El fiscal considera que los investigados del 'caso Santillana' adulteraron contratos en su beneficio

Al menos es lo que se desprende de las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil y, por ende la Fiscalía, en el marco de la investigación del conocido como 'caso Santillana'. Un asunto que se ha dividido en cinco partes o piezas. Una es la que afecta a la hermana de la alcaldesa; otra tiene que ver con la gestión del parking de Santillana; la tercera versa sobre las subvenciones que recibían las escuelas de fútbol; y la cuarta, que se tramita en otro juzgado, tiene que ver con el borrado masivo de datos que llevó a cabo una concejal del PSOE. Habría una quinta que está dirigida al esclarecimiento de las dinámicas económicas de todos los investigados.

A raíz de las diligencias de investigación realizadas por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil y, sobre todo, de las declaraciones de los investigados y denuncias recíprocas de corrupción, se amplió el objeto inicial de este caso para el esclarecimiento de hechos nuevos que tienen una relación de «conexidad delictiva» con la denuncia inicial, según sostiene la Fiscalía. Esa conexidad se fundamenta en la «creación y consolidación en el tiempo» de un sistema de contratación pública y de administración-disposición de fondos públicos «regido por la arbitrariedad y la fuga del derecho administrativo como forma de exclusión de controles legales».

El fiscal encargado de este caso considera que dicho sistema fue presuntamente forjado por los investigados para su «enriquecimiento patrimonial ilícito, mediante el desprecio y quebranto burdo» de los principios legales que se fijan por ley para la contratación en el sector público, como son: libertad de acceso a las licitaciones; no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; publicidad y transparencia de los procedimientos; y eficiencia.

Este pacto presuntamente criminal entre los investigados «adulteró en esencia el fin y el resultado de los procedimientos administrativos en su beneficio, en tanto que dichos procedimientos, y la misma ley administrativa, se convirtieron en una mera apariencia formal o 'coartada' de una decisión pactada 'ab initio' (desde el principio) entre los investigados, con desprecio a los principios ya indicados y con claro perjuicio para la Administración pública. Los investigados actuaron con el único propósito de hacer presa en los fondos públicos municipales».

Estas son la conclusiones a las que ha llegado el representante de la Fiscalía en base a las pesquisas practicadas por la Guardia Civil hasta el momento, y a la espera de conocer otras fundamentales para la investigación, como son los informes patrimoniales de los investigados, que ascienden a trece entre las cuatro piezas abiertas (la quinta es la que se denomina 'Blanqueo de capitales y decomiso' pero no tiene imputados aún).

A la espera de conocer esa información relevante, el instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Santander, Pablo Fernández de la Vega, tomó ayer declaración a los seis investigados por la pieza que dio origen a todo el 'caso Santillana'.

De las actuaciones realizas hasta el momento y sin perjuicio de la instrucción judicial en curso, el fiscal sostiene con carácter provisional que entre los años 2021 y 2024 se estableció por los responsables municipales investigados en esta causa un sistema estable para un apoderamiento ilícito de fondos públicos de baja intensidad, un «menudeo predatorio» concertado con una mercantil afín, Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura.

«El sistema se concretó en el pacto previo entre el investigado Carlos Liaño Corona, responsable de Ingenia, y Ángel Rodríguez o Sara Izquierdo (según cada expediente), para la presentación de informes o proyectos al Ayuntamiento de Santillana del Mar». Según sostiene el representante del Ministerio Público, los investigados eran plenamente conocedores de la «inviabilidad» de los proyectos, de su imposible ejecución o de la similitud o coincidencia entre los mismos, a pesar de lo cual presentaban los proyectos, que eran aprobados y pagados por los responsables municipales del Ayuntamiento. Una vez abonado el importe a la mercantil Ingenia, «esta compartía el dinero recibido mediante la emisión de facturas por trabajos inexistentes, en concreto a la investigada Stela Izquierdo (la hermana de la alcaldesa) y a su empresa Sertuplan».

El fiscal sostiene que el procedimiento y la ley administrativa «se emplearon exclusivamente para dar cobertura formal a las decisiones previamente establecidas por los investigados». «Son ellos los que crean la necesidad aparente de la contratación o traen a terceras personas para generar una ficticia concurrencia pública». Este es el caso de dos empresarias investigadas, «que colaboraron para dar cobertura a una contratación mediante la presentación de proyectos ficticios, a requerimiento de los investigados, con el exclusivo fin de aparentar que la oferta económica de Ingenia era la más económica».

La Guardia Civil ha determinado que entre 2021 y 2024 fueron adjudicados a Ingenia diez contratos menores para la redacción de proyectos por valor de 100.141 euros. El Ayuntamiento de Santillana informa que Ingenia facturó 97.116 euros en la redacción de proyectos para el municipio, mientras que el actual concejal de Hacienda, Urbanismo, Personal y Seguridad, Agustín García, informó de que «dichos proyectos no se han llevado a cabo, en varios casos siendo de imposible realización».

A la vista de estos hechos, la Fiscalía considera que estamos ante un delito continuado de prevaricación administrativa «en cuanto al burdo uso de las normas de contratación pública para dar cobertura y opacidad a la realidad criminal establecida previamente por los investigados».

También aprecia un supuesto delito de fraude en la contratación «por el concierto establecido entre los acusados para la contratación pública sin posibilidad real de intervención de terceros y en perjuicio de la Administración». Y, finalmente, detecta un supuesto delito de malversación «en cuanto que el contrato celebrado no responde a una necesidad real del Ayuntamiento de Santillana del Mar».