Sniace solicita la liquidación

La empresa que preside Gema Díaz Real, y que cuenta con la ingeniería asturiana TSK como máximo accionista, explicó al mercado que ya no puede más y que el recorte de las retribuciones a la cogeneración –con la consiguiente rescisión avanzada el martes por Cogen para romper el contrato por el que gestionaba y explotaba la planta de cogeneración que alimenta la producción del complejo cántabro– ha sido la puntilla a un tortuoso camino que no ha logrado firmeza desde la reapertura progresiva de las instalaciones en 2016. El prólogo lo rubricó la propia CNMV el miércoles avanzando que suspendía la cotización de la entidad al ver amenazada su actividad. En ese momento los títulos valían apenas 4,6 céntimos.

Una última etapa en la que igualmente la sociedad ha estado marcada por los compromisos derivados del concurso de acreedores en que se halla inmersa la entidad, y cuyo convenio de pagos aplazados se aprobó en septiembre de 2015.

Precisamente a ese documento se refirió la organización en su comunicación al mercado. «Sirva la presente para informarles de que en el día de hoy –por ayer– el Consejo de Administración de Sniace, ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de pago derivados del convenio de acreedores de Sniace y de sus dos sociedades participadas Celltech y Viscocel, aprobado judicialmente el 23 de septiembre de 2015, ha acordado proceder durante el día de mañana –por hoy–, a solicitar al juzgado la liquidación de las citadas compañías [...]. Una vez se dicte por parte del juez competente el auto de liquidación, se producirán los efectos previstos en [...] la Ley Concursal, lo cual implicará, entre otros, la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio; el nombramiento de administradores concursales; el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados; y el inicio de las operaciones de liquidación».

Tras el anuncio, la organización recordó a la CNMV sus últimas iniciativas, infructuosas tras el tijeretazo energético avanzado por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez. «Durante los últimos meses el Consejo de Administración de la sociedad ha venido adoptando diversas decisiones: aumento de capital; búsqueda de inversores, que se había concretado en las negociaciones que se estaban manteniendo con diversos inversores industriales; y renegociación de la deuda concursal con diversos acreedores, que tenían por objeto el saneamiento patrimonial y financiero de Sniace así como la implementación de los planes de inversión de la compañía», enumeró.

Sentadas estas premisas, la cotizada entró en profundidad en los motivos que le han llevado a pedir la liquidación. «Sin embargo, a la drástica caída de los precios de la celulosa 'dissolving', de la fibra viscosa y del precio de venta de la electricidad, se ha sumado la notificación de resolución contractual por parte de Cogen, tal y como se informó mediante el correspondiente comunicado de Información Privilegiada publicada el pasado día 12 de febrero de 2020, que justifica en la inminente entrada en vigor de los nuevos parámetros retributivos de la producción de energía eléctrica recogidos en la propuesta de Orden Ministerial distribuida el 9 de enero de 2020 por el Ministerio de Transición Ecológica, y que tendrá efectos desde 1 de enero de 2020.

Dichas situaciones han desincentivado el interés por parte de cualquier inversor y han truncado la evolución de la actuaciones que se estaban llevando a cabo para el saneamiento financiero de Sniace», razonó. En la comunicación suscrita por la propia Díaz Real se concluye que «lo anteriormente descrito, tal y como se ha indicado, ha hecho de todo punto imposible mantener la viabilidad financiera de la compañía y atender en tiempo y forma sus obligaciones de pago dimanantes del convenio y, en consecuencia, ha abocado necesariamente al Consejo de Administración de Sniace a solicitar su liquidación».

Porque la decisión de Cogen, que llevará a ambas partes a dirimir el asunto en los tribunales, suponía el último palo en la rueda de un gigante industrial que ha ido avanzando en los últimos tiempos con la lengua fuera. Como ejemplo, el Grupo informó en noviembre de sus resultados hasta septiembre, que arrojaron unas pérdidas de 11,32 millones que cuadruplicaban los 'números rojos' del mismo periodo de 2018, 2,65 millones. Otra referencia, el fondo de maniobra, uno de los quebraderos de la sociedad trimestre tan trimestre y que ni las sucesivas ampliaciones de capital consiguieron estabilizar, aún presentaba un descuadre cercano a los ocho millones en esa última radiografía.

Un agujero en las obligaciones al que se acumulaba la presión del calendario concursal. Unos compromisos de 17,69 millones para 2019 que Sniace afrontó a duras penas. Así se colige de las notificaciones efectuadas por cinco acreedores, que presentaron ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid otros tantos escritos manifestando que la compañía había incumplido el calendario de pagos pactado en 2015. Banco Santander, BNP Paribas Lease Group, Caleras de San Cucao, Engie España y Chemtrade pusieron en conocimiento del órgano judicial la situación, uno de los escenarios que ya hacían pensar que la empresa estaba coqueteando con la liquidación.

Este ejercicio los requerimientos eran todavía mayores, pues se contemplaba satisfacer 23,3 millones. El montante total en este calendario alcanzaba los 90,96 millones.

Con 80 años de historia, Sniace afrontaba 2020 como el año en el que pretendía poner a pleno rendimiento su complejo industrial y abordar por fin el arranque del proyecto para producir una nueva fibra con la que buscar una mayor rentabilidad en el mercado.

Con 429 trabajadores, y una ascendencia indiscutible sobre la comarca del Besaya, el anuncio del ERTE en diciembre, en plena ola de expedientes reguladores en el sector secundario autonómico, algunos de los cuales no se han concretado, casos de SEG Automotive y prácticamente Ferroatlántica, ya hacía presagiar que el nuevo año no sería tan halagüeño como se había planteado en la Junta de Accionistas celebrada en Madrid en mayo.

En aquella cita se aprobó una ampliación de capital por 32,58 millones, la cuarta en otros tantos años, suscrita en su mayor parte por los dos dueños principales, Sabino García Vallina, propietario de TSK; y Félix Revuelta, de Naturhouse. Este último, que reside buena parte del año en Estados Unidos, lamentaba por la mañana a este periódico el futuro marco energético que dibuja la Administración central. «El nuevo decreto se va a cargar a muchas empresas», aventuró.

Infructuosas han sido las gestiones del Gobierno cántabro en los últimos meses ante los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, unos esfuerzos por mejorar el mapa regulatorio que han caído en saco roto y que en parte han puesto el último clavo en el ataúd de Sniace.

Porque esta situación no tiene nada que ver con el cierre de 2013. Al no poder hacer frente a sus compromisos de pago, la administración concursal abrirá una fase de liquidación en la que se venderán los activos del Grupo para satisfacer en parte a los acreedores. Esta operación puede hacerse de forma conjunta, de manera que algún interesado se quede con la unidad productiva, o por lotes en pujas.

Sniace además estaba inmersa en negociaciones con Ejecutivo autonómico y Ayuntamiento de Torrelavega para ceder parte de sus terrenos excedentes. Una vía con la que la compañía pretendía obtener nuevos ingresos para poder seguir completando las inversiones vinculadas al plan estratégico.

Por último, una amenaza judicial. El antiguo Consejo de Sniace aún debe sentarse en el banquillo por un presunto delito ambiental por vertidos entre 2008 y 2010. La Abogacía del Estado reclama una indemnización de 50 millones.