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La Consejería de Turismo sacó a licitación el 5 de enero las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos de Laredo. Lo hizo dos ... días después de que el Ayuntamiento de Laredo notificase oficialmente a los comerciantes la intención de proceder a su desalojo. En ese acto les concedió un plazo de alegaciones de quince días hábiles que aún no ha concluido.
La resolución de Alcaldía, con fecha 30 de diciembre de 2022, señala que «deberá llevarse a cabo dicho desalojo a fin de poner a disposición del Gobierno de Cantabria dicho inmueble y ejecutar las referidas obras de rehabilitación». Los comerciantes no entienden cómo la Consejería de Turismo ha podido licitar las obras si el Ayuntamiento no les ha cedido el inmueble.
Precisamente ayer, jueves, tres grupos de la oposición laredana -Partido Popular, Hacemos Laredo y Unidos por Laredo- registraron una moción para que el Pleno del próximo día 26 estudie una propuesta de «solución legal» que permita a los asentadores continuar en sus puestos. Además, solicitan la comparecencia del concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra, para que aclare distintos aspectos que consideran «poco claros».
Entre ellos, estos grupos destacan la existencia de un documento que han hallado tras revisar los documentos relacionados con esta controvertida actuación. Se trata de un Decreto de Alcaldía suscrito por Pedro Diego como alcalde accidental el 14 de enero de 2022.
Dicho documento, del que se dio cuenta en un pleno de ese mismo mes de enero y que, por tanto, ya es de dominio público, consta de cuatro puntos. El primero aprueba el 'Proyecto básico de rehabilitación del mercado de Abastos de Laredo con oficina de atención al peregrino del Camino de Santiago'. Un proyecto adjudicado mediante un contrato menor a un arquitecto que el 5 de enero del año pasado presentó un presupuesto sin IVA por importe de 475.000 euros para la ejecución de los trabajos.
El segundo punto del decreto dice así: «Poner a disposición del Gobierno de Cantabria el inmueble a fin de acometer la citada obra por el tiempo necesario para su ejecución y hasta la finalización de la misma, momento en el que cesará dicha disponibilidad, haciéndose entrega al Ayuntamiento del inmueble».
Esta resolución ha llevado a algunos de los concejales a pedir directamente la dimisión del citado concejal. «¿Por qué dijo en la rueda de prensa del pasado 16 de diciembre en el salón de plenos del Ayuntamiento que hay que desalojar rápido el mercado para poner el edificio a disposición del Gobierno regional cuando ya lo hizo casi un año antes?», denuncia la portavoz de Hacemos Laredo, Rosalina López.
El propio portavoz del Partido Popular, Alejandro Liz, ratifica el asombro ante este hecho. «Es un escándalo en el que la alcaldesa, Rosario Losa, ha secundado de forma cómplice a sus concejales Pedro Diego y Antonio Bocanegra. Y lo peor de todo es que han engañado a los laredanos y a los propios comerciantes». Desde Unidos x Laredo, Ramón Arenas, subrayó el contraste entre la forma de obrar del equipo de gobierno «y la actitud responsable que hemos demostrado estos tres grupos de la oposición. Nosotros hemos encontrado una solución legal, tal y como nos comprometimos con los comerciantes. La hemos dado forma y viene informada jurídicamente, por lo que esperamos que ahora desde el equipo de Gobierno voten favorablemente a la misma, tal y como se comprometieron de forma pública en sus comparecencias».
Desde la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo, su portavoz, Carmen García, registró el martes la solicitud de una convocatoria de una comisión informativa «extraordinaria y urgente» para dilucidar estas cuestiones.
Los grupos municipales de la oposición también apuntan a la contradicción que supone apuntar a la presunta situación irregular de los comerciantes en base a la ordenanza y no atenerse a lo que establece dicha ordenanza en cuanto a los usos permitidos. «Si se quiere ubicar una oficina de Atención al Peregrino, con la que estamos de acuerdo, lo que tendrán que hacer primero es modificar la ordenanza que no contempla dicho uso, y no llevar adelante una política de hechos consumados que es totalmente irregular», concluyen.
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