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Vicente cortabitarte
San Vicente de la Barquera
Martes, 15 de septiembre 2020, 07:55
«Compartimos plenamente la preocupación de Hispania Nostra por el lazareto de Abaño. Somos plenamente conscientes de su valor, por eso nada más hacerme cargo de la concejalía de Cultura su protección se convirtió en una de mis prioridades. Por ello en este momento ... podemos anunciar que ya hay un proyecto para actuar de manera inmediata». Así de contundente se ha mostrado la responsable de Cultura en el consistorio barquereño, África Álvarez, como respuesta a la voz de alarma que lanzó la asociación Hispania Nostra por el grave deterioro que han sufrido las pinturas murales que hay en el ábside de la capilla como consecuencia de las humedades y el moho por el estado de ruina en el que se encuentra el edificio, que data del siglo XIII.
Álvarez indicó que se reunió hace un año con técnicos del Instituto de Arqueología Sautuola y del Grupo Alceda en la que fue informada de la grave situación de dicho patrimonio, por lo que de inmediato convocó a los servicios técnicos y jurídicos municipales del Ayuntamiento para contactar de inmediato con la propiedad, dictando una orden de ejecución por la que se le requería, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de Cantabria, la protección de dicho Bien de Interés Cultural.
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De forma paralela se mantuvieron contactos que la concejala de Cultura califica como «cordiales y de total colaboración con los representantes legales del propietario» con el objetivo de poner en marcha lo antes posible un proyecto de actuación, proyecto que, según informó ayer, se presentó en el Ayuntamiento el pasado viernes, que se estudiará para ver si cumple los requisitos para rehabilitar la capilla y muy especialmente preservar las valiosas pinturas.
Muy diferente es la opinión del portavoz del PP, Julián Vélez, quien recuerda las gestiones que realizó con la propiedad en su etapa al frente del Ayuntamiento, que llevó en el año 2012 a un convenio para el cierre de la propiedad para evitar su expolio y garantizar su seguridad y el compromiso de una cesión anticipada de dicho bien a favor del Ayuntamiento como compensación por el desarrollo urbanístico que el PGOU contemplaba para la finca; por ello Vélez muestra su incomprensión con la vía adoptada por el equipo de gobierno de «amenazar con sanciones y con la vía judicial a un propietario que ha colaborado en todo momento con el Ayuntamiento y que en el año 2015 estaba a la espera de la acción municipal para plasmar dicha cesión».
Julián Vélez culpa directamente al alcalde, Dionisio Luguera, «por mirar para otro lado ante cualquier problema y a la falta de coordinación del equipo de gobierno».
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