La renuncia de Delgado por enfermedad deja la Fiscalía General con una convulsa herencia

Pero al margen de esa dolencia confirmada -y cuyos efectos se habían hecho visibles en los últimos meses-, Delgado se marcha en el momento de mayor debilidad de su mandato, cuestionada por buena parte de la carrera fiscal, perseguida por la polémica y enfrentada abiertamente en una guerra con el Supremo. Su salida, no obstante, no parece anticipar grandes cambios, ya que será sustituida por su mano derecha, Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía General del Estado, a través de una nota oficial, se esmeró este martes en borrar cualquier sombra de purga e insistió en que los únicos motivos de la renuncia son médicos. La propia Delgado exhibió su parte facultativo y reveló que el pasado 20 de abril se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra. Esa intervención, sin embargo, no será la última ya que la «columna esta muy afectada». Delgado subrayó este martes en una carta «lo difícil» de su decisión de abandonar la Fiscalía General, pero reconoció no encontrarse «en las condiciones físicas exigidas para tan alta función».

Los dos años y medio de Delgado, cuyo nombramiento fue muy cuestionado desde el inicio por su salto directo desde el ministerio a la Fiscalía, han sido un periodo de los más convulsos vividos en la institución, empezando porque incluso sus compañeros se negaron a bendecir su nombramiento aunque ese fuera solo un acto protocolario.

Sin embargo, la fiscal, distante de la polvareda y lejos de cualquier autocrítica, hizo en su carta de despedida una evaluación triunfal de su mandato. Según Delgado, se marcha con un balance «satisfactorio» porque «se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables».

Su política de nombramientos, sin duda, ha sido de lo más controvertida. Las asociaciones de profesionales discrepantes le han acusado de colocar de forma mayoritaria en puestos clave a miembros de su colectivo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que solo abandonó tras ser elegida fiscal general.

Una de esas nominaciones en abril de 2021 fue la de Eduardo Esteban, durante muchos años jefe de la Fiscalía de Madrid, integrante de la UPF y que había sido promocionado a fiscal de Sala como máximo responsable de la Unidad Coordinadora de Menores. Tanto el colectivo más combativo contra Delgado, la Asociación de Fiscales (AF), como uno de los candidatos a ese puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa, recurrieron esta elección ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y el pasado abril los magistrados decidieron anular el nombramiento al entender que se había dado una falta de motivación para que Delgado le propusiera para el cargo. Es decir, que el nombramiento había sido arbitrario.

Sea cierto o no ese supuesta parcialidad de la que le acusan sus rivales, lo cierto es que Delgado había perdido el respaldo (y casi el respeto) del consejo fiscal y el de la junta de fiscales de sala, que son los dos órganos de asesoramiento y colegiación de decisiones de la Fiscalía General.

Dolores Delgado se marcha, además, sin recompensa en el escalafón por su paso al frente del Ministerio Público, tal y como pretendía Pedro Sánchez, por lo que tendrá que volver como fiscal a la Audiencia Nacional. El pasado junio el PSOE decidió enterrar su proyecto para aprobar una reforma legal con el fin de ascender en la carrera profesional a la fiscal general del Estado. Y es que la casi totalidad de los grupos del Congreso, incluidos Unidas Podemos y los socios de investidura, habían comunicado al PSOE su rechazo frontal a blindar a Delgado. A pesar de la decisión de retirar la reforma, el Grupo Socialista siguió insistiendo en que la idea no era ascender a Delgado, sino garantizar una posición relevante a cualquiera que abandone el puesto de fiscal general.

Esta reforma, finalmente descartada, provocó una escandalera a finales de marzo cuando se conoció que el PSOE había introducido a última hora una enmienda en la Ley Concursal, una norma totalmente ajena al régimen interno del Ministerio Público, para tratar de reformar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a fin de garantizar que Dolores Delgado tenga un ascenso a fiscal de sala del Tribunal Supremo, uno de los más deseados puestos en la carrera. El texto presentado por los socialistas defendía que Delgado se saltara el escalafón hasta lo más alto por el simple hecho de haber ejercido como fiscal general. Un puesto para el que fue propuesta por Pedro Sánchez con el rechazo mayoritario de la carrera.