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El Gobierno no da por finiquitado el sistema sanitario del que disfrutan 1,5 millones de funcionarios y sus familias y su intención es mantener este modelo de Muface que permite a los mutualistas escoger si así lo desean la sanidad privada y no la ... pública. Pese a que el Ministerio de Sanidad publicó el pasado lunes un informe en el que abogaba por eliminar este modelo y enviar al millón de empleados públicos que tienen a día de hoy un seguro privado a la Seguridad Social, el Ministerio de Función Pública, que es quien tiene la última palabra, no tira la toalla y, tal y como había avanzado hace un par de semanas, presentará una nueva licitación con el objetivo de resolver esta crisis generada tras quedar desierto el concurso anterior y dejar en el aire la sanidad de 1,5 millones de españoles.
Su objetivo, en contra de la opinión del ministerio dirigido por Mónica García, es alcanzar un acuerdo con las aseguradoras para que sigan prestando los servicios sanitarios a los mutualistas -una vez que el contrato actual expira el próximo 31 de diciembre- y, para ello, cambia de táctica y activa, por primera vez en la historia, una consulta preliminar de mercado para que las compañías les informen del precio que ponen a la asistencia sanitaria de Muface para los próximos tres años.
«Las consultas preliminares de mercado añaden transparencia al proceso y transmiten un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, que pueden comprobar cómo desde Muface se trabaja en una nueva licitación y se garantiza que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas hasta que haya un nuevo concierto», explicó el organismo público en un comunicado.
Otra novedad que trae esta consulta es que el anterior concierto era para los dos próximos años, pero el Gobierno abre ahora la puerta a sacar un concurso para un periodo mayor, ya que las compañías tendrán que precisar el «precio del concierto» para tres ejercicios, de 2025 a 2027, según confirmaron a este periódico fuentes del departamento dirigido por Óscar López.
Las aseguradoras tendrán que completar dos tablas en las que informen, por un lado, de la prima fija que estiman que habría que abonar por persona cada mes en función de la edad del beneficiario y, por otro, el desglose de los costes estimados para alcanzar el precio de las primas (tanto directos como indirectos y eventuales).
Podrán participar en la consulta cualquier operador económico activo que esté interesado, sin limitación de número y sin circunscribirse, por tanto, a que sean únicamente las tres empresas que en la actualidad prestan este servicio: DKV, Asisa y Adeslas. La respuesta tendrá que enviarse por escrito e incluir la documentación que fundamente los cálculos que exponen, según establece la consulta a la que ha tenido acceso este periódico.
Los potenciales interesados tendrán dos semanas, desde este jueves, 21 de noviembre, hasta el próximo 4 de diciembre, para detallar y argumentar el coste de estos servicios que amparan a ese millón de mutualistas entre titulares y beneficiarios; hay otro medio millón de mutualistas que ya se ha decantado por la sanidad pública, aunque pueden elegir a principio de año si quieren un seguro privado. No obstante, el Gobierno baraja eliminar esta posibilidad de decidir cada año.
Esta consulta es un paso previo a la elaboración de la nueva licitación que ya avanzaron que será «más atractiva» que la anterior, por lo que previsiblemente el Gobierno elevará ese presupuesto de 2.726,5 millones que ofreció para los años 2025 y 2026, una subida histórica de más del 17%, que no contentó, sin embargo, a ninguna de las tres compañías aseguradoras que prestan sus servicios a este millón de personas, que habían pedido un incremento cercano al 40% ya que aseguran que ahora este modelo les ocasiona importantes pérdidas económicas.
Con esto el Ejecutivo busca dar «transparencia al proceso» y «transmitir un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, que pueden comprobar cómo desde Muface se trabaja en una nueva licitación y se garantiza que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas hasta que haya un nuevo concierto», según explica el documento.
Los sindicatos UGT y CC OO aplaudieron esta consulta «para conocer cuál es realmente el coste de la cobertura y si se justifica la importante subida de precio demandada por las aseguradoras», pidieron al Gobierno «celeridad para lanzar la nueva licitación y a las compañías «responsabilidad» en un tema tan «sensible» como la salud de los trabajadores.
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