El retraso de los proyectos pone en riesgo la llegada a Cantabria de fondos europeos

Esa cifra de 171 millones está viva y crece cada semana. De forma periódica, los ministerios continúan resolviendo convocatorias y lo previsible es que siga aumentando. Lo lógico es que superen, al menos, los 188 millones de euros, la cantidad que la Consejería de Economía calculó a finales del año pasado y que figura en los Presupuestos de Cantabria para 2022. Es difícil que el ciudadano medio, que necesitaría muchas vidas para gastarse todo ese dinero, pueda hacerse una idea de lo que supone esa inyección financiera para la economía regional. Teniendo en cuenta además que ese flujo va destinado a proyectos sobre el terreno y a los sectores productivos, todos esos millones se traducirán –o eso dice la teoría– en varios puntos porcentuales de riqueza y provocarán un impacto positivo de calado en la creación de puestos de trabajo.

En el escenario ideal, Cantabria podría aprovechar al máximo ese potencial dando salida y colocando con acciones concretas todo el dinero que le ha tocado en el reparto. Lo óptimo sería que empleara el 100% de los millones que finalmente lleguen y que no tuviera que devolver nada porque no ha sido capaz de utilizarlo. Como el resto de comunidades autónomas, lo previsible es que, cuando a futuro haya que echar las cuentas, Cantabria tenga algunos fondos asignados que no se hayan podido ejecutar, pero la intención es que sean los menos posibles. Ese es el objetivo que se marcan la Consejería de Economía y la Oficina de Proyectos Europeos, que ven con preocupación el retraso que acumulan algunos departamentos del Gobierno regional.

La consejera de Economía, María Sánchez, afirma que, en este momento, las áreas que van más adelantadas y que están cumpliendo con los calendarios previstos son la Consejería de Universidades del vicepresidente Pablo Zuloaga y la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Ana Belén Álvarez. Las cinco del PRC (Presidencia, Obras Públicas, Educación, Industria y Ganadería), además de la de Sanidad, que dirige su compañero de partido Miguel Rodríguez, están bastante por detrás. De hecho, no cuentan ni siquiera con un plan antifraude y un mapa de riesgos, dos de las condiciones básicas que marcan España y Europa para acceder al dinero. De ahí que Sánchez venga insistiéndoles en las últimas semanas en la necesidad de dar pasos firmes.

«Hay mucho trabajo por hacer. Los que tramitamos habitualmente fondos europeos ordinarios sabemos que hay que sudar la camiseta para convencer en las reuniones bilaterales a la Comisión Europea de que los programas están bien hechos. Presentar muchos papeles y dar explicaciones. No vale buscar excusas, porque pierdes el dinero», señala la socialista.

La Consejería se está encargando de hacer un seguimiento de los fondos asignados. Economía hace labores de control interno, pero no «labores de coordinación ni evaluación. Son las propias consejerías las que ejecutan y administran el dinero que les asigna el Estado». Es decir, que en Cantabria no hay un órgano específico que centralice toda la información y audite los trabajos porque el propio decreto que regula el Plan de Recuperación así lo dice:«Son los ministerios los que reparten los fondos y son los ministerios y la Secretaría General de Fondos Europeos de España quien pide cuentas por cada proyecto».

Ante el riesgo cierto que detecta María Sánchez y su equipo de que la falta de avances provoque que parte del dinero no se aproveche, Economía se ha puesto a disposición de las consejerías para acelerar lo más urgente. Lo primero, para cerrar todos los planes antifraude de las consejerías.

«La de Empleo y Políticas Sociales, que está acostumbrada a concurrir a programas europeos, lo tiene desde hace cinco meses. Y vicepresidencia se adhirió al genérico que preparó el área de Universidades del Ministerio», recuerda Paz Díaz, directora autonómica de Fondos Europeos. Harán lo mismo con los mapas de riesgo, un informe que debe acompañar a cada proyecto en el que se analizan los posibles contratiempos. Por ejemplo, en el caso de una obra, lo que habría que hacer en caso de que aparezcan circunstancias adversas externas, desde el casi imposible de que haya un terremoto hasta algo más común como que se detecten restos arqueológicos durante la actuación.

Otro asunto en el que Economía ve falta de acción por parte de las consejerías es en la contratación de personal específico para tramitar los fondos europeos:«Van a recibir mucho dinero y es posible que tengan que elegir entre lo ordinario –la gestión del día a día– y lo extraordinario –esos fondos de Bruselas–, porque no hay capacidad administrativa para asumirlo todo. Con dos o tres personas se avanzaría mucho y por ahora solo Vicepresidencia y Empleo lo han hecho».

Técnicamente, lo que no se pueda o no se sepa gastar se perderá. No tendrá que devolverse, porque ni siquiera se habrá recibido. Los 171 millones que ya tiene asignados Cantabria están comprometidos, pero no ingresados. Como ocurre con otros fondos europeos ordinarios –los que ya funcionaban antes de la irrupción del covid–, el modelo de funcionamiento es especialmente garantista. Se trata de un sistema de hitos. A medida que la entidad beneficiaria –en este caso la consejería involucrada, pero igual ocurre en otros niveles– demuestre que ha alcanzado determinados hitos, el dinero se va liberando. Una partida inicial cuando se cierra el proyecto, otra cuando se licita el contrato, una tercera cuando se inicia la obra, más cuando acaba, de nuevo cuando se realizan todos los pagos a los suministradores... Así hasta el final.

A falta de que se reparta todo el dinero que gestionarán las autonomías, Cantabria está en estos momentos por encima de la media en la distribución que ha realizado el Gobierno de España. Le han 'tocado' 292,6 euros por habitante, frente a los 410 de Extremadura, que encabeza la tabla nacional, y los 179 de Madrid, que la cierra. De manera semanal, el Ministerio de Hacienda también actualiza el dato y detalla a qué áreas y proyectos irá el dinero. En el caso de la región son ocho millones para ciencia, uno para cultura, 21 para digitalización... El bloque más grande es el de transición ecológica (proyectos de eficiencia de aguas, residuos o actuaciones en ecosistemas), a los que hay que sumar otros quince para la rehabilitación de viviendas y once para movilidad sostenible.

Eso de lo que se sabe. ¿Y del dinero por repartir? Pues habrá que esperar. Con incertidumbre aguardan muchas empresas cántabras que han concurrido a convocatorias ministeriales, algo de lo que se viene quejando la CEOE. Textil Santanderina, por ejemplo, sabe que tendrá apoyo para la instalación de un sistema de energía solar, pero los grandes asuntos no se han resuelto.

Dos especialmente. El apoyo al proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo y el Plan de Transición Energética de Solvay, una inversión millonaria que si no cuenta con fondos europeos puede ser inviable y generar serios problemas para el futuro de la empresa de Barreda.