Muguruza: «Voy a recurrir»

Tal ha sido su espontaneidad que incluso alguna de sus manifestaciones públicas le provocó algún que otro problema con la justicia, como aquella ocasión en la que, en una entrevista concedida a este periódico, afirmó que «lo que está haciendo el juez Acayro (en relación a su investigación en el Ayuntamiento) roza la prevaricación».

Pero desde que comenzaran a celebrarse los juicios de las causas abiertas por Acayro, ha preferido guardar silencio. Eso sí, por recomendación de su abogado. «Cuando acabe todo hablaré», ha señalado en varias ocasiones cuando los periodistas han intentado arrancarle alguna declaración.

Ayer, cuando conoció que la Audiencia le condenaba a un año de cárcel, que se suma a otra condena de prisión de siete meses por el caso Proconor, simplemente se limitó a señalar que presentará el correspondiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que espera que le dé la razón.

Preguntado sobre la posibilidad de que podría ingresar en prisión, en caso hacerse firme esta segunda condena de cárcel, Muguruza se limitó a señalar que «no tengo ni idea, espero que no».

Este periódico también se puso ayer en contacto con el juez Acayro para saber su valoración sobre esta sentencia, pero, como en otras ocasiones, prefirió no dar ningún tipo de opinión sobre los casos que instruyó y se han enjuiciado.

Desde la Alcaldía de Castro, tampoco quisieron pronunciarse al respecto. «De momento la alcaldesa está estudiando la sentencia, que se valorará más adelante». El que sí hizo su valoración sobre el fallo fue el portavoz de CastroVerde y exedil de Urbanismo la pasada legislatura, Eduardo Amor, uno de los impulsores, junto a su departamento y el servicio jurídico de la regularización de La Loma, donde el Ayuntamiento finalizó los trabajos de urbanización pendientes, solucionó provisionalmente los problemas del abastecimiento de agua y concedió las licencias de primera ocupación de algunas urbanizaciones.

«De no haberse actuado urbanísticamente como se hizo entre 2016 y 2019, las acusaciones de los vecinos y bancos de los SUNP-3, 4 y 7 no se hubieran retirado. Y por ello, pedían una reclamación de 53 millones de euros. La tramitación y aprobación del modificado nº22 del PGOU y la posterior construcción del depósito ha evitado esa catástrofe. Y además, se han salvado 42 imputados (aunque el motivo de las tramitaciones era evitar la indemnización millonaria).

Amor, que calcula que las costas de los absueltos supondrán 700.000 euros al Ayuntamiento, destaca que en la sentencia se subraya la decisión del Ayuntamiento de construir el depósito del Monte Cueto como argumento de la fiscal para retirar la acusación a 39 personas. «Incluso se alude a las dificultades de su tramitación, que debieron resolverse en la vía jurídico administrativo (juicio contra la Crotu, que quiso tumbarlo influido por el PSOE con el edil Alejandro Fernández como instigador, y el justiprecio de la expropiación donde se ubicaba el depósito)».