Sanidad cifra en 18,8 millones al año el coste de asumir las ambulancias, seis más de lo que paga a Ambuibérica

Aunque se contaba con un ajuste al alza del nuevo contrato -en torno al 30%- al precio actual de mercado, finalmente el Ejecutivo lo dispara hasta el 80%. Con el pliego ya elaborado, el departamento que dirige Raúl Pesquera lo mantiene en un cajón mientras decide por cuál de las dos fórmulas se decanta.

El vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, detalló ayer que esa estimación de 18,8 millones de euros sería un desembolso máximo sobre el cual aún se pueden introducir importantes ahorros. Por ejemplo, el estudio tiene en cuenta el arrendamiento de naves como base de las ambulancias, pero ese dinero no se emplearía si se utilizan espacios que ya son propiedad del Gobierno de Cantabria como la finca de la Residencia Cantabria. Además, esa cuantía anual recoge el coste de la adquisición de una flota propia de vehículos, que no sería en propiedad, sino con el sistema de 'renting'.

El documento, que la Consejería de Sanidad aún no ha hecho público, sí está ya en manos del PRC. De hecho, Pesquera lo presentó ayer durante la reunión del Consejo de Gobierno. Los regionalistas están analizando los datos para hacer una valoración en profundidad. Hasta ahora, el socio mayoritario de la coalición no se ha mostrado especialmente entusiasta con modificar el actual modelo de gestión del transporte sanitario.

El objetivo de este informe era conocer las posibles ventajas que generaría la internacionalización, tanto en lo que tiene que ver con la gestión del servicio sanitario como en cuanto a los costes económicos. «La noticia del informe es favorable. Reafirma algo que ya sabíamos, que tener el servicio en manos públicas nos iba a suponer un importante ahorro y una mejora en la prestación del servicio. También una mejora en la calidad del trabajo que desarrollan los profesionales», defendió Zuloaga, que recuerda que de momento ambos escenarios están en estudio. Más allá de los mayores o menores costes, el socialista recordó que el transporte de pacientes está incluido en la cartera básica de servicios del Ministerio de Sanidad. A pesar de ello, solo Andalucía ha tenido históricamente una gestión pública y en los últimos meses se han sumado Baleares y La Rioja, que aún no ha concluido el proceso de implantación.

El vicepresidente esbozó los motivos por los que el cambio de modelo se traduciría en un ahorro. El más evidente es que no habría que asumir el beneficio empresarial que recogen todas las licitaciones y que en este caso es del 8% del total del contrato. A la parte económica añade la mayor capacidad para «tomar decisiones de una forma ágil y poder gestionar y dimensionar el servicio en función de las circunstancias que surjan». En este sentido, se refirió a los problemas que ha habido este verano para ampliar el número de ambulancias en lugares turísticos. Y aunque inicialmente parece que se apostará por el alquiler de vehículos, respecto a la flota recordó que «hay un escenario de oportunidad» porque los fondos europeos incluyen ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para el desarrollo de servicios públicos.

Desde IU Cantabria, partido que ha impulsado la internalización del servicio en La Rioja, donde gobierna junto al PSOE, reclaman que el Presupuesto de 2023 recoja ya una partida para la gestión pública del transporte de pacientes. Su portavoz, Israel Ruiz Salmón, reclamó ayer al Ejecutivo regional que se haga de forma íntegra «y sin tibiezas». El dirigente de la coalición de izquierdas ha pedido al bipartito que «se deje de dudas» y «apueste por lo público» y sus profesionales, al igual que se hace con los trabajadores sanitarios y profesionales como los que atienden en Valdecilla o en los centros de salud.