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PP, PSOE, PRC, Equo y Vox en el Ayuntamiento de Miengo se han unido para oponerse al desarrollo del proyecto del depósito de residuos inertes. ... Un macro depósito del que nadie sabía nada hasta hace unas semanas y que se ha planteado para ocupar 143.000 metros cuadrados de terreno en el centro del municipio. Ayer, todos los grupos municipales suscribieron una declaración elaborada por el equipo de Gobierno (PP) contraria a la instalación, y que se presentará el lunes en la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (Crotu) «considerando el grave impacto social, ambiental y sanitario» que podría tener el mismo.
Así se acordó durante el pleno celebrado ayer, en el que la portavoz del equipo de Gobierno (PP), Elena Castillo, invitó también a unirse a la causa a las diferentes asociaciones y juntas vecinales del municipio, al mismo tiempo que agradeció que los vecinos hayan manifestado estos días su «preocupación» por este asunto.
Para reforzar su postura, el equipo de Gobierno ha recabado varios informes técnicos de carácter medioambiental, jurídico o arqueológico. Además, no dudará en plantar cara incluso al Gobierno de Cantabria si se sigue adelante con la propuesta. «Por si a alguien le queda alguna duda», recalcó la edil popular, en alusión a las acusaciones de los regionalistas en días pasados, en los que afirmaron que el PP conocía el proyecto de antemano y disimulaban. Al respecto, Castillo quiso «dejar tranquilos a los vecinos» y mostró en el pleno un informe avalado por la secretaría municipal, que certifica que «en esta casa no consta ningún documento sobre ningún depósito de residuos inertes y ninguna actuación en las parcelas objeto de este asunto», dijo.
Tras ello, la popular acusó al PRC y al PSOE de haber sido ellos quienes, la pasada legislatura, pusieron en marcha un «proyecto piloto» de este vertedero en la playa de Usgo. Según explicó, ambos partidos «que ahora se ponen a la cabeza de las manifestaciones», rellenaron con «la misma empresa» promotora que plantea el vertedero y con «el mismo modus operandi un aparcamiento ilegal» en esta zona. Castillo acompañó sus afirmaciones enseñando una imagen del antes y otra del después del espacio rellenado en Usgo, y que pertenece a propietarios privados. «Lo fueron rellenando poco a poco con materiales inertes, con premeditación y alevosía, y a día de hoy no se puede ni acondicionar porque sabemos que es ilegal», zanjó.
Tras ello, los populares sometieron a debate una moción de reprobación al portavoz regionalista, Juan Montes, por haberles acusado días atrás de promover el vertedero. Antes de votarla, la teniente de alcalde le dijo al regionalista que si se «retractaba» retiraría la mima, pero Montes no lo hizo y se ratificó en lo dicho. «Malo sería que no lo supieran, pero peor que sabiéndolo no hayan dicho nada», opinó el regionalista, tras asegurar que «no se puede reprobar a alguien por denunciar una ilegalidad en la prensa y generar desasosiego en los ciudadanos», cuando realmente, dijo, «quien crea la alarma es la noticia y la falta de información por parte del Ayuntamiento».
Por su parte, tanto desde el PSOE como desde Verdes Equo manifestaron haber presentado ya alegaciones al proyecto, al igual que los propios regionalistas, al tiempo que la edil de Vox, Sonia Pacheco, también se posicionó en contra del vertedero.
En la misma sesión, el equipo de Gobierno volvió a traer a aprobación provisional el plan parcial del Palacio de El Somo, porque una vez fue remitido a la Consejería de Medio Ambiente –tras su aprobación en diciembre de 2023–, el equipo de la consejería detectó que el procedimiento administrativo seguido para tramitarse no había sido correcto por carecer de declaración ambiental. Así, la portavoz popular reconoció que «se había perdido todo un año por ese procedimiento mal tramitado» y recordó que, desde la aprobación provisional hasta la definitiva, aún tardará en salir a la luz.
Al respecto, la concejala de Verdes Equo, Sara Gómez, se alegró por los retrasos ya que su grupo siempre ha mostrado su rechazo a este plan que prevé que se puedan construir hasta 104 viviendas, «ocupando un suelo que en nada va a beneficiar a los vecinos que están aquí», dijo. Muy al contrario, auguró que supondría la «pérdida de suelo y problemas de recursos hídricos y de gestión de residuos». Por lo tanto, consideró que «los únicos beneficiarios serán los promotores». A lo que hay que añadir que el plan «obliga al Ayuntamiento a asumir el palacio, en avanzado estado de ruina y que necesitará una inversión millonaria para su rehabilitación».
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Ana del Castillo
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