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La Corporación municipal de Castro Urdiales aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por los partidos de la oposición y Ciudadanos para instar a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales a la continuidad del centro de día y de sus trabajadores, y aunque se ... pusieron de acuerdo en la solicitud, no faltaron las críticas a los gobiernos local y autonómico por la gestión de este asunto. La sesión contó con la protesta de los familiares y usuarios del centro, que acudieron al pleno con una pancarta contra el cierre de este servicio.
La propuesta de resolución que se trasladará al departamento que dirige Eugenia Gómez de Diego, implica, además del mantenimiento del servicio y la garantía de continuidad de sus trabajadores, la no cesión, por parte del Ayuntamiento de la parcela del edificio para nuevos usos hasta disponer, al menos, de un borrador del proyecto que los defina.
La oposición recriminó al vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga y a la alcaldesa, Susana Herrán, que hayan «enmascarado el cierre del centro de día» con el anuncio, en rueda de prensa, de la remodelación y nuevos usos del edificio. Desde el PRC, Carla Urabayen, les acusó de «mentir» y puso en duda que desconocieran que el servicio se iba a cerrar y se hubieran enterado 15 minutos antes de la rueda de prensa, extremo que más tarde confirmó la alcaldesa.
En opinión de Urabayen se está tratando a los usuarios «como si fueran paquetes que se llevan de un lugar a otro». Y es que para el PRC «es una locura» la alternativa de trasladar a los usuarios a otros centros de día y «desplazar varios kilómetros a personas con problemas cognitivos, de movilidad, o a personas que se desorientan cuando se les mueve de lo que consideran su hogar».
Para la edil de CastroVerde, Mónica Icaza, la actuación es «un ejemplo de como no hay que gestionar» y coincidió con su compañera del PRC en que «no se han medido las consecuencias de venir a anunciar algo sin proyecto, sin plazos y sin tener elaborado nada más allá de un titular».
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Javier González Mellado
Según la concejala del PP, Ana Urrestarazu, «el problema es que todo es mentira», y reseñó una cronología de la suspensión del servicio, que se inició con el anuncio, el 26 de julio, de la empresa adjudicataria, Pro Maiorem, de no prorrogar el servicio a 31 de diciembre.
Para Urrestarazu, «la única realidad hoy es que el centro de día se va a cerrar el 31 de diciembre porque no hay proyecto». Aseguró que «se está incumpliendo la ley porque no hay resolución del cierre y no hay notificación por carta a los usuarios para que tengan derecho de recurso».
Por su parte, la alcaldesa apuntó que una vez que conoce el cierre de las instalaciones se reunió con Gómez de Diego a quien trasladó la necesidad de mantener el servicio hasta el inicio de las obras. Además, la regidora propuso a la consejera de la firma de un contrato puente, al menos hasta el inicio de las obras, llegando a un acuerdo económico con Pro Maiorem. A la par, Susana Herrán se comprometió a habilitar un espacio para seguir prestando el servicio en el municipio y, concretamente, en las instalaciones de la residencia municipal.
En la sesión se aprobó también por unanimidad solicitar que el Coso Blanco sea declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional y el inicio de los trámites para nombrar a Javier Garay cronista oficial, con los votos en contra de Ciudadanos y el PP, que pedían un análisis más profundo de la propuesta y abrir el abanico a más personas.
Asimismo, se aprobaron tres modificaciones presupuestarias para dar respuesta al incremento retributivo del 1,5% de los funcionarios, otra para cubrir el frontón de Otañes con el reintegro de la subvención del agua y, la última, para ejecutar un proyecto de transformación digital y modernización de la Administración, que cuenta con una subvención de fondos europeos. Se trata, en palabras del concejal socialista Pablo Antuñano, de «modernizar la capacidad de gestión que tiene el Ayuntamiento, incorporando nuevas aplicaciones para optimizar los recursos y los trámites». En cuanto a la subvención, que está «prácticamente concedida», es de 223.000 euros, mientras que el resto, 360.0000 euros hasta completar los 588.000, lo cubrirá el Ayuntamiento.
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