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Hace más de una semana que las nuevas ambulancias del transporte sanitario urgente (las amarillas del 061), gestionadas por Autransa -antigua Ambuibérica-, empezaron a circular por las carreteras de Cantabria. Apurando el plazo de seis meses concedido en el contrato para ejecutar la renovación ... de toda la flota (50 vehículos), las ambulancias empezaron a llegar a principios de marzo a la base del polígono de Candina, con presentación oficial incluida. Entonces no estaban todas, pero aún quedaba margen para la recepción. Y de hecho, hubo más traslados en los días siguientes. El problema es que el plazo límite se terminó el día 13 y la Gerencia de Atención Primaria confirma ahora que actualmente «están prestando servicio operativamente el 70% de las ambulancias sustituidas. Las otras están terminando de dotarse» (tarea que depende del Servicio Cántabro de Salud) y «falta una ambulancia por llegar», aunque la empresa precisa que ese vehículo también «está ya en Santander», pero pendiente de «una homologación especial y del procedimiento documental necesario».
Para salir de dudas y responder también a las críticas del PSOE, el equipo de Luis Carretero, gerente del Servicio Cántabro de Salud, anuncia que «se abrirá un expediente sancionador por incumplimiento de contrato a la adjudicataria». Una noticia de la que ayer no tenía constancia la afectada, cuyos responsables se mostraban «convencidos de que si finalmente se abre un expediente, se acabará cerrando sin sanción alguna porque el servicio se ha prestado siempre conforme a lo acordado». De entrada, la penalización contemplada en el pliego es de 1.500 euros por vehículo y día de demora. De ahí que desde la Gerencia indiquen que la cuantía «se irá incrementando conforme se siga retrasando la entrada en servicio».
Lo que no aclaran es el alcance que puede tener dicho expediente: «La prioridad es poner en marcha todas las ambulancias. Después, tendremos que valorar los posibles incumplimientos», subraya el gerente en declaraciones a este periódico, una vez analizadas «las alegaciones que pueda hacer la empresa». Porque Autransa insiste en que el 13 de marzo estaban «todos los vehículos del servicio, salvo uno, a disposición del SCS, cumpliéndose los plazos de despliegue pactados con la Administración». Si bien, reconocía que «se estaba en una fase de formación y familiarización de la plantilla con las nuevas ambulancias, pues son muy distintas a las anteriores y requieren conocer todas sus prestaciones».
La clave está si ese tiempo con los vehículos aparcados en las bases, a la espera de la dotación de material y de pasar la correspondiente inspección técnico-sanitaria para solicitar después la tarjeta de transporte al Ministerio (funciones ajenas a la adjudicataria), contabiliza como retraso. Porque cierto es que, a día de hoy, no están todas autorizadas.
En este sentido, el exconsejero de Sanidad, el socialista Raúl Pesquera, no tiene dudas: Autransa ha incumplido y debe ser sancionada por ello. Y le ha hecho incluso la cuenta al Gobierno del PP. Así, cifra «en más de 300.000 euros la penalización», toda vez que «el día 13 de marzo no estaban todas las ambulancias nuevas» y aún el lunes «faltaban 18».
En respuesta a esta afirmación, desde Autransa insisten en que «el día 9 ya había 44 ambulancias en Santander, por lo que no se entienden los cálculos expuestos por el PSOE en el Parlamento». La empresa de HTGroup defiende que «estamos cumpliendo con el calendario de incorporación paulatina de unidades que se pactó con el SCS, responsable último de autorizar la documentación y el equipamiento de los vehículos. Estamos a su disposición para completar el proceso definitivo».
Y de otro lado, asegura que «el servicio de transporte urgente se está prestando debidamente, sin incidencias, puesto que la compañía ha duplicado la flota en este tiempo, con los sobrecostes que ello conlleva, al haberse incorporado los vehículos nuevos y no retirarse los anteriores».
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