El autor del atropello de Suesa fue denunciado meses antes por alcoholemia en esa misma zona

El hombre, que declaró sólo a preguntas de su defensa, aseguró que no recordaba nada, ni siquiera que hubiera ingerido sustancias, pese a haber arrojado una tasa de alcohol de 0,73 –casi el triple de lo permitido–. Conducía sin el cinturón de seguridad y llevaba en el coche «numerosas botellas de licor (vino)», según la información aportada por el instituto armado a la jueza encargada de la instrucción, Ana Gómez González.

Su compañero, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santoña, Carlos Miguel Arcay, le dejó en libertad provisional con la obligación de personarse a firmar semanalmente y le retiró el carné de conducir y el pasaporte. En su auto, el magistrado aseveró que la prisión provisional «no se considera proporcional» y «sí adecuada la obligación de comparecer semanalmente, la prohibición de salir del país y la retirada del permiso de conducción». Y es que «no constan antecedentes penales» del investigado y además «se trata de una persona de edad avanzada, conocida en la localidad, sin excesiva capacidad de escapatoria si se impone una medida de personación semanal en el juzgado, así como la retirada del permiso de conducir, dada la situación de siniestro de su vehículo».

Además, el juez tuvo en cuenta las manifestaciones del hombre, y la documentación médica que aportó, en la que se refleja que está en tratamiento psiquiátrico por depresión, y que ha tenido tentativas de suicidio en el pasado. «Se considera que la medida de prisión ahondaría en esta situación mental delicada que se le presume al investigado».

Peligro de reincidencia

Tanto la fiscal como la acusación particular, ejercida por la asociación Stop Violencia Vial en representación de la familia de Erika y Ethan, han recurrido la medida por entender que sí existe peligro de reincidencia. Ambas partes califican los hechos como homicidio por imprudencia en concurso con un delito de conducción temeraria, aunque discrepan con el juez en el castigo que puede conllevar. Mientras que en el auto judicial se fija en cuatro años la pena máxima posible a imponer, la fiscal la eleva a seis años al aplicar la agravante de «más de dos fallecidos» y el abogado de la familia, a nueve años. La Ley prevé subir en dos grados la condena «si el número de fallecidos fuera muy elevado», como en los casos de arrollamiento de un pelotón ciclista.

En este caso, el detenido conducía el pasado 4 de abril, sobre las ocho de la tarde, un monovolumen 'Sanyong Rodius' de siete plazas, con un peso de dos toneladas. Circulaba por la carretera entre Somo y Suesa, en un día despejado y con firme seco, cuando se salió de la vía por la derecha, por donde las víctimas caminaban por una senda peatonal. Acababan de salir del camping de Somo donde estaban pasando la Semana Santa.

Un testigo ha asegurado que vio al coche empotrarse contra un contenedor «y a dos cuerpos salir volando». Además de los tres fallecidos, también resultó muerto un perro de la familia vizcaína. El monovolumen rebotó e impactó también contra otro coche, cuya conductora resultó herida leve.