Revilla: «A partir del 9 de mayo tenemos que empezar a abrir España. Hay que hacerlo»

La potestad para imponer estas medidas que afectan a libertades fundamentales como la movilidad y la libre circulación sólo es posible en el marco del estado de alarma, que como anunció el martes el presidente Pedro Sánchez no seguirá vigente más allá del 9 de mayo. Si el ritmo de vacunación es el esperado y la cuarta ola no se desboca, ese día concluirá para siempre. Es decir, que también decaerán en Cantabria y en el resto de comunidades autónomas tanto el cierre perimetral como el toque de queda.

Pese a las dudas legales y constitucionales que se han generado al respecto, Revilla, tras consultar con los jurídicos del Gobierno regional, está en la línea de la mayoría de expertos. Si Sánchez no cambia de opinión, se levantarán las fronteras que llevan cerradas desde que entró en vigor el segundo estado de alarma a nivel nacional, allá por el mes de octubre. Desde entonces, sólo los incumplidores y quienes acreditaban viajar por trabajo o por alguno de los otros motivos recogidos en el decreto han cruzado por carretera a Asturias, Palencia, León, Burgos o Vizcaya, las cinco provincias limítrofes con Cantabria.

El presidente cántabro no sólo lo acata, sino que lo celebra. Tras seis meses activo –y otros tres antes del pasado verano–, está de acuerdo en no alargar más el estado de alarma. «A partir del 9 de mayo tenemos que empezar a abrir España. Hay que hacerlo», afirmaba ayer Revilla. Eso no quiere decir que se vaya a pasar del todo a la nada. Aunque se muestra optimista sobre la evolución de la curva de contagios, el líder regionalista espera que, para entonces, el Gobierno central haya dotado a las comunidades autónomas de «garantías jurídicas» para, llegado el caso, poder tener «instrumentos» que permitan adoptar ciertas restricciones. Quizás no tan estrictas y con un carácter más quirúrgico.

¿De qué tipo? Pues dependerá de las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial de Salud en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reúne a los 17 consejeros del ramo. La pretensión del presidente de Cantabria es que este órgano sea el que marque las líneas de actuación, iguales para todos los territorios, y que aclare las posibles dudas sobre su aplicación.

«Lo que no puede continuar es esta indefinición», remarcaba Revilla, que pide al Estado «certezas» y unidad de acción:«Siempre he defendido que, en un tema tan serio como este, las decisiones deben ser para todos iguales. Y este es un tema muy serio. No podemos ir cada uno por su lado». Frente a las dudas del Ejecutivo cántabro, la vicepresidenta Carmen Calvo negaba ayer la mayor y subrayaba que el Gobierno central no cambiará la ley para afrontar el fin del estado de alarma porque «ya hay instrumentos suficientes». Eso, y que será posible afrontar la gestión de la pandemia a través de las decisiones «de obligado cumplimiento» del Consejo Interterritorial, como ya avaló el Tribunal Supremo en contra de la opinión del PP.

En principio no habría mayores problemas para poner en marcha cierres perimetrales más pequeños, como los municipales. La prueba es que ya se hizo en el pasado en el caso de Santoña, que estuvo aislada durante dos semanas a finales de verano, antes de que el Congreso de los Diputados votara a favor de activar este escenario de excepcionalidad que recoge la Carta Magna. También se hizo unos meses después con Colindres, Laredo, Polanco y Santa María de Cayón, pero ese caso es distinto porque entonces sí que estaba vigente el estado de alarma. Y también podrían confinarse barrios cuando se detecte un brote de coronavirus muy localizado, como también ocurrió en septiembre en La Inmobiliaria, en Torrelavega. «Espero que eso nos dejen», insiste el presidente.

Salvo que se produzcan cambios o un acuerdo en el sentido contrario, también se mantendrá intacta más allá del 9 de mayo la capacidad del Gobierno regional para actuar sobre los horarios y los aforos de establecimientos públicos y privados. Los expertos defienden que este instrumento está claramente a disposición de los gobiernos regionales. El pasado verano, durante la desescalada, echaron mano de él para evitar las aglomeraciones tanto en espacios privados, como en lugares públicos al aire libre, tipo playas o parques. Aunque pueden ser recurridos, no requieren autorización judicial previa.

Más allá del acuerdo en el fondo, lo que sí echó en cara Revilla a Pedro Sánchez fueron las formas. Que no haya informado previamente, en el marco del sistema de cogobernanza, a los presidentes autonómicos sobre su intención de no prorrogar el estado de alarma a partir del próximo mes de mayo. El cántabro no fue ayer el único líder autonómico que insistió en este asunto.

Sobre los procesos de inmunización, el presidente regional consideró una «tontada» que la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, haya sondeado por su cuenta la compra de la vacuna rusa Sputnik porque «vulnera todas las normas». «Las vacunas las compra la Unión Europea», aseveró: «Es una tontada... como estamos en campaña electoral se puede decir de todo...». Revilla cree que Europa tomó «muy buena decisión» de comprar de forma «centralizada» las vacunas y distribuirlas porcentualmente a cada país miembro, que, en el caso de España, luego su reparto a las comunidades se decide en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Y también se pronunció sobre la decisión de Castilla y León de suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca ante las dudas generadas y los posibles efectos secundarios, una medida que Cantabria no se plantea. «Me parece una medida muy negativa», dijo un Revilla, «verdaderamente sorprendido» por esta determinación porque «aunque puede haber algún inconveniente con esta vacuna, las ventajas son infinitamente mayores».