El retraso de los protones fuerza al Gobierno a un 'plan b' para salvar el proyecto y los fondos

Pero el toque de atención surtió efecto de inmediato: Cantabria ya ha puesto en marcha un 'plan b' para salvar los fondos europeos asignados a la Unidad de Protonterapia de Valdecilla (38,5 millones) y el propio proyecto ante la posibilidad cierta de que no se haya ejecutado antes de la fecha límite fijada en la convocatoria de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), que será el último día de diciembre de 2023.

Y es que aún está pendiente la publicación del pliego para volver a sacar a licitación el proyecto, después de que en el primer intento el concurso quedara desierto al negarse las aspirantes a asumir las condiciones exigidas en el documento inicial. Y mientras tanto, el tiempo corre.

Los errores señalados por las empresas se han corregido en la nueva versión, que entre otras cosas elimina la imposibilidad de subcontratar los trabajos de construcción. En el primer pliego se obligaba a los fabricantes de la máquina a concurrir como UTE con la firma que asuma la obra, haciendo a ambas responsables del mantenimiento durante los 30 años de vida útil del equipamiento. Este fue el primer impedimento que encontraron las potenciales licitadoras, que de entrada eran cuatro: IBA, Varian, Mevion y Hitachi, aunque esta última no acudió a la visita obligatoria convocada en noviembre a las instalaciones de Valdecilla en las que se ubicará la unidad.

La otra gran queja, manifestada por portavoces de las casas comerciales el mismo día que se supo que no había ninguna oferta presentada, fue la falta de un interlocutor con la Administración, como prueba el hecho de que no tuvieran respuesta a las dudas que habían planteado en la fase de preguntas vinculantes. Así que en este nuevo intento, con la presión política que rodea al asunto y asumiendo que hay otras diez máquinas de protones previstas dentro de la sanidad pública de España –todas ellas donadas por la Fundación Amancio Ortega– que pueden complicar la carrera de Cantabria por ser la primera autonomía del país en ponerla en marcha, el Servicio Cántabro de Salud y la Secretaría General de la Consejería –ahora con Juan Carlos Rey al frente tras el cese de Virginia García– se han marcado como objetivo prioritario la nueva licitación del concurso. Esta vez con contacto directo con las compañías líderes en el sector, atendiendo a sus propuestas y confirmando que el interés mostrado por el proyecto cántabro persiste pese a que el abanico de la demanda se ha ampliado a otras siete comunidades: Madrid, Cataluña y Andalucía, con dos centros de protonterapia cada una; más los previstos en la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Canarias, gracias a la generosidad del dueño de Inditex.

Pero con el proceso congelado desde diciembre, al departamento de María Sánchez no le salían las cuentas. Razón por la que se ha forzado la solución a la que se refirió la consejera el pasado lunes en la Cámara cuando matizó su discurso, después de mantener una reunión con la Dirección del Servicio Cántabro de Salud destinada a buscar la manera de garantizar los 38,5 millones íntegros asignados a la protonterapia. La estrategia consiste en computar gastos de Sanidad generados por la pandemia que encajen en el planteamiento de estos fondos europeos –es una alternativa que ya estaba contemplada en origen– para recibir el dinero que en principio iba a financiar la llegada a Valdecilla de esta tecnología contra el cáncer. Es decir, recurrir a una reformulación para justificar dentro del plazo otras partidas compatibles para salvar los millones del REACT de la protonterapia, de tal forma que ya no llegaría el montante total de forma directa para el pago de la construcción del búnker y la puesta en marcha de la máquina, sino que se recibiría por otros conceptos ya abonados por el SCS.

De esta forma, la 'paga' de Bruselas destinada a dotar a Cantabria de la radioterapia más avanzada contra los tumores de mayor complejidad, se guardaría en la 'hucha de Sanidad' de la que se había sacado previamente el dinero para pagar esas facturas de gastos covid susceptibles de ser sufragadas con fondos de la UE. Así, se repone la caja para acabar de financiar la unidad de protonterapia sin la prisa de tenerla que estrenar dentro del plazo marcado. De ahí la tranquilidad mostrada por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que en medio de las dudas que acechan al proyecto, se ha limitado a afirmar que «se sigue trabajando en la licitación» y que «sigue adelante», sin más novedades que apuntar.

La teoría de la operación financiera en ciernes para garantizar que los 38,5 millones de los protones no se quedan por el camino la explicó María Sánchez el lunes en el Pleno del Parlamento. El montante comprometido se irá abonando por entregas a medida que el proyecto vaya cumpliendo con los hitos fijados. Y será si se teme que quede dinero pendiente de justificar al cierre de 2023 cuando el Gobierno active esta solución de emergencia, negociada la semana pasada con el Servicio Cántabro de Salud, para reformular el acceso a esos fondos. De entrada, ya se han localizado gastos por valor de 19 millones de euros que podrían recuperarse a través de esta convocatoria de ayudas. Una cantidad en la que caben facturas de suministros adquiridos para atender la demanda de la pandemia, como sería el caso de los reactivos para la realización de test PCR, o incluso las contrataciones de refuerzo de personal motivadas por el aumento de la demanda y las bajas de los profesionales infectados, por poner posibles ejemplos.

La ventaja que aún tiene Cantabria sobre el resto de comunidades autónomas que también incorporarán la protonterapia es el camino andado, con tropiezos incluidos. De hecho, el pliego del concurso público en ciernes será la base del proceso que pondrá en marcha el Ministerio de Sanidad para la adjudicación de los equipos que se comprarán con la donación millonaria de Amancio Ortega. Después, cada gobierno autonómico tendrá que desarrollar otro proceso de licitación centrado en la obra de construcción del búnker que alojará el equipo. Con los plazos que conlleva cada trámite administrativo, que tampoco están exentos de contratiempos.

Galicia que era la comunidad que, de entrada, podía competir con Cantabria en la carrera por poner en marcha la protonterapia (ya había dado pasos en ese sentido), ahora depende del concurso del Ministerio para seguir avanzando. Como todas las demás receptoras del equipamiento donado por el magnate gallego. Recientemente el País Vasco ha anunciado que su unidad se ubicará en San Sebastián, pero más allá de elegir el destino, eso tampoco implica que vaya a acelerarse la tramitación. Por eso, en la Consejería y en Valdecilla siguen confiando en que Cantabria marcará el hito de disponer de protonterapia antes que ningún otro hospital público. «En cuanto se adjudique, la obra vuela», augura Prada. Eso sí,todos cruzan los dedos para que no se tuerza nada más por el camino.