¿Qué hacemos con la energía eólica?

Los datos provisionales de REE indican que en España se generaron en 2020 un total de 109.269 GWh de electricidad de origen renovable, un 11,6% más que en 2019. La tecnología eólica ha sido este año la renovable con mayor presencia, alcanzando el 21,7% de la electricidad total. Por delante se mantiene la energía nuclear con el 22,2%, mientras que en las posiciones siguientes se sitúan las centrales de ciclo combinado (17,8%), la energía hidráulica (11,9%), la cogeneración (10,8%) y la solar fotovoltaica (6,1%). El aumento en la producción de las renovables ha empujado a 2020 a ser también el año con mayor producción libre de emisiones de CO2 equivalente desde que se cuenta con registros (2007). El 66,9% de toda la electricidad generada proceden de tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero.

En todo este fenómeno, bueno para el planeta, Cantabria no ha estado apenas presente. Es más, la aparición de nuevos proyectos de instalaciones eólicas ha provocado controversia política, con zonas de exclusión eólica incluidas, y un rechazo social significativo. Parece que Cantabria se aleja de la corriente mundial, europea y española y creo que es un lujo que no podemos permitirnos. Hablamos de inversiones superiores a 600 millones de euros, creadoras de centenares de puestos de trabajo, en un entorno rural en constante pérdida de población y actividad.

Creo que proyectos de esta naturaleza no se deberían de realizar de forma aislada sino en el marco de un modelo de desarrollo del territorio rural en el que, por ejemplo se contemple: el impulso al autoconsumo energético, placas fotovoltaicas en edificios públicos, cultivos hidropónicos con luz artificial, desalinización y depuración de aguas, programas de economía circular, agricultura y ganadería sostenible e inteligente, programas de formación en conocimientos digitales, energéticos y emprendimiento, y otros que rompan la brecha educativa en el mundo rural, digitalización del tejido empresarial, atención social y sanitaria digital e inteligente, infraestructuras de redes y plataformas de comunicación públicas que garanticen el acceso universal a una conectividad útil para el negocio, el estudio y el teletrabajo… Es decir, un proyecto eólico ha de ser la parte de un todo más ambicioso: desarrollar el territorio rural de una forma inteligente y, por ello, trasversal.

Es cierto que el despliegue de infraestructuras tiene un impacto ambiental y paisajístico y que en su desarrollo se ha de tener en cuenta el balance coste/beneficio. Previo a ello, es responsabilidad de los poderes públicos definir un campo de juego con seguridad jurídica. Cosa que no sucede en Cantabria.

Es urgentísimo aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio que delimite con precisión las zonas en las que se pueden desarrollar los parques eólicos, así como la evaluación ambiental conjunta. Mientras tanto, todo proyecto de desarrollo económico será un foco de conflicto. Llama la atención el rechazo a las infraestructuras eólicas, propias de nuestro tiempo, y la aparente tranquilidad con la que se aceptan otras de tiempos pretéritos: carreteras, autopistas, ferrocarril, tendidos, diques… El efecto sobre el paisaje de los molinos de viento tiene una parte de carga subjetiva, lo que para unos es un atentado para otros es un signo de modernidad. En Copenhague, en la plaza del Palacio Real, se pueden divisar perfectamente multitud de molinos ubicados en el mar. No creo que la sociedad danesa tenga menos sensibilidad ambiental que la nuestra. Casa mal la defensa del paisaje, intacto, con la imposibilidad de acuerdo para que los Valles Pasiegos sean declarados Reserva de la Biosfera.

El viento es un recurso energético del que nuestra sociedad, nuestra economía y empleo no se pueden permitir el lujo de prescindir. Es responsabilidad de todos, especialmente de las administraciones públicas, que se pueda explotar de manera sostenible.