Dos denuncias cruzadas entre el exalcalde de Santillana y la alcaldesa dan pie a la operación anticorrupción

Ahora, todos los focos están puestos en la causa judicial. Un asunto que emana de las dos denuncias cruzadas que presentaron, primero el exalcalde contra la alcaldesa cuando esta le arrebató la Alcaldía, y después Izquierdo cuando tomó las riendas del ayuntamiento y se percató de que alguien había procedido a un borrado masivo de datos municipales.

Sobre la denuncia del exalcalde contra la alcaldesa ya se pronunciaron todas las partes implicadas (salvo la empresa que subcontrató a la hermana de la regidora) hace dos meses cuando Rodríguez anunció que trasladaría los hechos a la Fiscalía. Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, se trataba de un contrato menor de servicios (menos de 15.000 euros). Izquierdo –en su condición de concejala de Turismo– recabó tres ofertas y propuso adjudicar a la empresa Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura SL. la redacción de un proyecto de mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con el fin de poder acceder posteriormente a subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes para mejorar y optimizar el Complejo Deportivo municipal Carlos Alonso Santillana.

Finalmente, el trabajo fue adjudicado a dicha empresa, que presentó la oferta más económica de las tres aportadas por la edil, con un coste total de 17.968 euros, tras una resolución de la Alcaldía del 8 de agosto de 2023. El pago se aprobó dos meses más tarde, el 16 de octubre (aunque parece que está pendiente).

En ese momento, lo que llamó la atención fue que Ingenia, la firma a la que se encargó el trabajo y cuyo responsable está ahora investigado, subcontrató a la empresa Sertuplan, en la que figura como socia y administradora única Stela Izquierdo (hermana de la alcaldesa y también investigada ahora), para realizar parte de ese proyecto. Por este trabajo Sertuplan facturó 7.500 euros. La factura por esa tarea se presentó el 26 de octubre, diez días después de que el Ayuntamiento pagara a Ingenia. En su momento también llamó la atención que el objeto social de Sertuplan, empresa en la que también trabajó la alcaldesa, sea el de agencia de viajes, tal y como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Al tratarse de un contrato menor, por su cuantía, el Ayuntamiento pudo prescindir del trámite de convocar un concurso, y bastó con que la concejala propusiera las tres ofertas. El Consistorio optó por la de Ingenia, al tratarse de la de menor cuantía, exactamente 121 euros más económica que la inmediatamente superior.

Nada más ha trascendido respecto a este contrato, del que supuestamente se desprenden indicios delictivos, según recoge la Fiscalía en la denuncia que da lugar a la causa y por la que están investigadas la alcaldesa y su hermana y el empresario que subcontrató a esta última. Hablamos de presuntos delitos de fraude en la contratación, prevaricación y malversación de caudales.

El segundo asunto sobre el que se sustenta la denuncia del Ministerio Público, y por la que están investigados el exalcalde y la concejal del PSOE, Paula Pérez, tiene que ver con la denuncia que presentó ante la Fiscalía la regidora. Fue al día siguiente de tomar posesión cuando el secretario municipal le comunicó que habían desaparecido documentos de varios departamentos que estaban en los equipos informáticos, algunos de ellos de las carpetas compartidas. A partir de ahí, y ante la «grave pérdida de datos» y la posibilidad de que pueda derivarse «alguna responsabilidad» por ello o se tratase de una «sustracción» de los mismos, se pidió un informe a la empresa de protección de datos, que hizo un barrido que solo contempló «las últimas 22 horas», es decir, lo ocurrido un día antes (el mismo día de la moción).

En dicho documento técnico se recogía que la mañana del 6 de junio, una hora y cuarto antes del cambio en el gobierno local, alguien «accedió y borró» todos los archivos «dejando los ordenadores vacíos». Según ese mismo informe –en el que se basó la denuncia presentada por la nueva regidora– el ordenador desde el que se accedió era el de la Concejalía de Juventud, cuya titular en ese momento era Paula Pérez. Días después, la citada edil presenta un documento de «disculpa» por registro electrónico en el que reconoce que había borrado documentación y agrega que lo hizo «para evitar que el nuevo usuario no tuviera complicaciones a la hora de utilizarlo». También reconoció que en ese proceso cometió «un error» y se eliminaron «ciertos documentos que se encontraban en su ordenador». Explicó que lo único que quería era quitar cosas «personales» como «cuentas» o fotos de sus hijos «del salvapantallas» tras cinco años como edil en el Ayuntamiento.

Pese a esta primera versión de la concejala, la alcaldesa explicó que «la denunciada» accedió «carpeta por carpeta del archivo común» y que esa acción causó después la «desaparición» de los mencionados «15.000 archivos».

La denuncia de la alcaldesa recayó en otro juzgado de Torrelavega distinto al que tramitó el caso del contrato de la hermana de la alcaldesa, pero el fiscal consideró que había una conexión y por eso ambos asuntos han ido de la mano.

Tras practicar varias diligencias, entre ella la toma de declaraciones, los investigadores llegaron a la conclusión de que supuestamente fue el exalcalde el que le pidió a su compañera y edil de Juventud el «borrado masivo del servidor del Ayuntamiento», razón por la que fue detenido el pasado viernes, 2 de agosto, un día después del resto de investigados en el procedimiento.

En este caso el delito que está sobre la mesa es el de daños informáticos, recogido en el artículo 264 del Código Penal. «El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años».

Aunque en principio no parece que sea uno de los casos que están siendo investigados –hay secreto de sumario– el plan de sostenibilidad turística de Santillana fue otro asunto que trajo cola hace meses por irregularidades en su tramitación que, al parecer, fueron solventadas finalmente. Todo comenzó a principios de mayo, cuando la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, apuntó que había «un problemilla» con el plan que impedía transferir los 3,5 millones de euros que se encontraban en las arcas regionales desde agosto de 2023. El problema en cuestión fue que el Ayuntamiento presentó un borrador –el que resultó ganador– que contenía trabajos elaborados por una consultora sin el permiso de esta.

Finalmente intermedió el Ministerio en la polémica y el Gobierno de Cantabria dio luz verde a la concesión de la subvención, procedente de fondos europeos, y que «se ha transferido ayer mismo al Ayuntamiento».