La sociedad civil pide que se aborde con prudencia la posible modificación de la Carta Magna

La Constitución, continuó, ha jugado un papel decisivo en la internacionalización de España, un país que ahora es identificable a otros democráticos y liberales y que comparten los mismos principios en sus constituciones y ordenamientos. Fue precisamente la Carta Magna «la llave» que abrió al país la puerta a las comunidades europeos y a la OTAN.

El presidente de la patronal cántabra, Enrique Conde, reclamó un mayor papel de la sociedad civil para decidir en el destino del país. «Los poderes políticos a veces ni preguntan a esa sociedad sobre las vicisitudes que tiene por delante», insistió.

A su juicio, el primer paso para asegurar la vigencia de la Constitución es su cumplimiento, algo que «el mundo empresarial» considera que no sucede, y repasó algunos artículos del texto para respaldar sus afirmaciones. «Últimamente resultan incomprensibles los señalamientos desde determinadas instituciones, de políticos que están en el Gobierno nacional, hacia el mundo empresarial y a su libertad a la hora de funcionar. Hay políticos que llegan a decir que las empresas no tienen que ser productivas. Es de locos».

El enfoque de Carmen Sánchez Morán, abogada y presidenta del Consejo Económico y Social, fue muy diferente. «Yo no solamente había nacido antes de que se promulgase la Constitución, sino que volví a nacer doblemente con ella, porque me eduqué en la dictadura y comencé mi andadura profesional con la Constitución. El cambio de esas dos épocas que me tocó vivir huelga decir que fue absoluto».

A juicio de Sánchez Morán, «la razón del tiempo para el cambio de la Constitución es un poco absurdo», teniendo en cuenta que otras, como la de Estados Unidos, tiene siglos de antigüedad. «Debe valorarse bien la posibilidad de modificación, porque existe siempre el riesgo de que la modificación de un punto de la trama haga que el conjunto colapse», indicó, añadiendo que ese cambio está justificado «cuando no exista posibilidad de su conexión con la realidad social», una condición que podría cumplirse en cuestiones como la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, la inviolabilidad del rey en asuntos que no tengan que ver con el desempeño de su cargo o la concesión de indultos.

Una visión pesimista

Quizás el menos optimista de todos fue Jesús María de Miguel, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria. Afirmó no sólo que la reforma de la Constitución «no va a resolver nada», sino que ni siquiera los cimientos sobre los que se apoya la Constitución son sólidos. Según él, el problema es que «no hay voluntad de aplicar la Constitución», como prueban «la colonización partidista de las instituciones», la deriva de los derechos históricos de las regiones o la potestad legislativa que el uso del decreto ley ha trasladado del Parlamento al Gobierno. «Nosotros no tenemos voluntad de Constitución, esto es así. Lamento dar esta imagen. Supongo que esperarían una celebración y que todos nos fuéramos a casa contentos, pero mi deber, como un profesor que pasa muchos apuros muchos días frente a sus alumnos para explicar cosas inexplicables, también era decir algunas cosas. A lo mejor no me invitan más, pero creo que era necesario que alguien lo dijera».