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«Se ha hecho mucho daño a muchas personas que, como se ha visto, han resultado absueltas de absolutamente todos los cargos que se les imputaba en esta instrucción. Castro Urdiales ha sido señalado y estigmatizado durante muchísimos años, en los que se la denominaba ... la Marbella del Norte por una presunta trama de corrupción que se ha demostrado en esta sentencia que no era tal». Así de clara y rotunda se muestra la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), a la hora de valorar la sentencia del caso La Loma, que se ha saldado con tres condenados (había 45 acusados), la demolición de 11 chalés y la anulación de un Plan Parcial que permitió la construcción de otras 35 viviendas.
Cuando la alcaldesa hace referencia al daño moral de la mayoría de los causados en este pleito, lo hace con conocimiento de causa. Y es que Herrán ha vivido muy de cerca este largo proceso de 14 años, puesto que tanto su marido, el expedáneo de Mioño, Víctor Echevarría, como su amigo y compañero de partido, Daniel Rivas (tuvo que renunciar a ser candidato a la Alcaldía de Castro en 2015 por este caso), han sido dos de los acusados que finalmente han quedado absueltos de los cargos por los que habían sido acusados. Cargos, por otro lado, que imputó el juez Acayro, secundó la primera fiscal del caso, María Jesús Cañadas, y ratificó después la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde se encontraba entonces José Luis López del Moral, ahora presidente del TSJC.
«La sentencia es bien recibida porque por fin ya se cierra un capítulo, aunque hay que insistir en que el fallo no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo», apuntó la regidora en una entrevista en Ser Castro.
Herrán aseveró que el procedimiento «se ha alargado muchísimo en el tiempo porque fue una compleja instrucción». «Personalmente creo que se ha alargado demasiado. La justicia es lenta pero pienso que esto se ha alargado muchísimo en el tiempo».
La primera edil castreña considera que «después de 14 años en los que Castro ha estado en el punto de mira por diferentes declaraciones del juez en medios de comunicación, en prensa, a nivel nacional... se ha perjudicado mucho a la ciudad».
Herrán señala que «ahora tendremos que valorar la sentencia como Ayuntamiento junto a asesoría jurídica y el abogado que ha defendido esta causa». «Tendremos que estudiarla muy bien, en profundidad. Y haremos una valoración, una vez estudiada a conciencia, sobre la repercusión que puede tener para las arcas municipales, porque hay que recalcar, recordar y explicar a la ciudadanía castreña que cuando se instruyen y se abren diligencias por parte del juez Acayro, hace 14 años, son imputadas muchas personas (técnicos, políticos, promotores, constructores) y lógicamente esas personas han tenido sus respectivos abogados y al ser absueltos el responsable subsidiario de esas costas es el Ayuntamiento, con el dinero de todos los castreños. No sabemos aún el importe total, pero va tener una repercusión importante para las arcas municipales».
Los vecinos de la pedanía castreña de Santullán, donde se encuentran los 46 chalés de la urbanización Residencial San Pelayo, de los que 11 deben ser demolidos, no se muestran especialmente preocupados por el resultado de un procedimiento judicial que «es triste que se haya alargado tanto». Algunos, ayer no conocían el fallo de la Audiencia Provincial, como es el caso de Rubén, quien comentaba que «a mi no me molestan esos chalés», en referencia a los que tienen que ser demolidos. Y es que la urbanización en la que se proyectaban hasta 240 chalés, está separada del núcleo urbano de Santullán por un puente situado sobre la A-8. «Un amigo compró uno de esos chalés hace unos cuantos años y costaban mucha pasta, creo que luego le devolvieron el dinero cuando empezó el tema judicial», apunta este vecino.
Junto a él, Txabi conoce algo más de este asunto, al menos sabe que al exalcalde Muguruza le han condenado a un año de cárcel. «Seguramente se han reducido las penas porque se ha metido por medio el Banco Santander, que es el propietario ahora de todas las viviendas».
A pesar de que los 45 chalés están deshabitados, hasta ahora ha habido vigilantes de seguridad custodiando las viviendas, según comenta los vecinos de Santullán.
Ismael, gerente de la panadería de la pedanía, desvela que hace quince días uno de las personas que vigila los chalés «me dijo que les quedaban pocos días de trabajo porque los iban a derribar». «Ya que están hechos, es una pena que los tiren».
A la espera de que el Ayuntamiento de Castro decida si va a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, condenado a un año de cárcel y ocho de inhabilitación ya ha anunciado que va a recurrir.
Por su parte, el Ministerio Fiscal no se ha pronunciado sobre el fallo. No ha hecho ninguna valoración al respecto ni ha querido desvelar, consultado por este periódico, si recurrirá o se dará por satisfecho con el resultado de la sentencia, que no confirma las peticiones que planteó tras retirar los cargos a 39 acusados. Y es que la fiscal Pilar Santamaría acusaba a seis personas. Para Muguruza pedía dos años de cárcel, para el exsecretario, César Saiz, siete; para el promotor Valentín Galdós, cinco; y para Díaz Helguera (exalcalde de Castro), Yolanda Sánchez (técnico municipal) y Pedro Restegui (exarquitecto municipal), cuatro años.
Tampoco desde la Junta Vecinal de Santullán, acusación particular en esta caso, han querido hacer valoraciones ni desvelar si recurrirán o no. Sin embargo, ya dejaron claro durante el juicio oral que «queremos y tenemos la obligación de proteger , los terrenos y caminos rústicos de los pueblos, para evitar que se ocupen por la fuerza, como ha pasado en la Loma». «Queremos proteger las vías verdes y en especial la vía del ferrocarril, comprada por el Ayuntamiento de Castro, para fomentar el desarrollo sostenible».
El fallo
Abel Verano
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