huelgas que han ralentizado aún más la ya de por sí lenta respuesta judicial. La excesiva carga de trabajo por la falta de jueces y un nuevo modelo estructural, junto a las demandas salariales de los diferentes trabajadores, están acentuando las demoras en la resolución de conflictos. Para poner la guinda a la tarta, la modernización digital será otro de los grandes retos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, la Justicia sigue siendo de 'papel'. Un atraso que sólo se puede solucionar con más medios técnicos y humanos.

Urrutia asume el compromiso adquirido por su antecesora, Paula Fernández (PRC), de dar un paso adelante para intentar desbloquear esta crisis permanente. La partida de los Presupuestos de 2023 ya fue toda una declaración de intenciones: 48,4 millones sólo para Justicia –la más alta desde que la región asumió las competencias en 2008–. Para personal, un 9,4% más: 28,1 millones.

Bajo estas premisas, la popular toma el relevo. Ahora dispone de cuatro años para cumplir el compromiso. El principal problema que tiene la Justicia en España –y, por extensión, en Cantabria– es la demora en la resolución de los pleitos. El porqué se debe a diversos motivos, pero la crisis se ha visto acrecentada enormemente durante la primera mitad del año por las sucesivas huelgas que ha llevado a cabo el personal de los juzgados y los tribunales, reclamando mejoras retributivas y también laborales.

Obviamente, eso ha aumentado aún más el atasco. Hay un dato revelador. La primera de las protestas, la de los letrados judiciales, provocó un descenso de casi un 11% en la resolución de pleitos y el número de asuntos que ingresaron bajó aún más, un 15,5%. Eso sólo hasta el 31 de marzo, según los datos del último informe trimestral elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los órganos judiciales. Los juzgados cántabros tardan en resolver los asuntos una media de seis meses –los abogados se quejan de que en realidad son mucho más–. Al final del primer trimestre, había pendientes 36.985 causas, un 6% más que en 2022.

Son cuatro los pilares en los que descansa el problema endémico de la Justicia. Los trabajadores se quejan de la elevada carga de trabajo que soportan. Faltan jueces, pero también órganos judiciales. En Cantabria, afirman los trabajadores, el exceso es «superior» al que establece el CGPJ. Especialmente, en los juzgados de primera instancia y en algunos de segunda. La jurisdicción civil es de la que más procedimientos acumula, sobre todo debido a la explosión de las cláusulas suelo de las hipotecas. También la jurisdicción social a raíz de la pandemia que ha demorado en exceso los señalamientos.

La única solución ante este problema es reducir el número de causas que entran los juzgados. ¿Cómo? Ahí es clave la mediación, que en Cantabria sólo se aplica en Santander cuando el caso está judicializado. Pero si esta herramienta no termina de calar, no queda más remedio que aumentar el número de jueces y órganos judiciales. En su memoria, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera imprescindible crear un nuevo juzgado de primera instancia en la capital y otro más en San Vicente de la Barquera. Además, ve imprescindible un segundo juzgado mercantil y reforzar la Audiencia Provincial con dos nuevos magistrados –uno para Civil y otro para Penal–. También reclama para las sedes judiciales de Santander y Torrelavega una cámara o sala Gesell para recabar los testimonios de las víctimas menores de edad en una ambiente adecuado y lo menos invasivo posible, especialmente aquellas afectadas por delitos contra la libertad sexual.

Mejorar los medios técnicos es el segundo pilar para insuflar vida al tercer poder del Estado. Cantabria ha dado pasos desde que adquirió las competencias. Puso en marcha el sistema informático Vereda, pero necesita un impulso. El TSJC, dentro de las necesidades de su último informe, reclama un sistema que permita garantizar la autenticidad de lo grabado en las vistas y otros actos judiciales en los que no es necesario la presencia del letrado de la Administración de Justicia. También un programa de transcripción automática para las grabaciones de los juicios y demás actos.

La reestructuración judicial es la tercera pata. Los juzgados unipersonales, propios del siglo pasado, no responden ya a las necesidades organizativas y de eficiencia actuales. Es el gran reto. Centrándonos en Cantabria, se trataría de contar con una bolsa de asuntos común para toda la comunidad autónoma, que se distribuyese entre los jueces que estén en servicio.

Las retribuciones de los trabajadores se han convertido a nivel nacional, incluida la región, en el cuarto punto de apoyo que anquilosa la Justicia. Letrados, funcionarios y jueces y fiscales consideran que su sueldo no se corresponde con la función y responsabilidad que desempeñan. Por eso se han lanzado a la calle a protestar. Los letrados consiguieron rentabilizar sus reivindicaciones y abrieron la caja de Pandora. Con los jueces y fiscales, el Ministerio llegó a un acuerdo y ahora son los funcionarios quienes han interrumpido sus protestas hasta que las elecciones de mañana determinen quién será su próximo interlocutor en La Moncloa.

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