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El detenido por las grabaciones en los vestuarios femeninos del campo del Villaescusa pasó ayer a disposición judicial y quedó en libertad -con cargos- con la obligación de comparecer en el juzgado siempre que sea convocado. Además, se ha emitido una orden de alejamiento ... que le prohíbe acercarse a menos de cien metros de las instalaciones deportivas de La Concha. Así lo ha comunicado en una nota oficial el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El acusado, residente en la propia Villaescusa y vinculado durante muchos años al equipo, se acogió a su derecho a no declarar y el Juzgado número 5 de Santander decidió su puesta en libertad sin fianza, pero habilitar a la vez esta medida cautelar antes de inhibirse en favor del número 4.
Ayer se sucedían de nuevo las reacciones tanto en el Ayuntamiento de Villaescusa como en el club, analizando si se podía haber hecho algo más por evitar el suceso, dado que existía información que ahora, una vez se han precipitado los acontecimientos con la denuncia presentada por el Oceja (club en el que militan las víctimas), ha invitado a echar la vista atrás.
«Tuvo un caso hace bastante tiempo, pero todo el mundo le conoce y nadie pensaba que pudiera pasar eso. Hemos creído siempre en él y ahora estoy sin palabras. Cuando salió aquello y salió absuelto todo el mundo apostaba por él, y yo ahora solo puedo asumir lo que sea y, si en algún momento me he equivocado, pedir disculpas», manifestaba ayer sobre el acusado en Onda Cero Cantabria el presidente del Villaescusa, Pablo Pruneda. Confirmaba esa información y contexto el propio alcalde, Constantino Fernández: «El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le absolvió, la familia recurrió ante el Supremo y está pendiente».
Mientras, el Juzgado ha abierto diligencias por presuntos delitos contra la intimidad después de que se le identificara como el supuesto autor del vídeo en las duchas del vestuario del Oceja, equipo femenino de fútbol de Regional Preferente, que acababa de disputar un amistoso frente al equipo local, el Villaescusa, como adelantó El Diario Montañés el pasado lunes.
A pesar de las dudas que ahora se han puesto de manifiesto, la persona acusada llevaba muchos años vinculada al club cántabro, en el que había tenido diferentes funciones y del que era hasta el sábado un miembro activo. De hecho, llegó a entrenar a alguno de sus equipos y recibió la confianza municipal -ya retirada- para ejercer como monitor deportivo de las escuelas.
El club al que ha estado y continuaba vinculado llegó a mostrarle su apoyo a través de las redes sociales en 2023: «La SD Villaescusa desea manifestar su alegría y satisfacción por la sentencia judicial reconociendo su inocencia en los graves hechos denunciados», señalaba entonces, «creyendo en todo momento en la inocencia» de «una persona honrada y respetada por la inmensa mayoría de los vecinos». De hecho, pertenecía a la directiva y llegó ejercer como utillero, además de las labores técnicas en el banquillo, aunque nunca en la primera plantilla.
Sin embargo, después de que el sábado abandonara el campo de Villanueva detenido, tanto el club, comenzando por su presidente, como el Ayuntamiento han mostrado su rechazo frontal. Se le conminó a no regresar por las instalaciones, algo que ahora no podrá hacer no solo por no tener vinculación laboral ni deportiva, sino por las medidas cautelares que ha decretado el Juzgado.
En esta misma línea, Constantino Fernández, ha condenado con contundencia el «presunto delito, que ya está siendo investigado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente por la Guardia Civil, a la que hay que dejar actuar y trabajar para el total esclarecimiento de estos tristes hechos». Añadía que «el Ayuntamiento de Villaescusa se posiciona, como no puede ser de otro modo, al lado de las víctimas».
Pero, al mismo tiempo, el alcalde ha hecho una llamada a la prudencia y a «esperar, con mucha cautela, el final de las diligencias policiales y la decisión que, finalmente, tome el juzgado que las instruya». Ya antes había anunciado a preguntas de El Diario Montañés que el presunto autor de los hechos no continuará como monitor de las escuelas municipales retirándole, una vez conocidos los sucesos del sábado, el apoyo que le había mostrado anteriormente.
Izquierda Unida ha pedido al Gobierno de Cantabria que se persone judicialmente en el caso. «El Ejecutivo debe proteger a las mujeres jóvenes que han sufrido este episodio de machismo para transmitirlas que están acompañadas por su Gobierno, que la sociedad de Cantabria las acompaña y que los actos que están fuera de la sociedad, como el machismo agresor, tienen consecuencias», señala la portavoz autonómica de la formación, Carmen Martín.«Los derechos de las mujeres y, además, menores, deben ser eje sobre el que los gobiernos tengan claro que sólo podemos avanzar», continúa. «Queremos que no se dé ni un paso atrás en la defensa de la integridad de las niñas y adolescentes; el Gobierno de Cantabria puede y debe personarse como acusación para dar ejemplo del compromiso que como sociedad debemos tener con la igualdad y frente a la vulneración de la intimidad de las menores», concluye Martín.
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