«No se puede intentar solucionar los problemas empresariales a través de un urbanismo a la carta»

El edil aseguró a este periódico que tenían «ciertas dudas» en la tramitación de la modificación del Plan General necesaria para la entrada en vigor del convenio, lo que podría haber derivado, según el socialista, en «males mayores para el Ayuntamiento» y en indemnizaciones a los empresarios que hubieran instalado su actividad en el edificio. Además, Antuñano afirmó que Jesús Gutiérrez (gerente de Conservas Lolín y líder del PRC de Castro) «depositaba todo el devenir de la empresa a que se le diese la razón y se tramitase la modificación puntual». «No ha sido así porque nosotros teníamos que velar por defender los intereses del Ayuntamiento», contestó rotundo el concejal, añadiendo que dicha modificación «no era la solución para todos, sino para su propia empresa».

«Lo que nos ha parecido chocante es que Jesús achaque el cierre de una fábrica con 65 años de historia a una decisión política de un Ayuntamiento. Eso no se lo cree nadie. Ninguna decisión política, en ningún ámbito, abre o cierra empresas. Si una empresa cierra es porque le han ido mal las cosas. Esta es la forma en que Jesús está intentando tapar una mala gestión empresarial», aseveró el edil, resaltando que no les parece «bien» que se utilice a las familias de los trabajadores. «El PRC, a raíz de la no aprobación del convenio, inició una escalada bastante beligerante contra las acciones que está llevando a cabo este equipo de gobierno, con su voto en contra y sus críticas sin fundamento», reprochó.

Desde el Gobierno regional, el presidente Miguel Ángel Revilla lamentó ayer el cierre de una empresa de la región con tanta trayectoria.

Por su parte, la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria (CC OO) también lamentó el «fatal desenlace» de Lolín y señaló la «desidia» tanto de la empresa como de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, «que han dejado morir la conservera sin buscar soluciones ni alternativas para las 50 personas, fundamentalmente mujeres, que conforman su plantilla».

Para César Conde, secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO en Cantabria, «la empresa ya preveía que la Justicia podría no aceptar el recurso y, aún así, no ha hecho nada por buscar alguna solución o vía alternativa, al igual que los diferentes partidos políticos del municipio, que se han limitado a dejarlo estar sin importarles en absoluto los 50 puestos de trabajo, 50 familias que se quedan en el aire y que son los paganos de una situación que es totalmente externa a ellos y a su trabajo».

CC OO recuerda que ya convocó a principios de 2020 una movilización frente al Consistorio castreño exigiendo a los grupos políticos implicación y agilidad para resolver un conflicto complicado y donde las víctimas no debían ser las 50 personas que conforman la plantilla. En este sentido, siguen instando a los responsables «a buscar una solución que no desemboque en la pérdida de puestos de trabajo para los y las afectadas».