Los vecinos del Tenis exigen al Ayuntamiento de Laredo 27 millones por la «pérdida» de sus pisos

Según anunció ayer a este periódico el presidente de la comunidad de propietarios del edificio, Josu Beaskoetxea, más del 90% de los vecinos han empezado ya a presentar la semana pasada demandas individuales al Ayuntamiento de Laredo que suman una reclamación total, en concepto de responsabilidad patrimonial, de cerca de 27 millones de euros (el Presupuesto del Consistorio pejino asciende a unos 21 millones).

«Como el Ayuntamiento anuncia que al ejecutar la sentencia no va a devolver a los propietarios sus viviendas, sino un edificio en obra que necesitaría la obtención de las correspondientes licencias tanto para la conclusión de las obras como para la recuperación de las viviendas, los propietarios pierden sus viviendas al recibir una obra en construcción y reclaman al Ayuntamiento la indemnización correspondiente por dicha pérdida», apunta Beaskoetxea.

El presidente de la comunidad de propietarios recuerda que «el Ayuntamiento de Laredo concedió varias licencias de obra después de ser declaradas ilegales». Sin embargo, reprocha, «este Ayuntamiento otorgó la licencia de primera ocupación que permitió la venta de las viviendas, y que los compradores adquirieron con total legalidad. Posteriormente, el edificio derivó en que no reunía las condiciones para ser otorgada esta licencia de primera ocupación».

Tras treinta años bajo la espada de Damocles, asegura que los vecinos están «extenuados» después de «tantas amenazas» que ciernen a sus propiedades, «tantos años de litigios» y de «incomunicaciones» con sus mandatarios, ya que siguen sin vislumbrar la mínima actitud para estudiar una salida legal, que creen que es posible aún.

De ahí que hayan optado por reclamar una indemnización por «daños materiales y morales» derivados de la actuación del Ayuntamiento. En concreto, las reclamaciones presentadas por 54 vecinos (propietarios de 60 de las 70 viviendas) suman 26,8 millones de euros (casi medio millón por vivienda y 12.000 euros por daños morales). «Esta es por el momento la suma de las reclamaciones que cada propietario está realizando a título particular y soportada por una valoración pericial externa».

En cada demanda que están presentando, los vecinos sostienen que la concesión por parte del Ayuntamiento de Laredo de la licencia de primera ocupación en 1989 hizo posible la puesta en el mercado del Tenis, provocándoles así un «daño». «Como deja claro la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de febrero de 2002, confirmada por el Tribunal Supremo el 12 de julio de 2006, es el incumplimiento del proyecto de ejecución el que determina el deber de demoler las obras que no quedan amparadas por la licencia concedida a dicho proyecto, que no ha sido anulado».

Según apuntan los afectados, a pesar de «tan palmarios incumplimientos», advertidos por el técnico municipal y objeto de un expediente sancionador, «por parte del Ayuntamiento se concedió licencia de primera ocupación al edificio claramente excedido sobre lo autorizado, a pesar de saber el propio Consistorio que las obras no tenían cobertura en el planeamiento, y a pesar de que el secretario municipal advierte de que la licencia de primera ocupación sólo se puede conceder cuando las obras ejecutadas se ajusten a las autorizadas».

Obviamente, añaden, el promotor (Edibilsa) era «conocedor» de que las obras se excedían de lo autorizado y «causante» de la imposible concesión de la misma y en modo alguno «puede ser acreedor de una indemnización por la anulación de la licencia de primera ocupación a la que no tenía derecho como consecuencia de su propia conducta consciente, pues su ilegalidad le fue advertida y sancionada». «Pero el Ayuntamiento, a pesar de abrir un expediente sancionador no paralizó las obras como era su deber y concedió de forma ilegal, e incluso delictiva, la licencia de primera ocupación; omisión, la primera, que tiene sus consecuencias, en concreto que se pudieran terminar las obras agravando la ilegalidad en ciernes; y acto administrativo, el segundo, es decir, la concesión de la licencia de primera ocupación que despliega sus efectos».

En definitiva, los vecinos del Tenis entienden que el perjuicio es imputable al Ayuntamiento y a la promotora de forma solidaria, «pues la actuación ilegal de ambos, de la que son absolutamente ajenos los propietarios que se encuentran en una situación jurídica completamente distinta a la de la constructora, fue la que provocó el daño que se nos ocasiona a todos los que compramos viviendas».

Y mientras se resuelven estas reclamaciones y el incidente de ejecución para determinar si 16 de las 70 viviendas pierden habitabilidad tras el derribo parcial, un nuevo accidente se produjo la semana pasada en la zona en la que se ubica el vallado perimetral que Tragsa (responsable del derribo) colocó en mayo de 2021 con motivo del inicio de las obras, que después quedaron suspendidas temporalmente. Hace diez días, el Ayuntamiento informó al TSJC sobre su intención de dirigirse a Tragsa para que retire las vallas al objeto de «mejorar la seguridad del tráfico» en la zona.