La juez rechaza ampliar la investigación a Fernando Simón en la causa del 8-M

En una providencia de citación de testigos, la instructora rechazó que el doctor, cabeza visible de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria, tuviera responsabilidad en la presunta prevaricación administrativa investigada por autorizarse decenas de actos en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo pasado. Ello pese a que la propagación del coronavirus era ya un hecho en la comunidad.

La magistrada responde así a varios denunciantes que reclamaban ampliar los hechos investigados y dirigir la causa también contra Simón. Sin embargo, el procedimiento no se dirige contra él, aunque, recuerda Rodríguez-Medel, al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) ya tienen asuntos registrados contra Simón, por lo que se deben de dirigir ante dichos órganos «y no a éste», explica.

El único encausado hasta la fecha por autorizar manifestaciones como la del 8 de marzo, Día de la Mujer, o el congreso de Vox es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El también líder de los socialistas madrileños, cercano al presidente Pedro Sánchez, comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 51 el 10 de junio.

Del mismo modo, la juez rechaza tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que «sin identificar, se les imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de estos delitos».

Por otra parte, la instructora citó este viernes a siete testigos el 11 de junio. Se trata de responsables o portavoces de colectivos que pidieron manifestarse en esas fechas, pero la respuesta administrativa fue negativa.

En la misma providencia, además, sí admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU), representada por José María Mena, si bien condicionada a la presentación de poder especial y prestación de mil euros en concepto de fianza. En cambio, deniega la personación del particular Javier Fernández Torres y de la asociación Derecho a Decidir. Explica la juez que no cumplen con los requisitos exigidos en la ley procesal. Ambos pretendían ir contra el doctor Simón.

Más allá de estos movimientos, este viernes se conocieron los pormenores de un nuevo recurso de la Abogacía del Estado, que defiende al delegado Franco en la causa. Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia criticaron el «claro sesgo acusatorio» del informe de la Guardia Civil, origen del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y «las continuas sospechas y comentarios suspicaces»

La abogada Rosa María Seoane, conocida por el juicio del 'procés', volvió a reprochar a la juez que «cercene» el derecho a la defensa al ordenar la práctica de diligencias no urgentes pese a la suspensión de plazos procesales establecida por el estado de alarma.

Tampoco comparte que pida al forense una ampliación de su informe sobre la influencia de las manifestaciones en la expansión del virus, dado que el delegado solo está siendo investigado por prevaricación y el informe de la Policía Judicial no incluye «ningún análisis de evidencias científicas». «Sólo -prosigue- referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense». Del mismo modo, critica las conclusiones del forense por afirmar, «como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad». «Negamos la mayor. Esa afirmación no tiene ningún sustento científico ni técnico y el forense no la razona», concluye.