Pitma compró Inmoarrabi en 2016, pero no se lo comunicó a la junta del Racing

Inmoarrabi era propietaria del 20% del capital social tras el impago de una operación crediticia de la era Pernía (sirvió para articular la operación de AlíSyed), y con su integración en el Grupo Pitma se terminó definitivamente con el objetivo de que el capital social estuviera atomizado. En aquel momento el entonces presidente verdiblanco, Manolo Higuera, negociaba aún un contrato de patrocinio a tres bandas con el conglomerado de Alfredo Pérez y Pedro Ortiz y con el Gobierno de Cantabria. De hecho, Higuera insistió una y otra vez en que era el único modo de asegurar la viabilidad del club. Cuando Pitma era ya dueño de un paquete que le permitía controlar la junta sin el apoyo de ningún otro accionista se presentaba aún a los dos copropietarios del grupo como 'mayoritarios minoritarios'.

Ocho meses después de esa compra, Higuera anunciaba que el Gobierno de Cantabria había incumplido su palabra y que en consecuencia el Grupo Pitma se veía obligado a asumir la deuda y tomar el control del club. El paso del tiempo ha demostrado que así era en lo referente a abrir una línea de crédito, pero cuando Higuera anunciaba que Pitma daba «un paso adelante»para hacerse con el control del club Pérez y Ortiz tenían ya desde aquel 27 de octubre la mayoría absoluta. Ni en aquella rueda de prensa ni en la junta se informó de las fechas, y de hecho en un primer momento Higuera comunicó que Pitma había comprado el paquete accionarial de Inmoarrabi. No era así. Lo que había comprado era la propia Inmoarrabi.

En el momento en que se produjo la compra Manolo Higuera era aún presidente del Racing, con Víctor Diego como vicepresidente. Alfredo Pérez y Pedro Ortiz ya habían entrado en el Consejo de Administración, pero aún con un papel voluntariamente discreto. Sin embargo, fue precisamente a raíz de esta compra cuando progresivamente se fue recortando el poder de Higuera en la que hasta entonces había sido una gestión necesariamente muy presidencialista hasta la salida del abogado del órgano directivo al final de la temporada pasada, con el fracaso deportivo que supuso no clasificarse siquiera para la fase de ascenso.

Ya antes de la junta de 2017 se comunicó que Pitma controlaba ya aproximadamente el 61% del Racing tras hacerse con el control de Inmoarrabi (reabutizada después como Retlaw Cantabria), pero no que ese cambio de manos en las acciones se había producido a través de la compra de la sociedad. La diferencia entre una y otra forma de control radica en que al comprar Inmoarrabi, con un capital social de 1,6 millones de euros que coincidía con lo invertido en acciones del Racing, la nueva firma de Pitma se convertía en acreedora privilegiada del concurso. Es decir, que parte de los pagos concursales que está asumiendo del grupo a través de una línea de crédito al 4% (y al 9% en el caso de Retlaw) revertirá de nuevo en el conglomerado.

Según la Información General Mercantil, Management and Professional Sports Developement SL se convirtió en socio único de Retlaw el 27 de octubre de 2016 (aunque la fecha de inscripción es de 2 de mayo de 2018). A partir de ese día Pitma controlaba por lo tanto más del 50% de las acciones del Racing y una parte además de su deuda privilegiada. La inscripción no se produjo, eso sí, hasta este año, de modo que no se podía comprobar en el Registro.

El 2 de mayo de 2018 Alfredo Pérez yPedro Ortiz asumieron el cargo de administradores solidarios , un nombramiento que se registró, como el de la compra en sí, el citado 2 de mayo, cuando aún no se conocía el modo en la que se había llevado a cabo la operación de Inmoarrabi.

Por ahora, y según la información que ofreció el presidente del Racing, Alfredo Pérez, en la junta general de accionistas de este mes de diciembre, Pitma ha prestado casi 7,3 millones de euros al Racing. A ellos hay que sumar los 1,2 de pago de la deuda concursal correspondiente a este mes (siempre se abona a final de año), los 1,2 millones invertidos en la compra de acciones y lo que haya supuesto la compra de Inmoarrabi. En este último caso el presidente no quiso indicar cuál había sido el precio –tampoco estába obligado a ello–, porque la pregunta se le lanzó ya con la junta terminada, en el encuentro con los medios.