El alcalde de Ribamontán al Monte declara hoy como imputado por prevaricación

Es su adversario político, el Partido Popular, quien formula tan grave acusación. El pasado mes de febrero los 'populares' llevaron sus denuncias al juez en forma de querella criminal contra el regionalista, extensible a los cuatro concejales de PRC, porque también «votaron a favor del levantamiento de los reparos de la interventora, a pesar de tener perfecto conocimiento de la ilegalidad del gasto». Su declaración ante el juez está prevista después de la de Arco Alonso.

La iniciativa judicial es sólo una muesca del enfrentamiento que ambos partidos mantienen en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, donde ambos están empatados a concejales (cinco cada uno) y los regionalistas gobiernan gracias al apoyo del único edil socialista.

El PP denuncia en la querella que entre los años 2016 y 2017 el alcalde «ordenó y pagó facturas con reparos de ilegalidad en perjuicio de los intereses municipales, haciendo caso omiso a los reparos de ilegalidad que interponía la secretaria-interventora municipal». Y no sólo eso, según explica en su escrito de acusación el PP, Joaquín Arco «levantó los reparos y amenazó con expedientar» a la funcionaria municipal, a la que acusó de «obstaculizar la labor municipal con argumentos innecesarios».

Para avalar su acusación, el PP aporta al Juzgado una certificación de la secretaria-interventora, fechado en enero de este año (un mes antes de la formulación de la querella), en la que recoge los cinco expedientes en los que «el ayuntamiento malgastaba dinero levantando arbitrariamente los reparos y empleando el dinero de forma caprichosa y contraria a la ley».

El primer caso se refiere al pago de la nómina de la coordinadora del Centro de Comunicaciones, que «ha sido trasladada a las oficinas del Ayuntamiento sin ocupar ningún puesto de trabajo», sostiene el querellante. En octubre y noviembre de 2016, la interventora emitió informes respecto a la «improcedencia» del traslado y pago de la nómina, pero el alcalde «levantó el reparo de Intervención y ordenó el pago de la nómina de noviembre así como de los meses sucesivos».

La funcionaria también advirtió en febrero del año pasado de la irregular contratación del aparejador «sin seguir el procedimiento de selección para cubrir el puesto técnico». Aunque la interventora dijo que había que solventar las deficiencias señaladas, Arco «levantó todos los reparos sin resolver las discrepancias ni hacer ningún trámite al respecto».

La acusación incluye también cuatro facturas de casi 20.000 euros, que se pagaron a pesar de los avisos de irregularidad contable. Una de ellas asciende a 7.260 euros, que se abonaron a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa del Señorío de Trapa. Según el PP, se trata de una evaluación jurídica que ya había realizado la jurídico municipal. Otras dos se refieren al pago de casi 4.000 euros de provisión de fondos a un abogado que defendió al alcalde y su teniente de alcalde, denunciados por presuntos delitos contra la intimidad y coacciones. El último gasto está vinculado a los honorarios de 8.000 euros pagados a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Todas estas facturas obtuvieron un informe negativo de Intervención, que exigió la subsanación de las deficiencias detectadas. Según el PP, entre el 13 y 15 de febrero del año pasado Arco Alonso ordenó el pago «bajo amenaza de expediente disciplinario, sin realizar más trámites de subsanación ni justificación por considerarlos innecesarios». Días después, Intervención realizó un informe de reparo a estos abonos con todas las advertencias y el mismo día el alcalde dictó una resolución levantando el reparo y ordenando el pago inmediato de las facturas.