Los campistas de Ajo protestan: «Hemos comprado un sueño, nos ha timado el dueño»

Es más que descontento. Es un sentimiento de engaño, de estafa. Así lo han demostrado las cerca de 200 personas que se manifestaron este domingo. Familias enteras –en su mayoría de País Vasco– que acudieron a la llamada. Padres, abuelos y niños que se han armado con su silbato, su bocina, su cacerola y su pancarta. «Es el derecho al pataleo que tenemos, porque no vamos a sacar nada más», reconocían los manifestantes, conscientes de que «poco hay que hacer ante una sentencia firme».

Lo que afean son las formas, ya que, tras la sentencia, el Ayuntamiento cortó los suministros a la parte ilegal de la instalación «sin previo aviso». «Más tarde nos llegó un mensaje de la dirección del camping por un grupo de ‘Whatsapp’ en el que no podíamos contestar ni preguntar y en el que se nos comentaba que había una sentencia firme y que había que desocupar el lugar». Esa es la única explicación que dicen que han recibido para dejar atrás su rincón de vacaciones de toda la vida.

Pero es que el reproche de los afectados no se queda solo en las últimas semanas. También por cómo se ha actuado desde que todo este embrollo judicial arrancó hace más de una década. «A los que ya habíamos comprado un módulo en esa época nos tranquilizaron afirmando que se iba a legalizar todo». Y mismas explicaciones para los campistas que fueron llegando después. Palabras de sosiego que no se cumplieron. «Te dejas llevar por la ilusión y por lo que te dicen», explica una de las afectadas, que en su caso adquirió su módulo hace dos años por 45.000 euros, «mucho más que en otros campings porque pagabas un lugar privilegiado».

El presidente de la Asociación de Campistas-Fijos de Las Arenas, Jesús Ángel Arteagoitia, que lleva 27 años veraneando en el espacio, explica además que a los que vendían sus módulos el propietario les hacía pagarle «5.000 euros en negro», cuando ya se había iniciado todo el proceso judicial por la ilegalidad de las construcciones. «Sin ir más lejos, la última familia en adquirir lo hizo el pasado octubre». Y no sólo eso, pocas semanas antes de que se cortaran desde el Ayuntamiento de Bareyo los suministros, la propiedad pasó el recibo trimestral a los campistas que, para más inri, «cada vez ha sido más elevado, anualmente está ya por 3.600 euros, cuando los servicios han ido empeorando notablemente».

Unos recibos que se les han pasado pese a que ahora deben abandonar el terreno, aunque insisten en que no se les ha notificado de manera oficial al no ser considerados parte interesada en el proceso. «¿Qué hacemos? Porque el traslado cuesta por lo menos 10.000 euros», pregunta otra de las campistas, que apostilla que no tiene un emplazamiento donde llevar la casa; y menos uno que le guste, porque su sueño estaba en Ajo, pero resulta que era ilegal.