Revilla reclama a la UE medidas «drásticas para evitar una catarata de cierres industriales» en Cantabria

Con el caso de Ferroatlántica como paradigma, la realidad de la industria cántabra, que encadena varios meses de tensiones entre otras causas por la huelga desarrollada durante la negociación del nuevo convenio colectivo del sector metalúrgico, se ve muy condicionada por los costes de la energía, especialmente del gas y la electricidad, a los que se suman los propios del transporte o el auge de las materias primas. Si ayer Francisco González, presidente del comité de empresa de la plata de Ferroatlántica, describía la situación como de «incertidumbre total», hoy otras empresas como Solvay ofrecen diagnósticos similares. Un escenario difícil en el que medidas como la reunión que mantendrá el ministerio de Industria con todo el sector para analizar nuevas ayudas son bienvenidas, aunque todos apuntan a la evolución del propio mercado, que será el que defina el contexto del sector en los próximos meses.

Miguel Ángel Revilla reconocía esta mañana que «si continúa así, Ferroatlántica no será la única. Hay empresas que están en la misma situación. Es insostenible». A su juicio, «la solución global tiene que venir de algún acuerdo de la Unión Europea, porque en estos momentos es algo que se escapa de las decisiones paliativas que podamos tomar en la comunidad autónoma o el Gobierno de España». Sobre esta iniciativa, el regionalista hizo referencia a «la reunión de la ministra y las decisiones que se puedan tomar», un encuentro en el que a su juicio «está la clave de la salida una situación que va a abocar a un periodo de recesión el año que viene, según algunos agoreros. Esperemos que no sea esa situación». Revilla considera ese resorte, el de las ayudas públicas, como fundamental: «¿Ayudas? Esto es un cáncer que necesita terapia. Lo demás son cuidados paliativos. Esto tiene que partir de decisiones que están por encima de los gobiernos. Vamos a esperar si Europa despierta y se da cuenta de que está en riesgo toda la competitividad de la industria europea. Habrá que tomar una medida drástica, como se tomó durante la pandemia, para evitar una catarata de cierres industriales», concluyó.

Zuloaga, por su parte, también aludió a las actuaciones planteadas desde el Ejecutivo central para apoyar a la industria y su impacto en la realidad cántabra: «Ferroatlántica es una empresa importante en el ámbito productivo de nuestra comunidad autónoma y que viene recibiendo el respaldo tanto del Gobierno de Cantabria a través de diferentes líneas de ayudas en la Consejería de Industria como del Gobierno de España. Quiero destacar esa ayuda del Grupo SEPI de 35 millones de euros gestionados este mismo verano». El vicepresidente considera una mala noticia el paro de los hornos de Ferroatlántica: «No es una noticia fácil, pero entendemos que es fruto de la circunstancia, de la situación en la que se mueven los precios de la electricidad y que será pronto resuelta. Más aún conociendo esa rebaja anunciada por el presidente del Gobierno de España de bajar el IVA al gas del 21% al 5%».

Más allá de la visión de los grupos políticos, las propias empresas reconocen la problemática que supone el contexto económico y, muy especialmente, los actuales costes de la energía. Si ayer Ferroatlántica apuntaba a que «el arranque de los hornos dependerá de la evolución del precio de la energía, ya que la situación hace insostenible soportar los costes productivos y en especial para la industria electro-intensiva», hoy desde Solvay realizan una lectura similar, aunque con matices. En el caso de la factoría de Torrelavega, actualmente produce «al 80% de su capacidad como consecuencia de que tuvimos que parar nuestra cogeneración de gas», explica Luis Hervella, director de Recursos Humanos de la compañía. «Mientras las circunstancias se mantengan, mientras en la cogeneración no se contemple un precio adecuado a la situación actual de los mercados, tendremos que seguir parados en este aspecto», añade.

En su caso apuntan también a otros factores que contribuyen a tensar la cadena de producción: «Disponemos de otras formas de producir energía algo más baratas, aunque eso no significa que no estemos sufriendo la crisis porque además del precio del gas nos están afectado otros factores como el precio de las materias primas, que han subido muchísimo», explica Hervella. En ese contexto cobra mayor importancia si cabe la reunión sectorial promovida por el ministerio de Industria: «Tenemos confianzas y expectativas en que al final acabe cambiando algo, porque es verdad que la situación está muy mal y es todo complicado, pero creemos que este tipo de encuentros puedan servir para mejorar algo la situación», apunta al respecto el representante de la planta cántabra. «Los ministerios, tanto el de Industria como el de Transición Ecológica, son conscientes de la situación, estamos convencidos de que pueden tomar cartas en el asunto y espero que las tomen». Como síntesis, Hervella concluye afirmando que «el escenario general, más allá de actuaciones o decisiones concretas, es de incertidumbre, como el de todo el mundo. Todo apunta a que va a ser un otoño-invierno complicado pero dentro de ese escenario vamos a intentar hacerlo lo mejor posible».

Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, reconoce que la parada de la producción de Ferroatlántica «desgraciadamente, no nos coge por sorpresa», al tiempo que advierte de que la «factura energética se va a llevar por delante a muchas empresas» con sectores industriales los precios «desbocados» les están dejando «fuera del mercado y al borde la quiebra».

Recalca también que «muchos empresarios grandes, medianos y pequeños están tirando de sus propios ahorros y de su patrimonio para poder aguantar el tirón e intentar salvar la actividad y los puestos de trabajo» con un otoño en el que si se cumplen las previsiones, esperan que las consecuencias de esta crisis energética sean incluso «peores que las del covid».

Conde lamenta que mientras tanto «tenemos que aguantar las acusaciones de ministros del Gobierno que tratan de presentar a los empresarios como los culpables de lo que está ocurriendo y buscando que se genere confrontación social. Es impresentable».

Explica también que este jueves han recibido una propuesta del plan de contingencia energética de la comunidad para aportar ideas para Cantabria y exclama sorprendido que «quieren aportaciones en menos de tres días», una cuestión que, a su juicio, es consecuencia de que se hayan tomado deciciones y medidas desde el Gobierno central de forma «unilateral y sin consultar». Además, recalca que «queremos colaborar», pero se queja de que «no nos quieren escuchar» y acusa a los representantes políticos de «improvisación a parche y postureo político, cuando no a incapacidad».

Aunque con distinto tono y argumentos, todos los grupos del arco parlamentario cántabro apuntan a un contexto complejo para la industria regional, una situación provocada fundamentalmente por el enorme aumento de los costes energéticos.

Arrecian las críticas ante la estrategia con que el Gobierno de Cantabria encara la situación del sector industrial regional.

En el PP cántabro, principal partido de la oposición, achacan «el paro en la producción de Ferroatlántica a la inacción de los Ejecutivos nacional y regional». Su secretaria general, María José González Revuelta, afirma que la situación «no es nueva» y que desde su partido llevan años «advirtiendo de la situación de las grandes industrias electrointensivas diciendo que no pueden más». En ese sentido, González ha ahondado en su análisis, señalando que el actual contexto «ni es culpa de Putin ni de la guerra de Ucrania, es la consecuencia de los destrozos que ha causado la politica energética del Gobierno de la Nación y también de la complacencia e inacción propias del Gobierno de Cantabria». Sobre el caso de Ferroatlántica, la representante popular señala que la situación de esta empresa «es tan solo el principio de lo que está por venir si quienes nos gobiernan no hacen nada» ante la realidad de un sector que «es de importancia estratégica para Cantabria».

«Estamos hablando de nuestros gigantes de la metalurgia, la química y la siderurgia, de grandes plantas industriales como Reinosa Forgings & Castings, Sidenor, que mantiene un tren de laminado de acero en Reinosa, GSW o Bondalti (Solvay), que dan empleo directo a 2.000 personas y tienen una facturación que ronda los 2.000 millones de euros anuales», resalta la secretaria general del PP. A su juicio, «si no se adoptan medidas ya, existe riesgo de deslocalización, pérdida de inversión y de empleo».

Cristóbal Palacio, portavoz de Vox en el Parlamento, señala que desde su partido llevan avisando al Ejecutivo toda la legislatura de que «la situación es insostenible» e instando a que se tomen medidas como la mejora de la eficiencia administrativa y la disminución de costes asociados, como la presión fiscal o las «exigencias desmesuradas» a las empresas. En este sentido, Palacio lamenta que no se haya facilitado la vida de las empresas, «salvo la creación de mesas de diálogo sobre las que no se han propuesto soluciones». Y ante la situación del precio de la energía, cree que la única vía de competencia para empresas con alto consumo como las que radican en Cantabria, es «compensar el coste energético con mucha mayor eficacia en el funcionamiento de estas y en la gestión del sector público». Aquí es «donde se tiene que retratar un Gobierno» , advierte Palacio, quien critica que hasta la fecha, no ha hecho nada. «Se presenta un invierno muy duro con el peor Gobierno posible al frente», concluye.

La pregunta de dónde están las ayudas prometidas centra las palabras del portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, quien aunque reconoce que la situación de Ferroatlántica y aquella a la que se puedan ver abocadas otras industria de la región no es ajena a las dificultades de toda Europa, insiste en saber qué ha pasado con las ayudas a las electrointensivas y los Fondos Next Generation que se prometieron hace meses. «Dónde está el Gobierno de España y el de Cantabria, que se han hartado de hablar de millones de ayudas… a ver qué empresas quedan para cuando lleguen», insiste Álvarez, quien también se pregunta «por qué el Gobierno de España sigue empeñado en orillar y no hacer caso a la energía eléctrica». El portavoz de Ciudadanos cree que no se puede ser tan dependiente de otros países en materia energética y reclama la la distribución inmediata de las ayudas prometidas.

Javier Fernández Soberón, alcalde de El Astillero, municipio en el que se ubica la planta de Ferroatlántica, cree que «el precio de la luz tan elevado que sufren las electrointensivas, como Ferroatlántica, no es algo que haya surgido con la pandemia o la guerra de Ucrania. Mucho antes de todo eso ya habíamos solicitado formalmente al Gobierno Regional y al Nacional medidas para que las tarifas eléctricas puedan ser más asumibles y rentables para la empresa de Boo que genera centenares de puestos de trabajo en la región».

Desde su perspectiva, el regidor considera que es necesario «dedicar todos los esfuerzos en mantener los actuales puestos de trabajo antes de vender humo con proyectos que nunca llegan». Para ello, Soberón resalta que «las administraciones regionales y nacionales deben poner los esfuerzos en conservar las empresas actuales, porque ¿quién va a invertir en nuestra tierra si los negocios que hay actualmente dejan de producir o se van a marchar?»