«El vehículo eléctrico no es un problema, sí el precio, su regulación o la autonomía»

¿El objetivo? Hacer una radiografía del sector desde la perspectiva de agentes y concesiones de las diferentes marcas del mercado, incluidas las instituciones, así como analizar los desafíos que se presentan ante un sector estratégico bajo el título: 'El papel de la automoción en la nueva movilidad'.

Moderada por el redactor jefe de El Diario, José Luis Pérez, la jornada dio comienzo con la bienvenida del consejero de Innovación, Eduardo Arasti, que se refirió a Cantabria como una «potente» industria de componentes de automoción, con un peso «muy relevante» en la economía regional, el 30% del PIB industrial regional. Además de referirse a las nuevas soluciones de movilidad con menores emisiones de CO2, aseguró contar con aliados como el clúster GIRA que agrupa a 32 miembros, entre ellos los principales fabricantes de componentes de la región, la Universidad de Cantabria, la Universidad Europea del Átlantico o el Centro Tecnológico de Componentes. Arasti concluyó poniendo el foco en varias líneas de acción para garantizar «la viabilidad y el mantenimiento del empleo», pero antes insistió en que el tejido empresarial «debe adaptarse planteando iniciativas de colaboración publico privadas que posibiliten la mejora competitiva».

La ponencia central de la jornada corrió a cargo de José Ignacio Moya, director general de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto, que desgranó una serie de puntos clave de plena actualidad sobre la movilidad, con el actual parque de vehículos, las zonas de bajas emisiones y las infraestructuras de recarga en el centro del análisis.

Sobre las infraestructuras de recarga apuntó que en Cantabria hay 354 puntos públicos, siendo necesario llegar a los 3.378 en 2030 «si queremos cumplir con los objetivos». ¿Los principales problemas? Las trabas administrativas y que el 21% son de baja potencia. Por tanto, para Moya «el vehículo eléctrico en sí no es un problema, sólo que hay un conjunto de barreras, desde el precio, la regulación, las infraestructuras hasta la autonomía, que obligan al ciudadano a mantener esas reticencias».