Transportes guarda silencio tras la querella de los taxistas

Un día después de que la Federación Cántabra del Taxi presentase una querella por prevaricación contra la Dirección General de Transportes, su titular, Felipe Piña, optó ayer por no pronunciarse al respecto, pese a que sí cumplió con su agenda como candidato a la Alcaldía de Santander por el PRC. Piña colgó en sus redes sociales fotos de un encuentro con la Asociación de Creadores de Cantabria y también visitó el barrio de Monte en compañía de la Asociación de Vecinos El Castillo.

A pesar de su silencio, desde Transportes se volvieron a reafirmar en la postura mantenida por el director general cuando este periódico desveló la problemática surgida tras la denegación de la tarjeta de transporte a un taxista de Cabezón de la Sal.

Piña explicó en enero que el cambio de criterio, tras más de 40 años sin haberse aplicado los criterios del RD763/19179 en lo relativo a transmisiones de licencias por jubilación, se debía a una sentencia condenatoria contra la empresa Autobuses La Cantábrica de Comillas, que fue denunciada por la propia Federación Cántabra del Taxi. «La referida sentencia obligó a su vez a la revocación de la autorización VT -la denominada tarjeta de transporte- que había otorgado esta Dirección General. Como consecuencia de lo anterior, desde dicho momento, para otorgar la autorización, esta Dirección General requiere que el acuerdo plenario de la corporación municipal que otorga la licencia indique expresamente que se cumplen los requisitos del RD 763/1979», explicó.

En relación con el caso del taxista de Cabezón de la Sal, que ha sido el primer damnificado, Piña reconoció que este sí cumplía la ordenanza municipal pero no se ajustaba a los requisitos de real decreto, motivo por el cual denegó la autorización.

El colectivo del taxi entiende que esta decisión es «arbitraria», ya que «si las ordenanzas municipales chocan con otra nacional de mayor rango, es una cuestión que deberían dilucidar los tribunales de Justicia y no una Dirección General». Tras agotar la vía administrativa para tratar de hacer cambiar de opinión al director general, la Federación Cántabra del Taxi decidió el martes presentar una querella criminal contra el propio Piña por «prevaricación», «prevaricación continuada» y un posible delito «por omisión».

El colectivo que agrupa a más de 400 taxistas de la región, se encuentra a la espera de la decisión del juzgado, que debe decidir si la argumentación es suficientemente contundente y hay indicios penales para ser admitida a trámite.

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