El juez nombra un mediador para tutelar el pulso entre Celsa y los fondos por el control de la entidad

La encargada de desempeñar esta función de 'experto en reestructuraciones' será la firma Lexaudit, con amplia experiencia en procesos concursales de envergadura. A partir de ahora, tal y como figura en la actual legislación, tendrá que analizar y escuchar las propuestas de las partes con objeto de, a partir de ahí, presentar diversos informes al juez, para lo que incluso requerirá servicios de terceros que le aporten o ayuden a elaborar los mencionados análisis.

Así lo sostienen fuentes conocedoras del proceso, que confirman que Lexaudit no sólo evaluará el plan de reestructuración presentado por los fondos tenedores de la deuda de Celsa, sino la hoja de ruta que la familia Rubiralta, todavía dueña de la corporación, plantee para seguir al frente de la entidad. Como ya es sabido, los acreedores, que no cobran desde la pandemia, momento en que se produjo el detonante del actual conflicto, proponen trocar casi 1.300 millones del pasivo por el 100% del capital social. De hecho, ya se han reunido con el Ministerio de Industria, sindicatos y la Generalitat de Cataluña para dar a conocer sus planes a corto plazo y, sobre todo, tranquilizar a los involucrados respecto al porvenir de los centros españoles, avanzó ayer El Confidencial.

Las mismas fuentes señalan varios detalles a tener en cuenta. En primer término, la designación de Lexaudit es una cuestión formal en un procedimiento mercantil de esta naturaleza. Esto es, el juez no está prejuzgando nada y, más aún, la decisión última no recaerá en el mediador, sino en el propio magistrado una vez tenga en sus manos la diferente información y conclusiones elaboradas por el mencionados experto en reestructuraciones.

Otra cuestión, los plazos. Esta fase del proceso puede demorarse durante varios meses. Lo normal, por otra parte, es que así sea a tenor de la diversa documentación e informes que Lexaudit tendrá que analizar y elaborar.

Fuentes próximas al caso sostienen que esta novedad no tiene por qué ser mala para Celsa, puesto que la nueva figura puede ayudar a desbloquear un conflicto en el que las posturas parecen alejadas a día de hoy. La dueña de GSW ya había deslizado días atrás que se tomaba este movimiento de los fondos en sede judicial como una medida más de presión ante la 'partida' que se estaba jugando en los despachos.

No sólo eso. Celsa sí que ha acelerado las conversaciones con la banca española para garantizar una prórroga al crédito de financiación de circulante que igualmente expira ahora en octubre. El sector preferiría un consenso entre propiedad y acreedores para seguir manteniendo abierta esta vía de liquidez, que es ajena al contrato Jumbo de deuda por el que los bonistas podrían asaltar el capital social.

A este respecto, este mes vence un nuevo plazo de abono, pero la empresa entiende que al estar todo el asunto 'sub iudice', esto es, bajo juicio, no conviene hacer movimientos al respecto. Mientras tanto, el rescate estatal por 550 millones sigue sin estar disponible al no haber pacto.