Revilla niega que haya mordidas generalizadas de empresas pese a que son ya 23 las señaladas

«Todo lo que ha aparecido es un funcionario que se ha enriquecido de manera escandalosa en los últimos años y un numero limitado de empresas. No podemos generalizar», subrayó ayer el regionalista en referencia a estos supuestos pagos que justificarían el incremento patrimonial del entramado familiar del trabajador de la Consejería de Obras Públicas: de 160.000 euros a 4,6 millones entre 2003 y 2012.

En la nueva lista de la Agencia Tributaria aparecen muchas de las 'grandes' de la época del 'boom' del ladrillo en la región como Ascán, Arruti, Cuevas Gestión de Obras, Contrata Piñeras... En total, catorce con sede en Cantabria y otras cinco de Asturias y Castilla y León. Aunque de existir delitos, una vez transcurrida más de una década, habrían prescrito. Por eso solo ahora están bajo la lupa de la justicia La Encina, Cannor, API Movilidad y Rucecan, que habrían tomado el relevo en fechas posteriores.

Según el informe, a partir de 2012 cesaron momentáneamente los ingresos que recibía Beatriz del Río –la mujer de Diez– a su cuenta personal y a empresas «con actividad ficticia». A partir de 2015 regresaron los pagos puntuales y en 2019 se volvieron a generalizar, lo que para la oposición demuestra que puede existir un vínculo entre los presuntos delitos y las etapas en las que el PRC gestionó la Consejería. Porque en la legislatura 2011-2015 fue el PP el que estuvo al frente de Obras Públicas.

En su conjunto, Revilla considera que estas informaciones constituyen unos «hechos tremendos que dañan al conjunto de la Administración», pero también recuerda que «afortunadamente ningún político de este Gobierno» está involucrado. Minimiza la implicación en la trama de las constructoras cántabras y la limita «a una serie de empresas y a un funcionario que ha acumulado una fortuna de muchísimos años fruto, al parecer, de la extorsión». El presidente no tuvo reproches en genérico para el sector, sino que les dio una recomendación: que «no se dejen extorsionar por nadie» y denuncien si algún funcionario les exige «algún tipo de compensación económica» para adjudicarles contratos públicos.

«Sorpresa y cabreo», decía horas antes el vicepresidente Pablo Zuloaga. El socialista se mostraba más enérgico que el regionalista con unas empresas que «desviaron recursos públicos de su objetivo final, que es mejorar las infraestructuras». «Han detraído esos recursos del desarrollo de otras políticas necesarias en Cantabria en momentos verdaderamente complejos», concluía.

Cabreo en el Gobierno por los hechos y también porque, pese a estar personado en la causa, se ha enterado de las últimas novedades por los medios. En el Ejecutivo no entienden cómo es posible que en los más de 4.000 folios del caso no apareciera una información tan relevante. Lo que es seguro es que el informe de Hacienda en el que aparecen estas 19 compañías «no obra en la parte del sumario» al que ha accedido el Gobierno.

Además de conocer como «hechos espeluznantes» las últimas novedades del caso, el PP subrayó ayer que los pagos irregulares que acaban de concretarse con nombre y apellido se produjeron entre 2003 y 2011 y que, «con el cambio de Gobierno, con la salida del PRC, se suspendieron». «No hubo trama, o no constan pagos, cuando al frente del Gobierno estaba el PP. La trama solo opera en la Consejería cuando al frente se encuentra el PRC», manifestó el portavoz popular, Íñigo Fernández, que entiende que es algo «que alguien debe explicar». Y los aludidos responden.

Los regionalistas atribuyen a la labor del ex director general de Carreteras, Manuel del Jesus, que en esa época (2011-2019) trabajaba como jefe de servicio, la paralización de las adjudicaciones arbitrarias. Para el PRC, lo que dice Fernández es «una burda infamia» y le recomienda que «no se dé baños de pureza, porque forma parte de un partido condenado hasta tres veces por corrupción y no está en condiciones de dar lecciones a quienes jamás se han visto salpicados por esa lacra». Los regionalistas responden así al PP y también a Cs. Su portavoz, Félix Álvarez, suma a lo anterior que gran parte de las irregularidades «se han producido con Revilla como presidente».

Además, no le sorprende la implicación de estas 19 nuevas empresas porque varias ya fueron condenadas por la Audiencia Nacional por el 'cártel del asfalto'.

Vox insiste en que el informe de la Agencia Tributaria confirma que estos pagos se remontan a hace más de dos décadas, como sostuvieron el lunes en el Parlamento. Su portavoz, Cristóbal Palacio, estima que «no es creíble que el juzgado haya hurtado al Gobierno esta información que aparece en el sumario».